Tirón de orejas del Defensor del Pueblo a Lorca y Murcia por demorar sus zonas de bajas emisiones

Murcia

Ángel Gabilondo envió de oficio en 2024 once recomendaciones a 33 ayuntamientos, entre ellos los de Murcia, Lorca, Alicante, Bilbao, Málaga, Valencia y Valladolid, por su retraso en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE).

Estas recomendaciones, recoge el informe presentado este martes por Gabilondo en el Congreso, pueden hacerse extensibles a todos los municipios obligados por la ley a implantar una ZBE, y también a los municipios que ya cuentan con una zona de bajas emisiones en funcionamiento.

La ley establecía para antes del 1 de enero de 2023 la obligación de implantar estas zonas en todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes.

La lista de municipios a los que el Defensor del Pueblo trasladó sus recomendaciones la forman Alicante, Aranjuez (Madrid), Arganda del Rey (Madrid), Arona (Santa Cruz de Tenerife), Badalona (Barcelona), Barakaldo (Bizkaia), Bilbao, Calvià (Illes Balears), Castelló de la Plana (Castellón), Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Coslada (Madrid), Córdoba, Elche (Alicante), El Puerto de Santa María (Cádiz), Ferrol (A Coruña), Gijón, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Las Palmas de Gran Canaria, Majadahonda (Madrid), Málaga, Mijas (Málaga), Motril (Granada), Orihuela (Alicante), Palma de Mallorca, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Telde (Las Palmas), Tres Cantos (Madrid), Valdemoro (Madrid), Valencia y Valladolid.

El Defensor actuó de oficio ante "el retraso advertido en la implantación" de las ZBE.

En el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2024 los expedientes relacionados con el medio Ambiente, 964, supusieron un 2,8 % del total, en una lista que encabeza la Administración de Justicia, con un 12,1 % de las actuaciones.

El desglose por comunidades autónomas muestra que se abrieron 17 expedientes sobre medio ambiente en el País Vasco, 61 en Cataluña, 34 en Galicia, 100 en Andalucía, 28 en Asturias, 15 en Cantabria, 4 en La Rioja, 53 en Murcia, 92 en la Comunidad Valenciana, 15 en Aragón, 74 en Castilla-La Mancha, 45 en Canarias, 3 en la Comunidad Foral de Navarra, 24 en Extremadura, 20 en Illes Balears, 277 en la Comunidad de Madrid, 61 en Castilla y León y uno en Melilla, más otros 40 expedientes sin origen territorial específico.

Escaso seguimiento de la declaración de impacto ambiental

El Defensor del Pueblo señala asimismo en su informe que las administraciones hacen "una interpretación excesivamente restrictiva" de la intervención del órgano ambiental "en la supervisión de proyectos ya evaluados, cuya ejecución no avanza como debiera".

"Es frecuente", dice, "que los órganos ambientales consideren que no les corresponde realizar ningún seguimiento de la declaración de impacto ambiental, pronunciarse sobre su vigencia, ni instar el ejercicio de la potestad sancionadora al órgano sustantivo".

Por ello, el Defensor del Pueblo aboga por "una participación activa del órgano ambiental" en el seguimiento y cumplimiento de la correspondiente declaración de impacto ambiental o informe ambiental, "en aras de no debilitar la eficacia de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental ni frustrar sus fines".

Los retrasos en el pago del bono alquiler centran parte de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo en 2024.

La demora en el pago del bono alquiler joven en la comunidad murciana, los problemas generados por los pisos turísticos ilegales o los casos de okupación concentraron las quejas en materia de vivienda que recibió el departamento que dirige Ángel Gabilondo.

La institución subraya los problemas de acceso a una vivienda, especialmente entre los jóvenes, y los altos precios, también de alquiler. Apuesta por aumentar significativamente el parque de vivienda público en alquiler para acercarse a la media europea y aconseja que las viviendas públicas protegidas se destinen al alquiler y tengan una protección permanente.

También ve necesario mantener y mejorar los programas de ayudas al pago del alquiler y, ante el incremento de los precios del alquiler, cree que las Administraciones publicas deberían hacer uso de las herramientas que contiene la Ley de Vivienda.

Retrasos con el bono alquiler joven

La institución habla de un notable retraso en la resolución de estas ayudas, de más de un año, que dio lugar a peticiones a las consejerías competentes de Andalucía; Aragón; Canarias; Castilla y León; Galicia; Madrid y Murcia para que notificasen en tiempo y forma sus resoluciones en base a principios de eficacia, economía y celeridad.

Las quejas recibidas también se refirieron a la demora en el pago de ayudas ya reconocidas y la institución detectó retrasos en su abono en Asturias, Andalucía y Madrid, que alegaron la complejidad del procedimiento y el incremento de la carga de trabajo.

El Defensor del Pueblo insiste en que los recursos destinados a ayudas al alquiler para los jóvenes no son suficientes para cubrir las necesidades, tal y como demuestra la cantidad de solicitudes que, cumpliendo los requisitos, quedan fuera de las convocatorias.

Además, señala que los procedimientos de adjudicación de viviendas públicas deben ser ágiles y transparentes, con un baremo reglado y público para evitar inseguridad jurídica y desconfianza. En esta línea, recibió quejas sobre problemas y fallos con el Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

En 2024, la institución también tramitó expedientes relacionados con los registros públicos de demandantes de vivienda y agrega que no deben constituir una nueva barrera de acceso.

Problemas con las viviendas de uso turístico

La institución también recibió quejas de personas que denunciaban las molestias sufridas al tener que convivir con pisos turísticos, muchos de ellos que continúan en explotación pese a no tener autorización mientras las administraciones acumulan retrasos en la realización de las inspecciones y en la adopción de las medidas para paralizar la actividad ilegal.

El Defensor del Pueblo dirigió una recomendación a la Comunidad de Madrid para que agilizara las sanciones y evitara que las infracciones prescribiesen.

Respecto a la okupación, cree que hay al tiempo que se protege a los vulnerables hay que combatir conductas ilícitas y lograr que los instrumentos procesales más eficaces para que los propietarios puedan recuperar su casa y que es fundamental la eficacia de la justicia y dotarla de medios personales y materiales suficientes.

En cuanto a los desahucios, las actuaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo subieron en 2024 a 102 frente a las 60 de 2023 y detecta que las familias carecen de información sobre los recursos y servicios a los que pueden acudir. Además, critica la escasez de vivienda pública para atender estas situaciones de emergencia social.