El Supremo investigará si el Gobierno vulneró la legalidad en el Hospital Naval de Cartagena

Cartagena

El pulso entre el Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno central por el uso del antiguo Hospital Naval como centro de acogida de migrantes ha llegado al Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso presentado por el consistorio contra el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó las obras en el recinto sin licencia municipal, obligando además a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para legalizar su nuevo uso.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha calificado la actuación del Ejecutivo como una “imposición sin consenso” y ha defendido el recurso como un acto de responsabilidad institucional. “Lamento que tengamos que recurrir a los tribunales en la relación entre administraciones, pero no hay otra salida cuando una parte actúa con deslealtad”, ha afirmado.

El recurso se apoya en tres argumentos clave: la incompatibilidad urbanística de las obras, el emplazamiento del recinto en una zona inundable de alto riesgo y los problemas de seguridad en unas instalaciones que pueden albergar hasta 1.500 personas. Desde 2024, el Ayuntamiento ha dictado órdenes de paralización y abierto varios expedientes sancionadores por intervenciones sin licencia, como la transformación de consultas en dormitorios y la instalación de grandes carpas.

El acuerdo del Consejo de Ministros, fechado el 27 de mayo de 2025, pretendía legalizar las obras ejecutadas sin autorización municipal, amparándose en la figura de “urgencia e interés público excepcional”. Desde el consistorio se denuncia que esta vía ha servido para consolidar de facto un centro que se prometió cerrar en julio de 2024.

El Gobierno regional ha anunciado que respaldará documentalmente el recurso del Ayuntamiento, en un nuevo episodio de tensión institucional por la gestión del centro de acogida.