Valdecañas o la historia de un despropósito

Madrid

La de isla de Valdecañas es una batalla judicial que dura 15 años. Para muchos es la historia de un despropósito. Todo empezó cuando la Junta de Extremadura decidió pedir a Europa protección para un espacio natural. En 2004 la Comisión Europea ya recoge la ZEPA de Valdecañas en un listado de espacios protegidos. Pero, dos años después aparecen unos inversores y la Junta aprueba la construcción de un complejo turístico de lujo en ese mismo espacio.

En el 2007 empezaron las obras de construcción y en 2008 una organización ecologista presentó la primera denuncia. Entonces, la solución de la Junta fue cambiar la recalificación de los terrenos. Fueron pasando los años, las sentencias y los recursos y mientras tanto se levantaron 183 viviendas, un hotel de cuatro estrellas con 80 habitaciones, un campo de golf de 18 hoyos, diez pistas de pádel, cinco de tenis y dos polideportivas, un campo de fútbol y otro de fútbol siete, un recinto hípico, una playa artificial, varias piscinas y un entramado de carreteras que incluye una de 1,8 kilómetros que lleva al pueblo.

El complejo turístico iba creciendo de espaldas al conflicto judicial que seguía su andadura en los tribunales. La última decisión, agotadas aparentemente las vías ordinarias, la tomó el Tribunal Supremo que el pasado 8 de febrero decidió que todo, absolutamente todo, debe ser derribado. El cumplimiento de esta sentencia tiene un precio, elevadísimo, se calcula que el derribo del complejo costará entre 145 y 200 millones de euros que debe pagar la Junta de Extremadura.

Llegado a este punto la batalla judicial continúa. De momento, los propietarios han presentado un incidente de nulidad ante el Supremo. Judicialmente esto permitiría reparar las vulneraciones de derechos que se pueden cometer en una resolución frente a la que no cabe recurso. Es un primer paso. Y es que los propietarios afirman haber adquirido sus viviendas conforme a la ley y a precio de mercado. Además, su abogado Luis Díaz Ambrona, ya ha anunciado su intención de llegar hasta el Constitucional y a Europa si es necesario. El letrado apela al sentido común que, en su opinión, debe prevalecer en la justicia.

Con el único apoyo de Ecologistas en Acción

Este paraje, a dos horas en coche desde Madrid, es un pantano en la provincia de Cáceres, un entorno calificado en la red Natura 2000 como ZEPA, lo que significa Zona de Especial Protección para las Aves. Paramos en el pueblo de El Gordo, de 367 habitantes, donde Mari Carmen y Severina, sentadas en la terraza de la taberna La Fragua, hablan de la isla y de la decisión del Tribunal supremo. Los dos tienen algún vínculo con esa macro urbanización de lujo que se ha convertido en lugar de segunda residencia para madrileños de alto poder adquisitivo. Severina tiene a un hijo trabajando en el mantenimiento de la isla desde hace doce años y María Carmen nos cuenta que su marido estuvo en la construcción de las viviendas. Como ellas, la mayoría de los vecinos están en contra del derribo porque hay hijos, maridos, amigas, empleados en la limpieza, la jardinería y el mantenimiento. Los vecinos no entienden que el Supremo considere mayor el daño causado al medio ambiente que la riqueza que se ha podido crear.

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Solo una de las partes implicadas en esta historia defiende al cien por cien la decisión del Supremo y reclama que la sentencia se ejecute lo antes posible. Se trata de la organización Ecologistas en Acción, el portavoz en la zona, Ángel García, opina que esta sentencia pone las cosas en su sitio.

Nos acercamos a Berrocalejo, su alcalde, Ángel Pedro Martínez, es consciente de que las cosas no se hicieron bien, pero ya que está hecho, nos dice, hay que apostar por los beneficios que la isla está dejando en la zona. Este alcalde confía en que el sentido común gane la batalla. Lo que para él sería que se derribe sólo lo que está sin acabar y se mantenga lo que está vendido, habitado y en funcionamiento.