La guerra del agua en Doñana, pendiente de las elecciones

Almonte (Huelva)

Los embalses de la zona están al 30 por ciento y los acuíferos del parque llevan tiempo en situación de sobrexplotación. Pero el pasado mes de enero el gobierno del PP en Andalucía, con sus socios de Ciudadanos y el apoyo de Vox, tramitó sin consultas previas una propuesta de ley para ‘amnistiar’ a más de 1.500 hectáreas que hasta ahora no estaban consideradas de regadío.

El problema viene de largo. Hace décadas que el control de riego en todo el entorno, la Corona de Doñana, no se hace de forma estricta. Nadie se atreve a cuantificar el número de pozos ilegales que hay pero en los últimos informes de la UE se hablaba de más de 1.000. El Plan de Ordenación de 2004 identificó los terrenos que sí tenían derecho a riego y su desarrollo llevó al mapa desarrollado en el conocido como Plan de la Fresa de 2014 que parecía contar con apoyo mayoritario. “Lo votan casi todos en el Consejo de Participación”, recuerda Miguel Delibes que preside esa entidad en la que están representadas todas las partes implicadas. “Fue un acuerdo que costó mucho esfuerzo conseguir”.

Hubo más de 3.000 alegaciones que se revisaron y no cambiaron la propuesta. “Eran agricultores que decían que no se les reconocía un derecho histórico porque en ese plan aparecían como de secano, y es así, regantes no pueden ser porque lo que hacen es un riego ilegal”, explica Juanjo Carmona coordinador del Fondo Mundial para la Naturaleza en Doñana .

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El plan se mantiene por tanto como la mejor opción a seguir para garantizar la viabilidad de la agricultura y el respeto al medio ambiente, y es el argumento que se da ante la Unión Europea o la UNESCO cuando preguntan a España por la conservación de la zona. En 2018 se une a ese plan la propuesta de un trasvase desde la cuenca del Guadiana con el objetivo de llevar agua de superficie a las zonas regadas legalmente con agua de los acuíferos. En ese trasvase, que aún no está ejecutado en su totalidad, se apoya la propuesta de ley que ha puesto en pie de guerra a los regantes de Almonte.

“Los nuevos terrenos que se reconozca como de regadío podrán pedir agua de ese trasvase, y como están más cerca que nosotros se la concederán; y entonces ¿qué agua nos va a llegar aquí? Probablemente ninguna” se pregunta y responde Manuel Delgado, portavoz de la Asociación Puerta de Doñana. “Y si aquí no llega agua superficial no podremos sustituir nuestros pozos y como los acuíferos están sobreexplotados más pronto que tarde las administraciones dirán que hay que recortar la dotación de agua”, razona para concluir que tendrán que cerrar parte de unas explotaciones que dan trabajo directo a más de 30.000 personas en la localidad más poblada de la zona.

La Plataforma de Regadíos del Condado, en la que hasta hace unos meses se integraba la anterior, no ha querido participar en este reportaje. Aseguran que tras la convocatoria de elecciones no consideran oportuno hacer declaraciones, aunque meses antes del anuncio nos consta que ya rechazaron hacerlo. Su posición, en todo caso, se resumen en el reparto entre tierras de regadío y secano de 2004 estaba mal hecho, se cometió un error histórico que la nueva propuesta de ley podría corregir.

La disputa del agua está amenazando una convivencia entre pueblos que hasta ahora se mantenía en un complicado equilibrio. Algunos vecinos explican que son pueblos pequeños, que igual un familiar o un buen amigo estaba regando con un pozo ilegal pero ellos preferían mirar para otro sitio. Hasta ahora, porque con la nueva propuesta de ley ha crecido la tensión hasta el punto de que se están recibiendo “todo tipo de presiones, insultos y hasta amenazas de muerte en redes sociales”, comenta Manuel Delgado. “Han llegado a decir que al presidente de nuestra asociación habría que llevarle a un basurero, con lo que eso significa”. Si el precio medio de una hectárea de secano ronda los 5.000 euros, el precio de una de frutos rojos puede superar los 120.000 euros.

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Tras la convocatoria electoral la propuesta de ley se ha paralizado. Si el futuro gobierno andaluz la quiere retomar tendrá que retomar su tramitación desde el principio. Las expectativas van van desde el pesimismo de los ecologistas (“creo que seguiremos con el mismo discurso porque los partidos son los mismos”) al pragmatismo de los regantes de Almonte (“esperamos que vuelva la cordura porque este tipo de medidas no se puede tomar sin contar con nadie y sin un estudio que diga de dónde vendrá el agua”) para llegar al optimismo moderado que muestra Miguel Delibes.

El presidente del consejo de Participación de Doñana, donde están representadas todas las partes implicadas, admite que tiene “esperanzas de que no se presente porque incluso lo que proponen la ley se han tenido que dar cuenta de que es como agitar un avispero”. Al hilo de ese planteamiento, Delibes afirma que le gustaría “que se aprovechara esta campaña electoral para proponer cosas distintas, programas económicos y sociales para resolver el problema que se les plantea a las familias que tendrán que dejar esos terrenos y cerrar esos pozos; eso deja a gente en el paro y cuesta dinero, por eso hay que resolverlo por otra vía”; y cita los planes de reconversión de los Altos Hornos de Vizcaya o el cierre de las minas de carbón como posible modelo.

Más allá de las elecciones hay otros dos factores que pueden influir en cómo termine esta guerra del agua en Doñana. Por un lado, habrá que tener en cuenta las posibles nuevas sentencias de la Justicia Europea por no proteger Doñana después de que en junio de 2021 España ya fuera condenada por extracción desmesurada de agua subterránea. Por otro, puede afectar el posible boicot de grandes supermercados internacionales a la fresa de Huelva y algunas marcas ya están pidiendo explicaciones para tener claro que el producto que vayan a vender proviene de regadíos legales.