La Justicia reconoce por primera vez la nacionalidad española a una niña nacida en "el camino" hacia España

No tener una partida de nacimiento o «no existir» documentalmente ha hecho en alguna ocasión que a algunos de estos pequeños «se les haya arrancado de los brazos de sus madres al poco de descender de la patera». «No puede haber niños que no sean de ningún país , pero en España los hay» son frases literales de dos de las mayores expertas en la defensa de la infancia migrante en nuestro país para poner en valor la importancia del pronunciamiento sin precedentes que acaba de hacer la justicia española. La cascada de vulneraciones de derechos que sufre un menor «invisible» que no consta en ningún registro oficial suele comenzar desde su llegada a España, pero se prolonga sine die por la negativa a inscribirlos, empadronarlos, multiplicando las dificultades para que accedan a derechos universales como la sanidad o la educación. Todo este relato, que a los más incrédulos les puede sonar a ciencia ficción, tiene en Anna, 7 años, un ejemplo paradigmático. Después de no ser reconocida por Marruecos, donde nació, ni por el país de su madre, Camerún, ni por España, desde donde está hace 4 años, al fin deja de ser invisible porque la Audiencia Provincial de Guipúzcoa le ha devuelto por fin sus derechos, obliga a la administración no solo a registrarla a todos los niveles, sino además a protegerla frente a una situación de apatrídia y por eso le concede la nacionalidad española. Anna cruzó el Mediterráneo en el regazo de su madre, Mayi, en abril de 2018. Desde su llegada en patera a Tarifa hasta ahora, con el fallo judicial, esta niña no existía administrativamente en ninguna parte y su atención sanitaria o su escolarización, hoy ya con 7 años, se han podido llevar a cabo en el País Vasco «por favores» de sanitarios o profesores. En realidad su caso se resuelve en dos sentencias, una en primera instancia por el juzgado Número 5 de San Sebastián, (donde residen la mamá y la niña) que fue apelada por la abogacía del estado pero que ahora ha sido ratificada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. «Se declara la vulneración de derechos fundamentales de la menor y por ello se declara su nacionalidad española de origen acorándose librar exhorto al Registro Civil Central para inscribir el nacimiento fuera de plazo de la menor», se afirmaba literalmente en la primera sentencia del juzgado de San Sebastián. Argumentos que avala y ratifica ahora uno por uno la Audiencia Provincial en esta nueva sentencia, que también adelanta la Cadena SER. Los tres magistrados que firman el pronunciamiento de la Audiencia Provincial ponen por delante «el interés superior del menor» a la ley de extranjería, recuerdan la obligación de España de seguir los convenios internacionales sobre la apatrídia, la Convención de los Derechos del Niño y, en definitiva, protegen los derechos de la niña por encima de cualquier otro concepto frente a la interpretación que hacía la Abogacía del Estado. En este segundo pronunciamiento de la justicia se ensalza el esfuerzo de la mamá, camerunesa, por inscribir a su hija en los consulados de su país de origen, algo que no pudo hacer al no contar con partida de nacimiento porque la pequeña nació en una casa, en Marruecos, y no fue inscrita en ninguna parte. «El caso de Anna es importante y extraordinario por varios motivos . En primera lugar porque identifica un problema que era desconocido, invisible, el caso de los niños que nacen en tránsito en el viaje migratorio de sus madres, que suelen proceder de África, y el país de destino es en nuestro caso España. Estos niños están en riesgo de apatrídia y sus derechos fundamentales no son respetados. Por las circunstancias del nacimiento de estos niños no tienen ni partida de nacimiento ni inscripción en ningún registro. En el caso concreto de Anna, su madre es de Camerún, se quedó embarazada en el trayecto migratorio y dio a luz a la niña en Agadir, en Marruecos, sin constar en ningún registro» explica a la SER José Alberto Navarro, abogado de Uría, que ha participado en la defensa de la madre. «Soy una madre pacialmente feliz. Tener a un bebé sin ningún registro no es una situación fácil, ver crecer a tu hija inocente sin ninguna documentación es horroroso y no deseable. Algunas madres lloran porque sus hijos están enfermos y otras por falta de una firma en un papel para que sus hijos sean identificados como seres integrales en una comunidad, este último es mi caso» explica Mayi, la mamá de Anna valorando y agradeciendo las dos sentencias pero sin olvidar todo el sufrimiento que le ha generado esta maquinaria burocrática. Mayi, que sigue estudiando y trabajando a la vez para dar el mejor futuro a su niña, asegura que hasta ahora no ha podido vivir con calma en Europa, «llevo 7 años durmiendo con los ojos abiertos con miedo de que algo pudiera pasar a mi hija, como pero no engordo, intento seguir adelante pero no llego a la felicidad. Saber que tu hija está escolarizada por un favor y no porque tiene derecho es muy muy doloroso» lamenta. Después de intentarlo durante años por todas las vías, de las negativas de otros jueces a registrar a su niña pide que nos cuestionemos el sistema que existe en España, «me quedo con estas preguntas; ¿es verdad que los niños tienen derecho en este país? ¿y por qué juegan con las madres? Es maltratar a sus hijos y a sus madres si ellos mismos no les pueden proteger en situaciones vulnerables. No obstante, quiero dar mil gracias a los jueces que tomaron decisiones positivas en este caso y a todos los que me han apoyado». Anna y Mayi fueron dos de las primeras niñas y mamás de las pateras que pasaron por el centro pionero especializado en estos casos que la Fundación ÖDOS tiene en Córdoba. «Es una respuesta muy protectora y a la infancia no puede haber niños que no sean de ningún país y cuando queda acreditado que niños que viven en España ningún país ha reconocido debe declararse la nacionalidad española no puede haber niños son derechos» asegura Cristina Manzanedo, miembro del equipo coordinador del Programa ÖDOS, «hace un mes estuve cenando con ellas y recuerdo que la niña me decía que cuando le preguntan de dónde eres ella se queda callada porque sabe que no es de ningún país. Sabe el procedimiento que está defendiendo su madre y sabe que ningún país la reconocía como nacional de ese país que se queda callada y sonríe» una circunstancia que ahora cambiará gracias a la justicia. «No podemos adelantar si es una solución que servirá para muchas otras personas pero si estamos seguros de que supone un paso importantísimo al introducir estas perspectivas de derechos humanos y protección de la infancia y la interpretación de las normas del derecho interno en este caso el de nacionalidad pero también de protección» destaca Francisco Ortiz, oficial de protección de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España. De hecho, esta agencia de la ONU ha intervenido en el proceso elaborando varios informes «el tribunal adopta una interpretación en la línea que habíamos propugnado en nuestras intervención en el procedimiento, y que es la que solicitaba la demanda, apoyada también por fiscal, reconocer la nacionalidad española de origen a una niña que de otro modo sería apátrida y que no tenía ninguna otra forma de acceder una nacionalidad con lo que hubiera supuesto para el acceso pleno a sus derechos fundamentales, como son la educación, la atención sanitaria, la documentación, o su misma identidad», concluye Ortiz. Otro apoyo en la defensa judicial del caso de Anna ha sido el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el ahora magistrado jubilado Juan Luis Ibarra, que subraya la inédita interpretación de los jueces, «la sentencia que reconoce a la niña Anna la nacionalidad española de origen efectúa una interpretación del Código Civil, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, que es pionera en España. Anna, apátrida de origen al haber nacido en el viaje migratorio de su madre de Camerún hacia Europa, puede aspirar al estatuto de ciudadanía, al estado civil, que hasta ahora le han negado tres estados. Su situación, como la de los demás niños apátridas, invisibles para el derecho civil, define una injusticia reparable desde el buen derecho. Su reparación judicial expresa la justa medida de nuestras capacidades jurídicas», concluye.