"Se quitó el condón sin mi consentimiento, denuncié y nadie me escuchó": habla una víctima de 'stealthing', una agresión sexual no castigada

Madrid

"Nos acostamos una primera vez y usamos preservativo, pero cuando fuimos a hacerlo una segunda vez puso más pegas. Finalmente se lo puso, pero yo ya estaba intranquila. Me giro y veo que no lleva condón. Se lo digo, se empieza a poner agresivo y me acusa de que yo lo sabía. A mí me entra un ataque de ansiedad y no podía casi ni vestirme". Así comienza el testimonio de Lucía (nombre ficticio) que sufrió una agresión sexual, pero para la Justicia no fue delito.

Lo que le pasó a Lucía hace unos meses no es un caso aislado. Más mujeres han denunciado esta práctica conocida como 'stealthing', un tipo de abuso sexual, cuyo nombre proviene del inglés de hacer algo "con sigilo", y que consiste en retirarse el preservativo durante el coito sin que la víctima se dé cuenta y sin su consentimiento. En España se empezó a hablar recientemente de este término y no hay apenas jurisprudencia, aunque la 'ley del solo sí es sí' lo tipificará como agresión sexual.

"No está recogido en el artículo 181 del Código Penal porque es algo muy reciente y como ocurre en la mayoría de casos, parece que las mujeres tenemos que acceder a las relaciones sexuales porque la pareja o quien sea lo está pidiendo para su placer y se les olvida que las relaciones tienen unos límites", explica la asesora legal de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Helena Gil.

"Ya has aprendido algo, a la próxima no te volverá a pasar"

Cuando Lucía salió de la casa del chico, llamó inmediatamente a una amiga para contarle lo que había pasado y le acompañó al hospital. Gil explica la importancia de acudir al hospital para "hacerse las pruebas pertinentes, sobre todo por el caso de las ETS" y para recabar las pruebas a la hora de poner una denuncia. A pesar de que Lucía siguió el protocolo, su experiencia en urgencias no fue deseable. "Entré llorando y cuando le cuento a la doctora lo que me ha pasado, su respuesta es: 'No te preocupes porque ya estás aquí y ya has aprendido algo. Para la próxima no te va a volver a pasar", cuenta. "¿Pero qué voy a aprender? Yo no he hecho nada. La culpa no ha sido mía, qué tengo yo que aprender, me está cargando con la responsabilidad de lo que ha pasado", reflexiona Lucía al sentirse juzgada.

Su mayor preocupación además de un embarazo no deseado, era contraer alguna infección o enfermedad de transmisión sexual. Estuvo durante semanas realizándose pruebas médicas para descartar cualquier supuesto y para prevenir el contagio de VIH le suministraron una medicación durante 28 días. "Tiene un montón de efectos secundarios. Es una bomba. Yo estaba con vómitos todos los días y no dormía porque produce pesadillas. De hecho tuve que pedir la baja porque los efectos de la pastilla eran brutales y pensaba: ‘por qué tengo yo como mujer pasar por esto, por qué tengo que someterme a este tipo de medicación’".

"Tenía claro que quería denunciar, hay que dar visibilidad"

El siguiente paso que dio Lucía fue solicitar ayuda psicológica y asistencial en un centro de crisis de Madrid (CIMASCAM) que da atención integral a víctimas de violencia sexual. La asociación las acompaña a denunciar, al hospital o si necesitan asesoramiento legal en el proceso judicial. De hecho, la organización se presenta como acusación particular en los juicios. "Me informaron de las pocas posibilidades de que la denuncia saliera adelante porque hay poca jurisprudencia al respecto y bueno, si no va bien puede ser frustrante, pero yo desde el primer momento tenía súper claro que quería denunciar porque hay que dar visibilidad", explica.

Lucía acudió a una comisaría especializada a poner una denuncia y al día siguiente se despierta con una llamada perdida y un mensaje del chico: "Han venido a buscarme dos policías. ¿Para qué quieren hablar conmigo? ¿Tú tienes algo que ver con esto?". Inmediatamente le entra otro ataque de ansiedad porque desde aquel día cortó comunicación con él y lo bloqueó en todas las redes sociales. "No me lo esperaba, yo lo primero que le dije cuando me fui de su casa es que supiera que esto es denunciable, pero ni de coña se pensaría que yo iba a ir para adelante, porque cuántas veces se lo habrán dicho y no ha pasado nada", relata.

"Están comprando mi silencio"

A los dos meses de denunciar, Lucía recibe una notificación de que archivan el caso al considerar que no hay indicios de delito contra su libertad sexual. "La ley que se encarga de juzgar esta práctica no la reconoce como delito, salvo que el juez o tribunal que lo interprete considere que concurran los elementos para condenarlo como abuso sexual. De hecho, solo está castigado si se trata de menores de edad o mujeres con alguna discapacidad", explica la abogada de CIMASCAM, Sara Sánchez.

Además, Sánchez incide en que "salvo que pueda haber un contagio, una ETS, y se puedan acreditar lesiones por esta práctica sin preservativo y a la cual no habría accedido la víctima, se quedaría sin castigo". Pero Lucía decidió recurrir y aportó la baja laboral, el informe médico con todas las pruebas, medicamentos que le suministraron y valoración psicológica para que fuera reconocido como delito.

"Me lo admiten y nos citan a declarar a los dos, pero el abogado de él llama a mi abogada para que no lleguemos a declarar y firmemos un acuerdo privado. A mí me sienta todavía peor porque parece que están comprando mi silencio al llegar a la jueza y decirle que no quiero continuar porque no ha pasado nada. O sea no, yo voy a seguir adelante", cuenta Lucía, que rechazó esta primera oferta para después aceptar una conformidad. El acuerdo de conformidad consiste en que el acusado reconoce los hechos, llega a un acuerdo con los abogados para establecer la indemnización económica a la víctima y finalmente el juez firma la sentencia con su correspondiente sanción administrativa y también económica.

"Él reconoció los hechos y me pidió perdón, pero la Justicia archivó el caso y no me escuchó"

Sin embargo, a los meses le llega una citación para declarar "y mal asunto, porque si tengo que ir a declarar es porque algo no está claro". Pero lo peor no fue acudir al juzgado, si no encontrarse con el acusado. "Eso también fue flipante, que voy y me lo encuentro cuando se supone que está garantizado que no te encuentres con tu agresor", comenta indignada. Antes de entrar a declarar se produce un giro inesperado y es que se entera de que la jueza le va a archivar el caso (para no contradecir la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Madrid) y le emplaza a llegar al acuerdo privado inicialmente planteado por el acusado. "No va a haber una sentencia, así que entras y dices que no quieres continuar", le dijo su abogada.

"Lo que más me dolió es que no se me llegó a escuchar. Yo no he declarado. A mí no se me escucha", subraya Lucía, que finalmente aceptó el acuerdo privado, pues ya no tenía fuerzas para recurrir el caso a la Audiencia Provincial de Madrid porque lo más probable es que le archivaran el caso de nuevo. "No podía más, llevaba ocho meses con esto. Cada vez que mi abogada me llamaba o me llegaba una notificación del juzgado era llorar, era otra vez revivir lo mismo y fue como mira, pues ya cerramos aquí, y sobre todo sabiendo el desenlace que me esperaba", cuenta emocionada.

Con lo que se quedó Lucía al fin y al cabo es con la voluntad del chico de reconocer los hechos, aunque fuera en el acuerdo privado. "Yo no tenía ningún tipo de garantía, podía no haber cumplido porque no había ningún juez delante, pero me pagó. Y yo al final me quedo con que le dijo a mi abogada que me pidiera perdón por todo lo que había pasado, que lo sentía mucho. Y de verdad que fue eso con lo que me quedé, el dinero me da totalmente igual", asegura. Y es que el acusado no tenía ninguna obligación de seguir ofreciendo un acuerdo privado para indemnizar a Lucía porque sabía que iba a salir absuelto.

A pesar de que el joven reconoció los hechos a la abogada de Lucía al firmar el acuerdo privado, de cara a la Justicia nunca hubo delito. "Uno de los problemas es que los órganos que llevan a cabo estos procesos judiciales no están especializados y no se les requiere formación especifica en violencia sexual y no les vale que haya indicios o sospechas, sino que necesitan saber que se ha cometido el delito porque en caso de duda, siempre tienen que fallar a favor del reo, o bien absolviéndole o bien archivando el caso", sostiene la abogada de CIMASCAM.

Para algunos jueces es delito, para otros no

Como comentan Helena Gil y Sara Sánchez, hay escasa jurisprudencia al respecto en España y muy dispares. Solo hay cuatro sentencias firmes: dos de ellas no consideran el 'stealthing' delito y las otras dos apelan al artículo 181 que establece que "la persona que sin consentimiento realice actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual será considerada responsable de abuso sexual". Pero está sujeta a la interpretación de los jueces, por lo que la abogada sostiene que "la ausencia de consentimiento en el artículo 181 contempla que no se actúe con violencia o intimidación porque esa es la diferencia con la agresión sexual, pero la cuestión está en cómo se está interpretando la acreditación de esas circunstancias".

El primer juicio de esta índole se produjo en 2009 en Madrid y se saldó con la absolución del acusado. El Tribunal de la Audiencia Provincial solo tuvo en cuenta si la relación sexual contaba con el consentimiento de la víctima y desestimó el hecho de que fuera penetrada sin preservativo en contra de su voluntad. El siguiente caso se resolvió en 2019 en Salamanca, cuya denuncia abrió una nueva línea de jurisprudencia, pues los jueces condenaron como abuso sexual al acusado, que acabó reconocimiento los hechos y fue condenado a pagar alrededor de 3.000 euros de multa e indemnizaciones.

En 2020, la Fiscalía absolvió a un hombre en Barcelona por falta de pruebas concluyentes evidenciando la dificultad para probar estos hechos y la falta de una norma explícita. La siguiente sentencia llegó en 2021, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó a cuatro años de prisión a un hombre en Sevilla por un delito de abuso sexual y seis meses por un delito de lesiones al contagiar una ETS, así como a indemnizar con 13.000 euros a su expareja.

En el caso de Lucía no se llegó a producir una sentencia. Pese a los informes médicos y la medicación suministrada para prevenir ETS, los jueces no vieron pruebas solventes para seguir adelante con el proceso. "En este caso hubo dudas a la hora de valorar si realmente pudo o no existir ese consentimiento sin preservativo. Si hubieran acreditado que no existía ese consentimiento podrían haber dictado una condena, pero entiendo que tuvieron dudas y tuvieron que absolver al acusado al considerar que pudo ser un engaño y al ser una mujer adulta, el engaño solo está castigado en menores", explica Sánchez.

Revictimización y cero garantías

Otra de las losas que tuvo que soportar Lucía durante todo el proceso fueron los continuos juicios de valor, la revictimización al tener que contar una y otra vez los hechos, y las pocas garantías de la Justicia a la hora del juicio. "Piensa que yo ya lo había contando en el hospital, cuando voy a hacerme los análisis, otra vez en las pruebas médicas, en el centro de salud, cuando pido la baja, a la psicóloga, a la policía y a la abogada. Mil veces, una y otra vez repitiendo lo mismo", denuncia, aunque Sánchez considera que es necesario para "valorar la credibilidad del testimonio". "Lo que hacen es valorar todas las declaraciones y ver si coinciden, que no hay modificaciones sustanciales de relato, por lo que es es complicado y más teniendo en cuenta que estos procedimientos son largos", justifica.

En la vista oral (que no llegó a producirse), Lucía se encontró con el acusado en el pasillo lo que supuso una vulneración de sus garantías judiciales. No obstante, Sánchez asegura que en la mayoría de casos sí se garantiza a las víctimas que no haya una coincidencia con sus agresores. "No les citan el mismo día o al menos a la misma hora para evitar careos y durante la celebración del juicio nos conceden un biombo para evitar la confrontación visual entre acusado y perjudicada o pueden declarar por videoconferencia", señala.

Y la sensación de ser juzgada todo el tiempo e incluso de sentirse culpable. Esa sensación tuvo Lucía durante meses. "Aunque tú lo tengas muy claro, si vas viendo en ciertos entornos como en el hospital, en comisaría o en el centro de salud que te están juzgando o intentando culpabilizar, al final estás en una situación más débil y hasta te lo puedes llegar a creer", asegura. "Por no hablar del dolor que se te queda, de tardar muchísimo en volver a quedar con un chico. Sigo teniendo ese trauma de cuándo te vas a acostar con una persona. El pánico que me da si me voy a acostar con alguien, de que me lo vuelva a hacer, de estar pendiente todo el rato mirando si se lo va a quitar o no", reconoce.

La 'ley del solo sí es sí': un gran avance en los derechos sexuales de las mujeres

Para evitar que haya más mujeres que como Lucía se queden sin una reparación de la Justicia, la 'ley del solo sí es sí', que está a trámite en el Senado, propone tipificar el 'stealthing' como un tipo de agresión sexual y pone el foco en el consentimiento. "Tiene que ser explícito, entusiasta, libre y negociado, y además puede ser revocable. Puedes prestar consentimiento en un momento dado y luego transcurrido un tiempo independientemente de que se haya iniciado una relación sexual puede ser revocable", explica la abogada.

Además, la nueva ley sobre violencia sexual pretende ampliar las coberturas asistenciales a las víctimas y darles más garantías. "Se plantea la formación especializada, esa sensibilización de todos los agentes que vayan a participar en el enjuiciamiento y en el trato y la atención a la víctima de violencia sexual", añade.

Educación para combatir la violencia sexual

"Falta mucha educación al respecto", sentencia Lucía. Y es que además de avanzar en materia legislativa es fundamental impartir a la sociedad una educación sexual-afectiva para desterrar comportamientos machistas y saber reconocer los delitos sexuales para erradicarlos. "En esto tiene que ver mucho la pornografía y normalizar que no hay que usar preservativo", sostiene la asesora legal de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. "Que seamos capaces de reconocer conductas dentro de nuestras relaciones y que es constitutiva de delito", matiza.

Por eso, Helena Gil defiende que se hable de todo tipo de violencia sexual en los colegios. "Los hombres quizás no son conscientes de que es un delito, pero saben que es algo que no está bien, que su pareja no quiere y lo están haciendo en perjuicio de ella porque básicamente se creen que tienen el poder o derecho sobre las mujeres y que pueden tener las relaciones como quieren, y les da igual lo que piensen ellas", apunta.

"Llegamos tarde porque la pornografía como fuente de educación sexual que fomenta que no hay preservativos y que hay violencia sobre la mujer no ayuda. Parece que todo está permitido y no es así. Hay que hablar en los colegios, dirigirse a las familias, y explicarles qué es la violencia sexual, el stealthing", concluye Gil.