Torreciega sigue esperando: un año de incumplimiento en Zinsa

Cartagena

Cartagena cumple un año desde que el Juzgado de Instrucción nº 5 ordenó el sellado inmediato de las balsas de residuos peligrosos en los terrenos de la antigua Zinsa, tras detectar niveles alarmantes de metales pesados en las aguas que llegan al Puerto. Sin embargo, las medidas cautelares dictadas en agosto de 2024 siguen sin aplicarse. La empresa propietaria, Cartagena Parque, no ha ejecutado el sellado, y la Comunidad Autónoma tampoco ha intervenido, como exigía el auto judicial en caso de incumplimiento.

El abogado José Manuel Muñoz, que representa a los vecinos de Torreciega, denuncia que la exposición prolongada a estos residuos representa "un grave riesgo para la salud, especialmente en niños". Los análisis del SEPRONA revelaron concentraciones de zinc, cadmio y estroncio muy por encima de los límites legales. Muñoz considera que la omisión de la administración regional "podría constituir un delito ambiental". El letrado afirma que el interés urbanístico en Cartagena está primando, y acusa a la administración de "negacionismo y de ocultar la realidad".

"No se puede construir en terrenos contaminados o en suelos colindantes con vertederos, como el de Zinsa que no está sellado. Esto ya limita el desarrollo urbanístico de Cartagena", afirma Muñoz.

Este miércoles 20 de agosto se cumple un año del auto donde el juez imponía las medidas cautelares que instaban al sellado inmediato de las celdas del vertedero. Muñoz lamenta que "haya juzgados que no tengan la conciencia del peligro y el riesgo de convivir con los metales pesados. El que está en contacto permanente con metales pesados tiene un alto riesgo de generar patologías, y eso es lo que hay que evitar"

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Cartagena enfrenta otra denuncia por la compra de terrenos contaminados en Los Mateos, donde proyecta construir viviendas sociales. La parcela fue adquirida en 2023 a pesar de informes técnicos que alertaban de una contaminación grave. La denuncia, presentada por asociaciones vecinales, acusa al consistorio de malversación, prevaricación y delito medioambiental por haber dejado los residuos sin tratamiento, exponiendo a los vecinos a sustancias cancerígenas.

Las plataformas vecinales exigen que se cumplan las medidas cautelares, se depuren responsabilidades y se garantice la salud pública. Por todo ello, han convocado este miércoles 20 de agosto a las 10 de la mañana una concentración en la puerta de los juzgados para dicen "'celebrar' y lamentar la inacción judicial y administrativa". Y, han pedido de nuevo la ejecución de la resolución judicial.