El Gobierno aprueba la ley de 'equidad sanitaria' para potenciar la gestión pública, restringir copagos y limitar privatizaciones
"La ley pone en valor la importancia del papel de lo público", ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias
DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley al que ha llamado de equidad sanitaria: la ley fija que, salvo excepciones justificadas, la sanidad debe ser de gestión pública, restringe los copagos y limita las privatizaciones y los conciertos.
"La ley pone en valor la importancia del papel de lo público", ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias. "Esta ley elimina los copagos sanitarios, avanza en equidad y amplía derechos a personas reagrupadas y españoles residentes en el exterior". "La nueva ley establece la eliminación de los copagos sanitarios que existían hasta ahora", ha añadido. "Con esta medida ahora se benefician seis millones de personas".
El plan ha generado un nuevo punto de fricción con Unidas Podemos; mientras el Ministerio de Sanidad considera que la norma blinda nuestro modelo, en Podemos temen que abra la puerta a la privatización.
Podemos aboga por acabar con la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud, algo que es difícil porque, expertos consultados por la Cadena SER nos explican que, según la normativa comunitaria, no se puede prohibir la colaboración público-privada.
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Pero la nueva ley que se aprueba este martes tiene como objetivo restringir al máximo la gestión privada para que sea complementaria y de apoyo y no sustitutoria, como ocurre ahora. Se prioriza el modelo público. Ahora bien, se permiten excepciones. Las comunidades autónomas podrán concertar siempre que lo justifiquen y documenten que no tienen medios suficientes para la gestión pública directa, según dice el último borrador al que ha tenido acceso la Cadena SER.
Este punto a Unidas Podemos no le gusta nada. Dice que no supone ningún cambio con respecto a la ley de Aznar del 97 que cambió el modelo, abrió la puerta de par en par a las privatizaciones, fundaciones, conciertos, convenios. “En la gestión y administración de centros se contempla la excepcionalidad, pero no se quiere especificar cuáles son esas excepciones, nosotros las queremos puntualizar más y aquí es donde hay de momento un desacuerdo que no se ha resuelto. Si la ley no sirve para parar que los negocios queden fuera de la salud de la población, consideramos que esta ley no cumple nuestras expectativas”, señala a la Cadena SER Amparo Botejara, la responsable de Sanidad de Podemos.
Las novedades de la ley
- Se unifica la cartera común de servicios y se eliminan las tres modalidades que implantó Rajoy con sus recortes. El objetivo es que no se puedan crear nuevos copagos como el que intentó establecer Ana Mato para el transporte sanitario no urgente.
- Los colectivos vulnerables como pensionistas, personas en riesgo de pobreza, menores discapacitados quedarán exentos del copago de las prótesis. Ya lo están del copago farmacéutico.
- Sobre los inmigrantes en situación irregular, tendrán derecho a la atención sin requisito de 3 meses de empadronamiento ni informes sociales. Se eliminan todas las fisuras que permitían a algunas comunidades autónomas negarles la atención.
- Otra ampliación de derechos: los españoles y sus familias que residan en el extranjero tendrán asistencia gratuita pública cuando se desplacen a España.
La ley pasará al Congreso para su tramitación parlamentaria. El PSOE tendrá que esforzarse nuevamente para llegar a acuerdos con sus socios.
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En una entrevista concedida a Hora 14, Marciano Sánchez Bayle, portavoz y expresidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, ha asegurado que esta ley no le parece adecuada y porque "el tema de las excepcionalidades acaba quedando a criterio de las CCAA" y que, en Madrid, por ejemplo, se vive en "un estado de excepción permanente".
Sánchez Bayle también ha asegurado que, si no existen los conciertos con la sanidad privada, la asistencia sanitaria que demanda la sociedad puede garantizarse con una utilización realista de los recursos públicos, tras un periodo de transición, siempre y cuando haya "voluntad política" y "dinero". Lo que sí ha mejorado, en su opinión, es el blindaje a la atención a los inmigrantes irregulares. "Siguen existiendo algunos pequeños flecos que pueden dificultar la asistencia, pero las cosas han mejorado bastante", ha dicho.
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