PAH, pensionistas y familias vulnerables redoblan la presión al Congreso para salvar la subida de las pensiones y prorrogar el “escudo social”

Murcia

Plataformas de pensionistas, sindicatos de inquilinas y la PAH han salido a la calle este fin de semana para pedir al Congreso que convalide de inmediato los dos decretos que el Gobierno ha separado tras la caída del “ómnibus” de enero: uno dedicado exclusivamente a la revalorización de las pensiones de 2026 y otro que agrupa las medidas de protección social en vivienda, suministros y alivios fiscales.

En Murcia, la concentración ha tenido lugar en la céntrica Plaza Fontes, junto a las sedes de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal'.

La estrategia de “troceo” busca asegurar mayorías distintas y evitar que la tramitación de las ayudas en vivienda arrastre la subida de las pensiones, como ocurrió hace tres semanas.

Exigen al Congreso de los Diputados que ratifique este jueves el decreto de subida de pensiones y el escudo social, tumbados recientemente por la Cámara.

El portavoz de la PAH, Paco Morote, ha señalado que estas medidas “no son caridad, sino justicia social”, y advierte de que la no convalidación del escudo social podría reactivar cerca de 60.000 desahucios en procesos impulsados por grandes tenedores.

Morote insiste en que “esto no se puede permitir” y reclama a los partidos que “dejen de hacer estrategia política” y piensen en las personas más vulnerables.

También ha criticado la postura del Partido Popular, al que acusa de haber contribuido al bloqueo de ambas medidas: “No vale todo con tal de perjudicar al Gobierno; no se puede usar a la gente vulnerable como daño colateral”, ha dicho.

Preguntado por el impacto en la Región de Murcia, Morote estima que entre 1.500 y 2.000 familias y personas podrían verse afectadas si el decreto no sale adelante.

Recuerda además que el problema de vivienda afecta de forma transversal a jóvenes, adultos y personas mayores, muchas de ellas enfermas, que podrían ser expulsadas de sus hogares si el escudo social cae.

Las organizaciones convocantes insisten en que la responsabilidad del Congreso es garantizar derechos fundamentales y proteger a quienes más lo necesitan.

Subida de las pensiones

El Real Decreto‑ley 3/2026 garantiza que todas las pensiones contributivas y de Clases Pasivas suban un 2,7% con efectos desde el 1 de enero de 2026, al vincularse a la inflación media del periodo diciembre 2024–noviembre 2025; además, fija el tope máximo de pensión pública en 3.359,60 euros al mes (47.034,40 al año).

En paralelo, refuerza los mínimos: las pensiones mínimas escalan más del 7%, mientras que no contributivas, viudedad con cargas y con cónyuge a cargo avanzan un 11,4%; el IMV también aumenta en ese 11,4%.

El Ejecutivo acompaña la subida con ajustes de cotización y la prórroga de compatibilidades en el ámbito sanitario para aliviar la presión asistencial. Con la publicación en el BOE, el alza ya rige a la espera de la votación de convalidación, de manera separada al resto del paquete social.

"Escudo social"

El Real Decreto‑ley 2/2026 reconfigura y extiende el escudo social hasta el 31 de diciembre de 2026, con una pieza central: la moratoria de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional se mantiene frente a grandes tenedores, propietarios con tres o más viviendas, pero deja de operar cuando el arrendador es pequeño propietario con una o dos; además, se refuerza el papel de servicios sociales para activar soluciones habitacionales de emergencia y se afinan las vías de mediación y compensación a propietarios en supuestos cubiertos.

El objetivo político es proteger a los inquilinos más frágiles sin trasladar todo el coste a caseros con pocos inmuebles, uno de los puntos que desbloqueó apoyos en la negociación.

Más allá de vivienda, el decreto social blinda los suministros básicos durante 2026: no habrá cortes de luz, agua o gas a consumidores vulnerables y se prorroga el bono social eléctrico con los descuentos vigentes.

Junto a ello, se mantienen deducciones para vehículos eléctricos, puntos de recarga y obras de eficiencia energética en hogares y edificios; se prolongan límites de módulos para autónomos en IRPF e IVA; y se eximen de tributación diversas ayudas por DANA e incendios, dentro de un paquete que también ajusta la retribución del sistema eléctrico no peninsular.

La separación de textos permite que la subida de pensiones avance con un consenso más amplio, mientras el escudo social encara una convalidación más disputada por los cambios en la moratoria y su perímetro de protección.

En todo caso, la publicación del RDL 3/2026 asegura que los pensionistas ya noten la actualización en nómina, y el Gobierno confía en cerrar apoyos cruzados para que la red de seguridad en vivienda y suministros no se interrumpa durante 2026.