Los cinco cambios que el Gobierno ha pactado con Bildu en la ley de Memoria Democrática
El acuerdo incluye la creación de varias comisiones
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, pasa por delante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Económica, Nadia Calviño y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. / CHEMA MOYA (EFE)
Madrid
El Ejecutivo ha pactado con EH Bildu cinco cambios que se han introducido en la ley de Memoria Democrática. El primero de ellos pasa por introducir una comisión para investigar vulneraciones de los derechos humanos cometidas entre 1978 y 1983 a personas que luchaban por la consolidación de la democracia. Sin embargo, ese punto no es una aportación del partido vasco.
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Según fuentes socialistas, fue pactado por el PSOE y Unidas Podemos y Bildu simplemente pidió ampliar el periodo de trabajo de la comisión de 1982 a 1983. La razón de esta ampliación, según estas fuentes, era evitar proyectar que los grupos ultras que aún actuaban en esos años lo hicieron solo con Gobiernos de la UCD, sino que también actuaron cuando estaba en el poder el primer gobierno del PSOE.
Otro de los cambios acordados por Bildu, en este caso junto al PDCAT y Más País, es la declaración explícita de la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de sus resoluciones, como también la creación de una comisión técnica que clarifique cuántas víctimas del franquismo han recibido una reparación económica.
Otra comisión para investigar la vulneración de derechos
Asimismo, el acuerdo incluye otra comisión para investigar la vulneración de los derechos humanos durante la dictadura que emita conclusiones y recomendaciones para que no vuelva a ocurrir.
Por último, Bildu ha acordado, además, la cesión de dos espacios: el Fuerte de San Cristóbal, en Navarra, una antigua cárcel franquista al Gobierno foral para que sea declarado lugar de memoria, y también el Palacio de la Cumbre de San Sebastián al Ayuntamiento de la ciudad. El Palacio fue una de las residencias de veraneo de Franco, sede del Ministerio de Exteriores y también es el lugar en el que en 1983 los GAL torturaron a Lasa y Zabala.
