La exclusión se enquista en la Región: 320.000 murcianos viven al margen del bienestar

MURCIA

La exclusión social se ha convertido en un problema estructural en la Región de Murcia. Así lo advierte el último informe FOESSA, elaborado por Cáritas y la Fundación FOESSA, que cifra en 320.000 personas, el 20 por ciento de la población, quienes viven en situación de exclusión social, en muchos casos de forma cronificada y con grandes dificultades para salir de ella.

El estudio señala que la exclusión ya no se explica solo por la falta de ingresos, sino por la acumulación de factores como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la pérdida de redes sociales, la salud y la desigualdad territorial. Dos motores destacan por encima del resto: el empleo y la vivienda, que se retroalimentan y han dejado de actuar como elementos de protección.

La vivienda se sitúa como el epicentro de la desigualdad. El 23 por ciento de la población murciana sufre algún riesgo de exclusión residencial. Desde 2018, el precio de la vivienda ha aumentado un 35 por ciento, mientras que el alquiler se ha encarecido un 25 por ciento, muy por encima del crecimiento de los salarios. Como consecuencia, 486.000 hogares destinan tantos recursos a pagar vivienda y suministros que quedan por debajo del umbral de pobreza severa.

Aunque el empleo se ha recuperado en términos cuantitativos, el informe advierte de que “el bolsillo no lo nota”. La precariedad laboral persiste y trabajar ya no garantiza salir de la pobreza. Los salarios han perdido poder adquisitivo y el 11,6 por ciento de los hogares murcianos presenta problemas graves de exclusión vinculados al empleo, el desempleo o la inestabilidad laboral.

La pobreza también se cronifica. El 26 por ciento de la población está en riesgo de pobreza en la Región, una cifra superior a la media nacional. Entre 2018 y 2024 apenas se han producido mejoras reales y una de cada cuatro familias no consigue salir de esta situación, pese a los esfuerzos personales y las mejoras macroeconómicas.

El informe también alerta de fallos graves en el sistema de garantía de ingresos. El Ingreso Mínimo Vital solo llega al 56 por ciento de las personas en pobreza severa y la Renta Básica de Inserción autonómica se encuentra prácticamente en extinción. A ello se suma una brecha informativa y administrativa que deja fuera a miles de hogares.

Los rostros de la exclusión se concentran especialmente en la población extranjera, la infancia y la juventud, y en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, donde el nivel de exclusión alcanza el 30 por ciento. Aumenta además el aislamiento social, la discriminación y las dificultades de acceso a una alimentación adecuada y a la atención sanitaria.

Desde Cáritas y FOESSA reclaman un cambio de rumbo y una respuesta política valiente, basada en tres pilares: vivienda, empleo e ingresos garantizados, junto a políticas que refuercen los cuidados y la cohesión social. El informe concluye con un mensaje claro: la Región está ante una decisión colectiva entre mantener un modelo que genera desigualdad o apostar por uno que ponga en el centro la dignidad y el cuidado de las personas.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, responde

Asegura que la clase media está desapareciendo en España y culpa al Gobierno central. Conchita 'saca pecho' de los datos de la Región a pesar de que el estudio apunte a que 320.000 murcianos viven en exclusión social.

La respuesta de la Consejera a los resultados del informe FOESSA apunta al Gobierno central. Asegura que los resultados reflejan la situación de las familias en España por tres factores clave: "más impuestos, precios más elevados y la incapacidad de acceder a una vivienda".

Conchita hace hincapié en que los datos de la Región son positivos y destaca los de exclusión social severa y pobreza severa. Según la Consejera, desde 2018, 34.000 personas han salido de la exclusión social y destaca que desde la Consejería se ha puesto en marcha una estrategia de lucha contra la pobreza para "que nadie se quede atrás".

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