La nueva Constitución abre las grandes alamedas al cambio en Chile

Madrid

Esta semana Chile finalizó la redacción de una nueva carta magna, la cual casi un 80% de la población decidió implementar en un referéndum realizado en 2020, cuando aún gobernaba el exmandatario de derecha Sebastián Piñera. El cambio constitucional se decidirá el 4 de septiembre en el país. De ser aceptado, Chile tendrá una nueva constitución. Si se rechaza, "Chile no tiene plan B" a la constitución pinochetista, como apunta la abogada Ángela Moreno Bobadilla, profesora en la Universidad Complutense de Madrid.

El nuevo texto, originado también por el estallido social de 2019, define al país, que ha vivido grandes desigualdades a lo largo de su historia, como un "Estado social y democrático de derecho". Sus mayores avances buscan que Chile sea una democracia paritaria, que reconozca a los pueblos originarios y sus formas de organización, que se proteja al medioambiente y cuyo sistema político reduce la fortaleza del presidencialismo en el país. Los tres pilares más importantes que tiene que aún debe resolver esta nueva constitución son la salud, la educación y las pensiones, según Ángela Moreno Bobadilla. La profesora, quien dirigió el departamento de Derecho público en la Universidad Central de Chile señala que este texto "es un punto de inflexión en la sociedad chilena y en el ámbito del constitucionalismo".

La Convención Constituyente, cuyos 154 integrantes fueron elegidos por la ciudadanía, trabajó durante casi un año en la redacción del nuevo texto para Chile, compuesto por 78 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias. Paritaria en género, con profesores, políticos, líderes indígenas y ciudadanos de a pie, la Convención comenzó presidida por la lingüista mapuche Elisa Loncón y finalizó con la presidencia de María Elisa Quinteros, dentista representante de la Región del Maule.

Un derecho fundamental recogido también en esta nueva constitución es el derecho a saber el paradero de los desaparecidos, pues Chile es un país donde la dictadura militar dejó a más de 40,000 durante el mandato de Augusto Pinochet. Otro avance ha sido el reconocimiento de los pueblos originarios de Chile, que han estado siempre al margen de la sociedad. Contabilizados como 11 en el texto, se estima que un 12,8% de la población chilena se identifica como indígena. Mapuches, aymaras y colla son algunos de estos pueblos., cuya inclusión en la ley "para tratar de que haya una armonía" como apunta Moreno Bobadilla puede mejorar la convivencia entre estas comunidades y el resto de la población.

La redacción del texto tomó como una referencia a la Constitución de Ecuador del 2008, con derechos sociales bastante avanzados o el texto constitucional argentino, por ser una democracia estable en la región. Desde Europa, Alemania y España también han supuesto un lugar al que mirar en la creación de estas normas.

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Aunque el Cadem augura que será rechazado el nuevo texto constitucional, Moreno Bobadilla recuerda que "por experiencias anteriores a veces las encuestas no aciertan".