La Autoridad Fiscal calcula que el IMV llega al 40% de sus beneficiarios y cifra en 400.000 los hogares que podrían recibirlo y no lo hacen
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que el ingreso mínimo vital (IMV) ha llegado a 284.000 hogares pero muestra su "sorpresa" por el alto número de familias que podrían recibirlo y no lo hacen por no socilitarlo
La presidenta de AIReF, Cristina Herrero, y el director de la División de Evaluación del Gasto Público de la AIReF, José María Casado, durante la rueda de prensa para presentar su primera opinión sobre el ingreso mínimo vital (IMV). / Sergio Pérez (EFE)
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el ingreso mínimo vital (IMV) ha llegado al 40% de sus beneficiarios potenciales, 284.000 hogares con un presupuesto ejecutado de 1.600 millones de euros al año, frente a los 700.000 que podrían cubrirse con 2.800 millones.
La AIReF ha constatado que hay 400.000 hogares que podrían recibir el IMV y que no lo han solicitado, el 57% de los posibles beneficiarios, "fenómeno que sorprende" pero que es común en la práctica internacional "por la compleja gestión de este tipo de prestaciones", ha explicado en rueda de prensa la presidenta de la institución, Cristina Herrero.
Más información
Ha valorado que el IMV sea una de las pocas políticas públicas que se someten a una evaluación continua y ha destacado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones realiza un ejercicio continuo de análisis del que se van derivando mejoras normativas encaminadas a llegar a más hogares con derecho a percibir la prestación.
Herrero ha querido dejar constancia de la colaboración por parte del Ministerio y de la Agencia Tributaria (AEAT), pero no por parte de las haciendas forales de País Vasco y Navarra, cuyos datos no se han podido incorporar a la evaluación.
Esa falta de información explica en parte la brecha entre los datos de la AIReF hasta el 31 de diciembre de 2021 y los del Ministerio a cierre de mayo de 2022, que incluyen 450.000 hogares beneficiados frente al objetivo declarado de llegar a 850.000.
La evaluación de la AIReF tampoco incluye los hogares que cobran el complemento de ayuda a la infancia que comenzó a recibirse en enero de 2022 y que cuenta con requisitos de renta y patrimonio menos exigentes, lo que permite su cobro a familias que no perciben el IMV.
Los hogares que no solicitan el IMV
El director de la división de Evaluación de la AIReF, José María Casado, ha señalado que los 400.000 hogares que no han solicitado el IMV poseen algún tipo de renta, porque trabajan o perciben prestaciones por desempleo.
Según ha explicado, los hogares que no lo piden son aquellos que obtendrían un incremento ganancias de renta pequeñas (inferiores al 10%) en caso de ser beneficiarios del IMV. El informe señala que los hogares que no solicitan el IMV se concentran en una franja de ingresos en torno a los 430,27 euros mensuales.
La presidenta de la AIReF ha subrayado que el IMV tiene aún "mucho recorrido" para convertirse en un elemento potente para luchar contra la pobreza y ha propuesto, entre otras cosas, que se estudien con detalle las solicitudes rechazadas, que suponen el 73 % de las 1,5 millones registradas y que se suelen denegar por criterios de renta, patrimonio o unidad convivencia.
El impacto en la reducción de la pobreza
La evaluación incide en que la ley del IMV no especifica un objetivo concreto de reducción de la pobreza, aunque los importes que garantiza indican que se dirige a hogares con rentas por debajo del 40% de la mediana.
"No sabemos si se quiere llegar a la erradicación total de la pobreza", ha dicho Herrero, que ha recomendado que se concreten los indicadores de pobreza sobre los que se fijan los objetivos del IMV.
En ausencia de esa información la AIReF toma como hogares en riesgo de pobreza los 1,3 millones con rentas por debajo del 40% de la mediana y calcula que con un despliegue total del IMV y las rentas mínimas autonómicas se podría cubrir un 60%.
Eso dejaría fuera a un 40%, aunque el informe señala que los recursos liberados a las comunidades autónomas por el solapamiento con el IMV, que ascienden a 1.680 millones, podrían ser utilizados para mejorar los programas de rentas mínimas autonómicos.
