El PSOE de Lorca pide recurrir la sentencia que anula modificaciones para alejar los salones de juego de los institutos y centros de salud
Isabel Casalduero recuerda que Lorca triplica la media nacional en número de locales de juego

La Policía Local de Lorca interviene 6 denuncias en salones de juegos por tenencia de drogas (ARCHIVO) / AYUNTAMIENTO DE LORCA

Lorca
El PSOE ha pedido al gobierno de Lorca, del PP y vox, que recurra una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que anulado la reforma urbanística aprobada por el pleno del ayuntamiento en enero de 2023 para alejar los salones de juego de los centros educativos y de otras casas de apuestas preexistentes.
La portavoz del PSOE, Isabel Casalduero, se ha hecho eco de esa sentencia, que estima el recurso presentado por dos de esos establecimientos contra la reforma puntual del plan urbano de Lorca relativa a la implantación de salas de juegos recreativos, bingos y otros locales en los que se practiquen juegos de azar en locales de planta baja.
La Sala reconoce al consistorio legitimidad para regular esa materia, pero añade que la medida aprobada ha de ser anulada al no justificarse por qué se establecen unos alejamientos que son más restrictivos que los aprobados por la Comunidad Autónoma, administración competente en materia de juegos y apuestas.
Casalduero ha dicho que Lorca triplica la media nacional en número de locales de juego y ha recordado que el objetivo de aquella reforma, que fue impulsada por el anterior gobierno municipal, del PSOE, era establecer una distancia mínima de mil metros entre dos locales de luego y de 500 metros entre éstos y los centros educativos y sociosanitarios.
Ha insistido en que ese alejamiento es “vital” porque “la ludopatía destroza vidas y familias cada día” y por ello considera necesario “alejar estos focos de adicción de los más vulnerables, que son nuestros jóvenes y las personas en tratamiento”.
Ante el “revés judicial” reclama al consistorio que interponga un recurso de casación contra la sentencia del TSJM y “que agote todas las vías legales” para impedir que se revoque el acuerdo alcanzado por el pleno municipal hace tres año




