El PP denuncia el "reparto arbitrario" de la gamba roja y exige a Sánchez que deje de asfixiar a los pescadores

Cartagena

El conflicto por el reparto de las cuotas de la gamba roja ha alcanzado una nueva temperatura en la Región de Murcia tras la denuncia pública del senador del Partido Popular, Antonio Luengo. Según el parlamentario, el Gobierno central pretende imponer para el ejercicio 2026 un sistema de distribución "arbitrario" que ignora las necesidades reales del sector pesquero y aumenta una presión económica que ya resulta inasumible para las familias que viven del mar. Luengo ha calificado la propuesta como un castigo sistemático hacia los profesionales del litoral murciano y valenciano, quienes se enfrentan a un escenario de incertidumbre por la falta de transparencia en los datos facilitados por la Secretaría General de Pesca.

El epicentro de la polémica reside en el cambio de las reglas de juego para el próximo año. El Ejecutivo plantea un sistema basado en la "historicidad", calculando las cuotas según la media de capturas de los mejores años de cada embarcación en el periodo 2019-2024. Sin embargo, desde el sector y el Partido Popular defienden que se mantenga el criterio de 2025: un reparto lineal basado estrictamente en los días de pesca asignados a cada barco. Para Luengo, resulta incoherente aplicar doblemente el criterio histórico, una vez para los días y otra para las cuotas, lo que genera una competencia desleal y una inseguridad jurídica que ya ha llevado a parte de la flota murciana a recurrir a los tribunales de justicia.

A este laberinto administrativo se suma una carga burocrática que los pescadores tildan de asfixiante. Medidas recientes, como la obligación de declarar las capturas debidamente pesadas a bordo hasta el último gramo o la exigencia de notificar el regreso a puerto con cuatro horas de anticipación, han colmado la paciencia del sector. Estas imposiciones fueron, de hecho, el motor de los paros totales de la flota registrados hace apenas unos días. El senador popular insiste en que el Gobierno de Pedro Sánchez está convirtiendo la actividad pesquera en un "producto de negociación" en lugar de proteger un recurso esencial, reclamando que cualquier excedente de cuota o días no utilizados revierta directamente en los barcos de la misma región para preservar la economía local.

Ante esta situación, Luengo ha anunciado que trasladará el conflicto a las Cortes Generales mediante una batería de iniciativas para exigir justicia, transparencia y respeto hacia los pescadores. La principal demanda es que se garantice una vinculación territorial de los históricos de pesca, evitando que la gestión del Plan Plurianual se aleje de la realidad de los puertos base. Mientras la flota espera una comparativa clara que permita medir el impacto económico de estos cambios, la "guerra de la gamba roja" se traslada al terreno político con el firme objetivo de frenar un sistema que, en palabras del senador, solo contribuye a la pérdida de trazabilidad y al desánimo de un sector estratégico para el litoral mediterráneo.