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Confirman la condena al exjefe jurídico de Vivienda por cobrar por falsas gestiones urbanísticas

El TSJ ratifica 4 años y un mes de prisión y la pérdida de su condición de funcionario; otros cuatro acusados también ven confirmadas sus penas

EL TSJ de la Región de Murcia confirma la sentencia de expulsión de un migrante que entró de forma ilegal en España en 2020 y carece de arraigo. / TSJ Región de Murcia

EL TSJ de la Región de Murcia confirma la sentencia de expulsión de un migrante que entró de forma ilegal en España en 2020 y carece de arraigo.

MURCIA

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia confirma íntegramente la condena contra el exjefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Región de Murcia y otros cuatro acusados, por delitos de falsedad en documento público, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y revelación de secretos.

El Tribunal ratifica para el primero la pena de cuatro años y un mes de prisión, dos multas que suman 2.880 euros y 6 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de la pérdida definitiva de su condición de funcionario. La sentencia también confirma las condenas impuestas a los otros acusados por su participación en una red que cobró dinero a empresarios a cambio de falsas gestiones urbanísticas o supuestas adjudicaciones de obras públicas.

Las condenas se dictaron tras el reconocimiento de los hechos por todos los acusados, quienes, “libre, consciente y voluntariamente, debidamente asistidos por sus defensas, han señalado estar conformes con los hechos que sustentan el relato fáctico acusatorio”, recoge literalmente la resolución.

Según los hechos probados, el exjefe jurídico utilizó su cargo para captar clientes y ofrecer influencias que no tenía, llegando a emitir certificaciones falsas con el sello oficial de la Consejería. Los empresarios entregaban dinero confiando en adjudicaciones que nunca existieron.

La resolución confirma también las indemnizaciones: más de 43.000 euros a los perjudicados y el decomiso de 30.000 euros obtenidos ilícitamente. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Ruth García Belmonte

Ruth García Belmonte

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UCAM, es la directora de Contenidos de la SER en la...

 

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