Los abogados de Trump trataron de hacerse con datos electorales "sensibles"

Washington

Los abogados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) trataron de hacerse con datos electorales "sensibles" extraídos de las máquinas de conteo del sufragio tras las elecciones de 2020, según publicó este lunes el diario The Washington Post. El rotativo, que dijo haber tenido acceso a documentación que lo demostraría, indicó que los abogados de Trump dirigieron a un equipo de expertos informáticos para copiar datos sensibles de los sistemas electorales en estados clave como Georgia, Nevada y Michigan.

Los representantes del exmandatario pagaron por adelantado a los informáticos, en uno de los casos, 26.000 dólares.

El Post relata cómo la abogada Sidney Powell envió a un equipo a Michigan a copiar datos electorales de un condado rural y del área de Detroit; otro abogado hizo lo mismo para Nevada, y el día 7 de enero de 2021 -justo después del asalto al Capitolio- se les envió al sur de Georgia.

Este mismo lunes, se conoció que el que fuera abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, está siendo investigado en el estado de Georgia por su implicación en los intentos del expresidente de invalidar las elecciones de 2020, en las que perdió ante el actual mandatario, Joe Biden.

Giuliani, cuyas teorías conspiratorias sobre una presunta interferencia a favor de los demócratas en los comicios han sido objeto de la investigación criminal que lidera la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, tendrá que comparecer ante un gran jurado en la localidad de Atlanta (Georgia). Desde el pasado mes de mayo, un gran jurado especial en Georgia analiza si el expresidente y otras personas cometieron delitos al presionar a los políticos de ese estado en relación con los resultados de las elecciones de 2020.

También este lunes, un juez federal rechazó el intento del senador republicano Lindsey Graham de no comparecer ante el jurado especial, por lo que tendrá que declarar el próximo 23 de agosto para responder sobre dos presuntas llamadas telefónicas que realizó a funcionarios electorales de Georgia.

El FBI ha detenido a un hombre en Pensilvania por amenazar a los agentes del cuerpo

En Georgia y otros estados de EE.UU., los grandes jurados especiales no pueden emitir acusaciones criminales, pero sí tienen poder para exigir la comparecencia de testigos bajo citación judicial y la transferencia de documentos, dentro de un proceso que transcurre en secreto.

Al terminar su cometido, ese tipo de jurados -compuestos por entre 16 y 23 personas- emiten un informe con sus conclusiones y a veces recomiendan una medida u otra, pero corresponde a los fiscales decidir si acusan o no, algo para lo que necesitarían presentar pruebas a otro gran jurado.

Las amenazas contra los agentes se han recrudecido desde que el FBI registró la mansión de Trump en Florida la semana pasada. El propio expresidente ha dicho que entiende la ira de los ciudadanos por lo que considera una caza de brujas. El detenido en Pensilvania se enfrenta a 10 años de cárcel. Ha dicho en sus redes que su objetivo era matar a los agentes, o que si trabajas en el FBI mereces morir. Se le acusa de influenciar al público contra la labor de las fuerzas de la ley.

El Departamento de Justicia rechaza publicar el atestado que justificó el registro de Trump

El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió este lunes al juez que mantenga secreta la declaración jurada con que justificó la petición de registro de la casa del expresidente Donald Trump (2017-2021), al alegar que su publicación podría afectar el curso de la investigación.

En un documento de 13 páginas dirigido al juez de Florida (sureste de EE.UU.) que lleva el caso, el fiscal Juan Antonio González solicitó que no se publique el documento porque podría "alterar la trayectoria de la investigación, revelar actuaciones presentes o futuras y menoscabar la capacidad de los agentes para obtener pruebas o testigos creíbles".

Varios medios de comunicación estadounidenses, entre ellos el diario The Washington Post y la cadena CNN, habían pedido que se publicase la declaración jurada enviada por el Gobierno al magistrado para justificar el registro en casa de Trump, una petición que fue aprobada por la Justicia.

Tras conocerse la negativa del Gobierno, el propio Trump acudió a la red social Truth para enviar un mensaje en el que pidió "la publicación inmediata y sin editar" de la declaración jurada en pro de la transparencia.

Trump calificó el registro a su casa de "asalto", dijo que no existe ninguna manera de justificarlo y exigió la recusación del juez que lo ordenó.

El juez ya permitió que se publicase el pasado viernes la orden de registro, al estar de acuerdo las dos partes.

Sin embargo, la orden fue dictada por el juez, y lo que ahora solicitaban los medios era que se conociese también la declaración jurada con la que el Departamento de Justicia había justificado que el FBI registrara la mansión de Trump.

"Además de las implicaciones para la investigación, la publicación de este tipo de material investigativo podría tener consecuencias devastadoras para las reputaciones y los derechos de los individuos cuyas acciones y comentarios se describen", justificó el Departamento de Justicia en su texto ante el juez.

Según reveló la orden judicial el pasado viernes, el registro en casa de Trump el lunes de la semana pasada tenía como objetivo encontrar documentos clasificados que el exmandatario sacó de la Casa Blanca cuando abandonó el poder en 2021. El expresidente republicano está investigado por la posible comisión de tres delitos: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos políticos.

Entre la documentación requisada figuran 26 cajas y varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de "alto secreto" o "confidencial", uno de ellos bajo el título "presidente de Francia" y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump.

El viernes pasado, un grupo de congresistas republicanos exigió al fiscal general, Merrick Garland, que explicara cuál es la presunta "amenaza nacional" que propició ese allanamiento.