Los vecinos de Los Camachos acusan al Ayuntamiento de falta de transparencia con la planta de biogás
Denuncian opacidad en el proyecto, mientras el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio defienden sus beneficios
Presidente de la asociación de vecinos de Los Camachos, Ginés Egea
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Cartagena
La asociación de vecinos de Los Camachos ha denunciado la “falta de transparencia” del Ayuntamiento de Cartagena en torno a la planta de biogás proyectada en la zona. Según su presidente, Ginés Egea, el emplazamiento elegido ya sufre un fuerte deterioro ambiental y está muy cercano al Mar Menor, lo que agrava los problemas cuando hay lluvias torrenciales.
Mañana está prevista una reunión formal con el Ayuntamiento y la empresa promotora, pero los vecinos son claros: no quieren la planta cerca de sus viviendas. Acusan al consistorio de haber manejado el proceso “en el más absoluto secreto” para evitar protestas, y dudan de que se generen los 80 empleos que se anuncian, como asegura la Cámara de Comercio de Cartagena. Según dicha institución, la planta sería promovida por Heygaz Spain S.L., diseñada para tratar unas 65.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, y ubicada en una parcela del Polígono Industrial Los Camachos Norte.
Desde la Cámara de Comercio de Cartagena se defiende que el proyecto puede contribuir tanto a la mejora medioambiental como al desarrollo empresarial de la zona, dentro del Plan Recircula 2024-2035 de la Región de Murcia. Se subraya que la planta de biogás sería “una fuente de energía limpia y sostenible”.
En el plano político, el PSOE ha exigido la paralización de la licencia urbanística para la planta, alegando que aún no existe una normativa ambiental autonómica específica que regule este tipo de instalaciones, lo que podría generar riesgos para la población cercana y el medio ambiente. Además, señalan que el suelo donde se pretende ubicar la infraestructura está calificado como industrial-logístico, lo que consideran incompatible con el proyecto, y piden al Ayuntamiento que evalúe su viabilidad urbanística.
Mientras tanto, los vecinos insisten en que harán “lo que tengan que hacer” para impedir la puesta en marcha de la planta, convencidos de que supondrá un nuevo golpe ambiental para el entorno del Mar Menor.
