UGT denuncia ante el Defensor del Pueblo que 13 municipios vetan a taxistas con VIH en la Región

Murcia

El sindicato UGT ha denunciado que trece ayuntamientos de la Región impiden el acceso a la hora de adquirir una licencia de taxi a quienes viven con VIH u otro tipo de enfermedad infecto-contagiosa.

Concretamente son las ordenanzas municipales de estos consistorios las que prohíben que las personas con este tipo de infecciones puedan trabajar en el sector del autotaxi.

Una discriminación contraria a la legalidad actual y que nunca debería de haber sido ratificada por los plenos de las corporaciones locales. “Estos reglamentos locales consideramos que atentan contra el principio constitucional de igualdad y no discriminación y contra la propia ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, de 2022”, ha destacado Paqui Sánchez, secretaria general del sindicato en la Región.

Para acabar con esta limitación UGT ha anunciado que ha presentado una reclamación ante el Defensor del pueblo y que ha remitido una carta formal a las alcaldías de los municipios afectados: Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla, Torre Pacheco, Caravaca de la Cruz, Los Alcázares, Mula, Abarán, Albudeite, Blanca, Cehegín, La Unión y Totana.

“Esta injusticia tiene que terminar ya. No puede ser que una persona que se infectó con VIH, que sigue un tratamiento farmacológico antirretroviral y que, en consecuencia, ni puede transmitir el virus, ni se le detecta carga viral en un análisis de sangre, ni nunca va a desarrollar la enfermedad del sida; sin embargo, no pueda trabajar por cuenta propia o ajena como taxista”, ha defendido la líder ugetista.

De hecho, Paqui Sánchez, médica de profesión, recuerda que el virus del sida nunca se ha transmitido por vía respiratoria, ni siquiera a través de la saliva. Por lo que “nunca debió existir esta norma excluyente y profundamente injusta al tratarse de un virus que solo se puede contagiar mediante la sangre con carga viral (cortes, pinchazos o consumo de drogas por vía parenteral) y las prácticas sexuales de riesgo”. Más allá de algunas excepciones como la etapa perinatal, en la que sí es posible la transmisión al bebé durante el embarazo, si la persona gestante ya es portadora del virus.

UGT ha explicado que la mayoría de ordenanzas afectadas llevan menos de diez años en vigor, por lo que para la organización sindical “no valen excusas”. De hecho, señala, Alcantarilla aprobó su normativa hace menos de dos años, en 2024, y La Unión, en 2022. El sindicato ha demostrado que los municipios de Lorca, Mula, Cehegín, Blanca y Albudeite ratificaron estos reglamentos en el año 2018. Y en 2021, Molina de Segura y Abarán. Torre Pacheco la votó en 2014. Por otro lado, los plenos municipales de Caravaca de la Cruz y Los Alcázares validaron estas ordenanzas discriminatorias en 2017. Solo la ordenanza del taxi de Totana se remonta unos pocos años atrás: 2009. La organización sindical cree que la mayoría de consistorios han hecho “copia y pega” de otras ordenanzas y del articulado del Real Decreto que en 1979 reguló el servicio del taxi en España. Por eso la mayoría coinciden en la redacción.

De los trece municipios señalados por UGT, solo Los Alcázares y Abarán han respondido a las cartas enviadas por el sindicato y se han comprometido a modificar sus ordenanzas para acabar con esta redacción que discrimina a las personas con enfermedades infecto-contagiosas.

Miguel Lajarín, secretario de Comunicación y LGTBI de UGT Región de Murcia, ha reconocido que muchos plenos municipales no han sido conscientes del impacto legal que tiene y de que, al mantener la redacción así, perpetúan el estigma que aún sufren muchas personas. Lajarín ha aprovechado para recordar que otros ayuntamientos sí han aprobado o modificado sus ordenanzas atendiendo a la nueva realidad sociosanitaria. Sabemos que es posible crear normativas inclusivas y más justas porque municipios como Murcia y Cartagena han cambiado sus reglamentos en los últimos años y otras corporaciones directamente han aprobado sus ordenanzas con un redacción alternativa: “No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión”.

Asimismo, desde UGT han reiterado su apoyo a la reforma de la normativa autonómica que permitirá por primera vez el acceso a la policía local de las personas con VIH, así como a quienes tienen celiaquía, diabetes, soriasis u otras enfermedades infecto-transmisibles. Otro decreto que desde el sindicato consideran que debería de haberse cambiado hace ya muchos años y que aún el Gobierno y la Asamblea regionales no han modificado.