Nueve estados de los 50 que componen EEUU han prohibido ya la interrupción del embarazo, nada más conocerse la decisión del Tribunal Supremo de anular la protección del derecho al aborto vigente desde 1973, mientras otros estados podrían hacerlo en el corto plazo. Según el Instituto Guttmacher, una organización privada que lucha por el derecho al aborto, estos nueve estados contaban con restricciones que estaban bloqueadas por los tribunales, pero que entraban en vigor con la caída de «Roe vs Wade». Hoy, miles de personas han tomado las calles en decenas de ciudades de Estados Unidos para protestar por la derogación de este derecho. Se espera que la mitad de los estados introduzcan medidas que restrinjan en mayor o menor medida el derecho al aborto, además de los nueve en los que ya está prohibido: Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin. Se trata de territorios en los que el derecho al aborto ya estaba muy limitado, tanto por la escasez de centro, por los procedimientos y por los plazos. Todos habían aprobado unas leyes destinadas a prohibir el aborto, que entraban en vigor una vez se hiciera pública la decisión del Tribunal Supremo, y una vez fuera anulada la sentencia «Roe vs Wade», según el Instituto Guttmacher. De este modo, con esta decisión, quedaba anulado el precedente legar que imposibilitaba a los estados prohibir el aborto. El Tribunal consideró que el aborto no está protegido por la constitución estadounidense. También tumbó «Planned Parenthood contra Casey», otro fallo de 1992 que reafirmaba el derecho a abortar, aunque permitía a los estados regular el proceso. La organización Planned Parenthood, que cuenta con la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Estados Unidos, y el Instituto Guttmacher han advertido que en total 23 estados prohibirán con rapidez el aborto. Los estados de Arkansas, Idaho, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming habían aprobado las llamadas «leyes resorte» con el objetivo de que entraran en vigor inmediatamente o pasados unos días tras la sentencia del Supremo. En el caso de Idaho, Tennnessee y Texas, la prohibición a la interrupción del embarazo no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, según los datos del Instituto Guttmacher. Otros estados, como Arizona, Georgia, Iowa y Michigan, tienen restricciones preparadas que podrían entrar en vigor pronto. De igual modo, las clínicas de estados como Alabama, Texas y Virginia Occidental dejaron de practicar abortos ante el temor a ser procesadas judicialmente. En estos momentos, solo 16 estados (California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Vermont, Rhode Island y Washington), así como el Distrito de Columbia, han adoptado leyes que refuerzan la protección del derecho al aborto. En total, al menos 36 millones de mujeres en edad reproductiva podrían perder el acceso al aborto, según Planned Parenthood, que ha calificado la decisión de «devastadora» sobre todo para las personas más vulnerables de la sociedad, como «las comunidades negras, latinas e indígenas, las personas con discapacidades, las que viven en áreas rurales, jóvenes, inmigrantes y quienes tienen dificultades financieras». El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, seguirá buscando «soluciones» después de que la Corte Suprema anulara el derecho al aborto, dijo su portavoz mientras la Casa Blanca evalúa posibles órdenes ejecutivas. «Nada podría llenar el vacío que ha dejado esta decisión», ha asegurado la portavoz Karine Jean-Pierre a los periodistas mientras el presidente viajaba a Alemania para la cumbre del G-7. “La única forma de hacer que todo vuelva a estar bien es que el Congreso actúe”. Por su parte, el propio Biden, ha reiterado este sábado su rechazo a la decisión de ayer de la Corte Suprema de ese país, que revocó la protección legal al aborto vigente desde 1973 y ha asegurado que el alto tribunal ha tomado decisiones «terribles». El presidente ha asegurado que él y su esposa, Jill, saben lo «dolorosa y devastadora» que es esta decisión para muchos estadounidenses y ha recordado que a partir de ahora el derecho al aborto dependerá de cada estado, por lo que se ha comprometido a garantizar su supervisión y a que estos cumplan con sus propias leyes.