El Gobierno aprueba el decreto de ahorro energético gracias al apoyo de los socios de investidura y con el rechazo frontal de la derecha

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves en sesión extraordinaria el plan de ahorro energético presentado por el Gobierno, que ha contado con el apoyo mayoritario de sus socios de investidura tras las negociaciones de las últimas horas. En la votación, la norma ha salido adelante con un amplio respaldo (187 votos a favor, 161 en contra y una abstención). A los votos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), se sumaron los de ERC, EH Bildu, PNV y Más País. El BNG se abstuvo y el PP, VOX, Ciudadanos, Junts, CUP, Coalición Canaria, Foro Asturias y los exdiputados de UPN votaron en contra. El real decreto ley, que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos políticos puedan introducir enmiendas en el texto definitivo, incluye también ayudas para el transporte ferroviario, entre las que se encuentran la gratuidad de determinados abonos de Renfe, así como becas y ayudas al estudio. Al inicio de la sesión, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dado la bienvenida a todos los diputados al nuevo curso parlamentario, deseándoles haber pasado unas buenas vacaciones. A continuación han formalizado su juramento dos nuevos diputados y, ya en el inicio del debate, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha subido a la tribuna para defender la reforma del sistema de cotización para los trabajadores y autónomos, que incluye una subida de forma progresiva de las bases de cotización a 15 tramos según los ingresos. El segundo decreto debatido este jueves ha sido el referente a las ayudas al transporte, la becas y las medidas de ahorro energético (14/2022). La encargada de defenderlo en la tribuna ha sido la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien ha destacado la necesidad de ahorrar energía, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles o ayudar a los transportistas profesionales, aumentar el importe de las becas, para hacer frente al «chantaje energético de Putin». Sánchez también ha reconocido la grave amenaza de la inflación, pero ha recordado que la excepción ibérica ha permitido limitar el precio de la electricidad y que se han aprobado grandes ayudas para fomentar el uso del transporte público con medidas como las ayudas para el transporte en autobús o la gratuidad, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, del uso del tren para muchos viajeros recurrentes. Sánchez ha cifrado en 30.000 millones de euros la inversión del Gobierno para combatir la inflación. «La norma atiende de forma decidida las necesidades del sector del transporte, fuertemente golpeado por las consecuencias de la guerra de Ucrania, y también a las familias españolas», ha señalado la ministra de Transportes. «Ha sido necesario reformar 9 leyes y 4 decretos leyes, lo cual evidencia la profundidad de esta reforma estructural». La ministra de Transportes ha señalado que, para una familia de Valencia o de Sevilla que utiliza el tren para ir a trabajar, las medidas aprobadas por el Gobierno pueden suponer un ahorro de 1.000 euros: «En menos de 24 horas, más de 60.000 usuarios han adquirido ya su bono». En lo referente a las becas y ayudas al estudio, Sánchez ha explicado que el objetivo del Gobierno es minimizar el impacto de la inflación en las familias más vulnerables, para lo cual se apuesta por una cuantía complementaria de 100 euros al mes entre septiembre y diciembre. Sánchez ha recordado que en el último año se batió el récord de solicitudes de beca, por lo que también se ha destinado una cantidad récord —2.134 millones de euros— a atender esa necesidad. Sobre el ahorro energético, Sánchez ha celebrado que en las dos primeras semanas de aplicación del decreto de ahorro energético ya se ha registrado un ahorro que ronda el 8-9%. La ministra ha interpelado directamente a la oposición, instándoles a decididir si apoyan o no las medidas previamente detalladas. «Piénsenlo bien. ¿Van a ir a Sants o a Atocha a explicárselo a las familias?». Juantxo López de Uralde, de Unidas Podemos, ha señalado que «el debate abierto por el decreto pone de manifiesto que hay dos maneras opuesta de hacer frente a la emergencia climática y a la amenza de Putin». Una de ellas, ha dicho, se basa en la lucha contra el cambio climático y en las recomendaciones europeas. La otra, en su opinión, es la de «la foto de colón de la energía». López de Uralde ha criticado el papel de «la extrema derecha negacionista y la derecha retardista» y, en nombre de Unidas Podemos, ha reivindicado dar «pasos más grandes» y asegurar un «reparto justo». El diputado, con una larga trayectoria como ecologista, le ha recordado «con rubor» a PP y Vox que en las comunidades donde se mantiene la asignatura de educación ambiental, las ventajas del ahorro energético es algo que se explica en los colegios. El diputado de Unidas Podemos también ha criticado que el PP, en su intervención en el debate, haya olvidado que Francia tiene 30 centrales nucleares paradas, lo cual ha hecho que el precio de la energía se sitúe por el encima de los 1.000 euros por Mw/hora. Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ha justificado su apoyo al decreto por responsabilidad y por estar de acuerdo con sus principios. «Ha llegado el momento que muchas queríamos evitar mientras muchos de ustedes miraban hacia otro lado. Las pandemias, las sequías, la acumulación de riqueza por materias primas... El colapso climático es consecuencia del sistema neoliberal que llevan décadas alimentando. El fin de la abundancia y el colapso nos ha pillado con los deberes por hacer. La guerra de Ucrania lo ha acelerado, pero la emergencia ya existía antes. O actuamos ya o nos iremos al carajo. En muy poco tiempo no habrá vuelta atrás. Habrá que tomar medidas que no gustarán a todo el mundo». Idoia Sagastizabal, del PNV, ha criticado que el Gobierno haya mezclado temas tan diversos como las becas, las ayudas al transporte o las medidas de ahorro energético en un solo decreto, impidiendo la aportación de los distintos grupos parlamentarios, pero también ha confirmado su apoyo. «Hoy presentan un decreto al que difícilmente se puede decir que no. Peor no esperen al último minuto ni tienten a la suerte porque algún día no va a salir», ha argumentado. «Entendemos que las medidas hay que aplicarlas con inmediatez para cumplir con los objetivos marcados por Europa». Joan Capdevila, de ERC, ha asegurado que el Gobierno ha vuelto a mezclar «churras con merinas», pero ha añadido que algunas medidas les parecen positivas y que comparten las motivaciones relacionadas con la eficiencia energética: «El futuro será verde o no será». El diputado republicano, sin embargo, ha criticado la falta de consenso y de ambición, lamentando la discriminación a los usuarios de autobús. César Ramos, del PSOE, ha asegurado que lleva una semana llamando al PP y que nadie se ha puesto al teléfono, y ha agradecido que los representantes sectoriales del transporte hayan optado por sentarse a negociar en vez de convocar una nueva huelga. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha iniado su réplica criticando a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, por no haber sido ella quien ha subido a la tribuna del Congreso: «Es tan indefendible su errática política energética que nos llama poderosamente la atención que haya huido». Gamarra también ha asegurado que España, siendo menos dependiente del gas ruso, no tiene por qué resignarse a aplicar ciertas medidas que ha relacionado con «cuentos y propaganda», pero sí ha reconocido que hay que aplicar «políticas acertadas». Según la portavoz del PP, las propuestas del Gobierno son «improvisaciones mal orientadas». Gamarra también ha criticado que el principal partido de la oposición no ha recibido «ni una sola llamada para negociar». «Si salieran un poquito más a la calle, entiendo que no la pueden pisar, se lo diría cualquier comerciante de España», ha añadido. «Estamos subvenconando a los consumidores franceses. 330 millones en dos meses. Invito a los españoles a que revisen su última factura y se fijen en un nuevo concepto llamado Mecanismo de ajuste del Decreto. Es la gran mentira del Gobierno que estamos pagando todos». Gamarra también le ha pedido al Gobierno que deje a un lado «la ideología y el sectarismo», y ha asegurado que si el Gobierno presentara dos textos en vez de uno, el PP apoyaría las ayudas al transporte ferroviario, aunque ha criticado la falta de apoyo al transporte interurbano en localidades medianas y pequeñas. Por parte de Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha asegurado —vestido con traje y corbata— que el decreto del Gobierno vuelve a cargar sobre las pymes y los ciudadanos lo que «ellos no son capaces de solucionar». El diputado de Vox ha criticado que el Gobierno prefiere «imponer cortes de consumo» a explorar la reactivación de la energía nuclear, como sí han hecho otros países, por lo que se acerca «un invierno muy complicado». También se ha mostrado muy crítico el portavoz de UPN, quien ha tachada la propuesta del Gobierno de demagógica, o la portavoz de Coalición Canarias, Ana Oramas, quien ha asegurado que «este multidecreto no sirve para Canarias» porque en las islas no hay trenes, ni gas, ni calefacción, pero sí van a pagar la gratuidad del Cercanías de Madrid: «Han hecho una trampa trayéndolo todo junto. Si hubieran traído 15 o 16, a lo mejor hubiéramos votado a favor de algunos». Albert Botran, de la CUP, ha afeado que el gobierno haya incluido en el decreto «1.300 millones para las eléctricas o el rescate de las autopistas radiales de Madrid», lo cual les lleva a votar en contra pese a estar a favor de las medidas de ahorro energético. Argumentos similares a los que ha esgrimido Miriam Noguera, de Junts, quien ha asegurado que este decreto es un «chantaje» y ha señalado —en catalán— que no apoyarán que los ciudadanos de Cataluña vayan a pagar «ni un duro» por el rescate de las autopistas deficitarias de Madrid. Néstor Rego, del BNG, también ha señalado que este «decreto ómnibus» contiene medidas positivas, pero ha resaltado que algunas de ellas discriminan a los gallegos porque en Galicia, por ejemplo, no hay Cercanías. Carmen Martínez, de Ciudadanos, también ha criticado el «decretazo» del Gobierno. «Digan la verdad, señorías: España está sufriendo más que otros países y eso es culpa de ladeficiente gestión de este Gobierno. Tenemos la tercera inflación más alta de Europa a pesar de no ser tan dependientes de Rusia como otros». El llamado «Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización» que incluye el real decreto prevé, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos. En este sentido, establece una temperatura mínima de 27 grados para los meses de verano, y una máxima de 19 grados en invierno. Además de controlar el termostato, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o refrigeración. En este sentido, para el próximo 30 de septiembre, estos establecimientos deberían disponer de un sistema de cerrado de puertas. El plan aprobado por el Gobierno atiende a la estrategia de la Unión Europa para reducir el consumo energético en plena invasión rusa de Ucrania, con la expectativa de que en los próximos meses el suministro de gas ruso pueda verse afectado. «Creo poder decir, en nombre de todos los que han participado, que ha sido un éxito colectivo encontrar una fórmula que ayude a uno de cada seis trabajadores de nuestro país», ha señalado Escrivá en su defensa de la reforma del sistema de cotización. «Lograr este acuerdo con todos los interlocutores sociales y las principales organizaciones de autónomos, no es una tarea fácil, pero el consenso da credibilidad de cara a la ciudadanía y permite desplegar sus efectos a medio y largo plazo». Escrivá ha señalado que los autónomos se han visto afectados, hasta ahora, por un sistema que dificultaba el desempeño de su actividad y la tramitación de prestaciones. «Pero esta reforma es mucho más que eso», ha dicho. «Es una reforma estructural de la relación entre la Seguridad Social y los autónomos. Nos movemos a un modelo más ágil y más justo». El ministro también ha destacado que la ley, que se aplicará de forma gradual, beneficiará especialmente al colectivo de los jóvenes y las mujeres, y que marcará un punto de inflexión porque aumentará «la equidad, la sostenibilidad y la estabilidad del sistema». Tomás Cabezón, del Partido Popular, ha confirmado el apoyo de su partido a la reforma, aunque exigiendo su tramitación como proyecto de ley. El portavoz popular ha recordado que cumplen su promesa porque habían condicionado su apoyo al acuerdo previo de los interlocutores sociales, matizando —eso sí— que no se trata de la propuesta que ellos hubieran diseñado. «Una vez más, solo aciertan cuando rectifican», ha asegurado. «Lo poco que han hecho lo han hecho mal, fuera de plazo y sin cumplir con el calendario fijado por Europa. El Gobierno de Sánchez es el peor enemigo de los autónomos». Joan Capdevila, de ERC, ha asegurado que el Gobierno ha intentado un «yolandazo» que ha salido mal, y ha criticado la falta de debate de la reforma, asegurando que se trata de un menosprecio al parlamentarismo y un síntoma de «miedo a la democracia». Capdevila ha celebrado el consenso social que ha generado la nueva norma, pero ha señalado varios puntos de mejora. Por su parte, Isabel Franco, de Unidas Podemos, ha celebrado los «grandes avances» de la reforma, pero ha lamentado su falta de concreción en algunos puntos por si, en el futuro, es el PP quien gobierna. Franco sí ha destacado el «enfoque feminista» de la ley, equiparando la nueva regulación con las prestaciones por maternidad de las trabajadoras por cuenta ajena. Vox se ha pronunciado en contra del proyecto de ley. La diputada Inés María Cañizares ha explicado que critica la reforma por su experiencia personal como autónoma, frente al hecho de que los autores del texto no han sido ni serán nunca autónomos, y ha asegurado que la reforma gira en torno «la mentira», afeando que se tache de acción fraudulenta la posibilidad de incrementar las bases de cotización en los años previos a la jubilación: «Los progresistas-istas-istas son muy partidarios de la libertad en los derechos, pero en cuestiones económicas son más de la imposición». Cañizares también ha acusado al Gobierno de modificar la ley tributaria «por la puerta de atrás» para que la Seguridad Social pueda acceder a información fiscal reservada, hasta ahora, a los inspectores de la Agencia Tributaria. «Ha empezado la cacería del autónomo, del ciudadano libre y del divergente», ha asegurado para concluir su intervención. Oskar Matute, de EH Bildu, por su parte, ha señalado que para dar o no su apoyo a la reforma hay que preguntarse si mejora la situación actual. En su opinión «sí dota de mayor nivel de protección» en varios elementos, pero sin resolver (o postergando) algunas deficiencias estructurales. «No hace falta ser Nostradamus para saber que en 2025 la situación de los autónomos no va a ser mucho mejor que la actual». Matute también ha criticado que la reforma no prima la progresividad porque los que menos tienen son, proporcionalmente, los que más tienen que aportar. Por todo ello, según ha asegurado, su grupo se ha decantado por la abstención. Iñigo Barandiaran, del PNV, ha confirmado el apoyo de su partido a una reforma que ha definido como «una buena ley» porque es producto del acuerdo, pero ha advertido de que «su desarrollo debe ser equitativo». Por parte de Ciudadanos, la diputada María Muñoz Vidal ha asegurado que «no se ha encontrado con ningún autónomo feliz» con esta reforma y ha criticado que el Gobierno imponga sus reformas sin debatir con la oposición. Mercè Perea, del PSOE, ha enumerado las razones por las que van a votar «sí» a la reforma, acusando a Vox y a Ciudadanos de no haberse leído la ley, y criticando tanto a Inés Arrimadas como a María Muñoz de no estar presentes en ese momento en el pleno. Está previsto que la reforma salga adelante con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos y el PP, que ya ha anunciado su apoyo al nuevo sistema, pero que solicitará que se tramite como proyecto de ley y no como real decreto. El nuevo sistema reducirá durante los próximos tres años la cuota mínima, a la vez que eleva la máxima, situándolas en 200 euros y 590 euros al mes, respectivamente, dependiendo de los rendimientos netos obtenidos. Además, se establece una cuota reducida de 80 euros mensuales para los nuevos autónomos durante un año, prorrogable por uno más, al tiempo que se mejora la protección social del colectivo, ampliando las modalidades del cese de actividad.

El Gobierno aprueba el decreto de ahorro energético gracias al apoyo de los socios de investidura y con el rechazo frontal de la derecha

El decreto ha sido aprobado con 187 síes (PSOE, UP, ERC, EH Bildu, PNV y Más País), 161 noes (PP, Vox, Cs, Junts, CUP, CC, Foro Asturias y los exdiputados de UPN) y 1 abstención (BNG)

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