El Gobierno desbloquea la ley de memoria y acelera la de vivienda tras el batacazo de la izquierda en Andalucía

Madrid

En las próximas tres semanas el Gobierno espera acelerar la tramitación de dos normas que llevan meses sin experimentar avances en el Congreso: la ley de memoria democrática y la ley de vivienda. El movimiento llega apenas 48 horas después del batacazo de la izquierda en las elecciones andaluzas, y coincide con la llamada de los socios parlamentarios a reactivar la agenda más ideológica tras el "aviso" que el electorado progresista, dicen, dio el pasado domingo en las urnas. Este martes, portavoces de todos los grupos de la investidura pidieron a PSOE y Unidas Podemos “hacer una reflexión profunda” sobre los motivos de la desmovilización.

Por un lado, los partidos de la coalición ultiman un acuerdo para tratar de aprobar antes de las vacaciones la ley de memoria democrática. Lo van a hacer a pesar de la falta de entendimiento con Esquerra Republicana que, salvo sorpresa, va a quedar descolgada, una vez más, de la mayoría de la investidura. Los republicanos se descartan de la ecuación porque el texto no contempla una de sus exigencias: tocar la ley de amnistía de 1977. Creen que sin su derogación, la nueva norma no podrá servir para reparar jurídica y económicamente a las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil. Para el PSOE esa es una línea roja porque la supresión de esa ley supondría revisar el pacto de la transición.

El partido de Gabriel Rufián recuerda que esa norma ha permitido que ningún dirigente del régimen haya sido juzgado. Desde el PSOE aseguran que el texto que trata de cerrar con los grupos parlamentarios ya contempla una modificación para solucionar esa laguna. Remiten a la enmienda pactada con Unidas Podemos en la que se especifica que la ley de Amnistía ha de aplicarse teniendo en cuenta los principios y normas del Derecho Internacional y a la creación de un comité que, en el plazo de un año, debe evaluar y hacer recomendaciones para reparar a las víctimas: medidas tanto de carácter económico como de reconocimiento de la vulneración de derechos humanos.

EH Bildu gana peso

Ante la falta de consenso con Esquerra Republicana, el Ejecutivo busca atar el apoyo de EH Bildu, con quien, a falta de cerrar un pacto global, fuentes de la negociación reconocen que hay avances. Los abertzales vuelven a convertirse en el actor clave para que la norma tenga opciones de prosperar. Los socialistas reconocen una actitud distinta en el grupo que lidera en el Congreso Mertxe Aizpurúa y que ha ganado protagonismo en la mayoría parlamentaria en la que se apoya la coalición. En las últimas semanas, además de llegar a acuerdos para tramitar la ley del fondo público de pensiones, Bildu ha salvado al presidente de tener que comparecer en la Cámara para explicar el estado de las relaciones con Argelia y mantiene abiertos contactos con el gobierno para acordar medidas del plan anticrisis que aprobará el Consejo de Ministros el sábado. El portavoz de Esquerra Gabriel Rufián asegura que con su grupo no hay negociación sobre este asunto.

Acelerar la ley de vivienda en julio

La otra norma que el Gobierno quiere impulsar antes de las vacaciones parlamentarias es la ley de vivienda. La intención del ejecutivo es pedir la habilitación extraordinaria del Congreso para poder continuar trabajando en las casi 900 enmiendas que se han presentado a este proyecto que el Consejo de Ministros aprobó hace más de cuatro meses y en el que no se ha avanzado nada desde entonces.