La Asamblea rechaza la moción de Vox para paralizar el registro de objetores de conciencia de profesionales sanitarios

Murcia

La Asamblea Regional de Murcia ha rechazado la moción presentada por Vox para paralizar el registro de objetores de conciencia, en un pleno marcado por la fuerte confrontación entre los grupos. La iniciativa solo contó con 7 votos a favor frente a 35 en contra, con el rechazo conjunto de PP, PSOE y el grupo mixto.

El diputado de Vox defendió la moción asegurando que el registro supone un mecanismo de “señalamiento” ideológico hacia los profesionales sanitarios. Durante su intervención, llegó a calificarlo como una “lista negra” que vulnera la libertad de conciencia y acusó a la izquierda de promover este tipo de instrumentos para “controlar” a quienes discrepan.

La formación insistió en que la objeción de conciencia es un derecho individual que no debe depender de ningún registro administrativo y defendió la necesidad de eliminar este sistema para garantizar la libertad profesional.

El Partido Popular también rechazó la iniciativa, aunque centró su discurso en el plano técnico y jurídico. Su portavoz defendió que el sistema vigente “equilibra derechos”, tanto el de los profesionales a objetar como el de las mujeres a recibir la prestación.

Según el PP, el registro garantiza la planificación sanitaria, la confidencialidad de los datos y la seguridad jurídica, negando que exista estigmatización. Además, acusó a Vox de generar “una problemática inexistente” y de trasladar a la Cámara un conflicto ideológico innecesario.

Desde el grupo mixto, María Marín respondió con dureza y calificó la moción como “un verdadero disparate”. La diputada vinculó la iniciativa a un intento de “boicotear” la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y criticó el discurso de Vox por cuestionar una ley vigente.

Aunque mostró ciertas reservas hacia el propio registro, defendió que debe cumplirse la legislación actual y denunció la influencia de sectores conservadores en el ámbito sanitario que, a su juicio, dificultan el acceso al aborto en la red pública.

El Grupo Socialista enmarcó el debate como una cuestión de derechos fundamentales. Su portavoz defendió que el registro “no es una lista negra, es una herramienta de planificación” que permite asegurar que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.

Además, subrayó que el problema en la Región no es la objeción de conciencia, sino la falta de prestación pública: recordó que cerca del 99% de los abortos se derivan a la sanidad privada. Para los socialistas, la moción de Vox forma parte de una “ofensiva” contra derechos ya consolidados, especialmente los de las mujeres.