Internacional

El tope al precio del gas ruso divide a la UE y pone en riesgo su posible entrada en vigor

El primer borrador conocido sobre las medidas que maneja Bruselas muestra las diferentes posturas que defienden los países: algunos como Austria o Hungría están abiertamente en contra, mientras que una docena de países, entre los que está Francia, pide un tope a toda importación de gases, no solo el ruso

Ursula von der Leyen en la Comisión Europea / Anadolu Agency

Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania el pasado febrero, la Unión Europea ha insistido por activa y por pasiva en proyectar una imagen de cohesión y sintonía interna, con el objetivo de hacer frente al gigante ruso. Sin embargo, desde el Kremlin han intentado dinamitar esta unidad por medio de su principal aliado en el Viejo Continente, Hungría, cuyos lazos con el Kremlin son abiertamente conocidos.

Así, los Veintisiete afrontan ahora uno de los mayores retos desde que comenzaron a lanzar su batería de sanciones económicas: poner un precio máximo al gas que entra a Europa desde Rusia y, lo que es más importante, que esta medida no afecte a un flujo que ya se ha visto reducido en los últimos meses. El invierno está 'a la vuelta de la esquina' y ningún gobierno europeo quiere anunciar un hipotético racioncinio de gas, que, además de un gran revuelo social, tendría un claro efecto negativo en su economía.

En este contexto, los diversos países que integran la UE debaten sobre la aplicación de esta medida contra el gas ruso, pero las posturas parecen estar muy alejadas del consenso y, por ende, de su aprobación y posterior aplicación. Según el borrador que maneja el organismo, publicado por The Guardian, el acuerdo en esta materia tiene muy pocas opciones de producirse, más teniendo en cuenta que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, planea anunciarlo este miércoles, coincidiendo con su discurso anual sobre el estado de la Unión Europea.

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Del documento, que hasta su publicación oficial puede modificarse de forma íntegra, se desprende que los estados que importan mayores cantidades de gas ruso, entre los que se encuentran Hungría, Austria o Eslovaquia, se oponen frontalmente a poner un precio máximo. Su principal argumento es el miedo: temen que esto provoque un corte total del suministro de gas, lo que arrastraría a sus economías a una recesión que quieren evitar a toda costa.

Por si había dudas, esta amenaza fue confirmada por el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien señaló que no iba a aceptar otro precio que no fuese el que marca la empresa estatal Gazprom. Sin embargo, existen dudas sobre qué repercusiones económicas provocaría esta decisión, ya que supone una notable fuente de ingresos para unas arcas rusas que no pasan por su mejor momento.

Por otro lado, cerca de una docena de países, entre los que se encuentran Francia y Polonia, abogan porque este tope al precio del gas no se aplique de forma exclusiva al que procede de Rusia, sino que se establezca una cuantía máxima para todo el gas que entra en Europa, sin importar su procedencia. Esta medida no cuenta con demasiados apoyos en el seno de la UE, debido a que la lista de nuevos estados proovedores se puede ver reducida notablemente, ya que cualquier país que decida pagar un precio superior logaría llevarse ese suministro de gas, en detrimento de la UE.

Alemania, que juega un papel clave en este asunto como la economía más importante de los Veintisiete con una mayor dependencia del gas ruso, tampoco se muestra convencido de establecer este precio máximo, ya que considera que es un aspecto que está diviendo en exceso a los países de la UE. Al mismo tiempo, Países Bajos y Dinamarca se posicionan en contra de cualquier tipo de medida en este sentido.

Una "contribución solidaria" para las grandes compañías

Mientras que el consenso para el tope al gas ruso aparenta estar muy lejos, donde sí parece que están de acuerdo los Estados Miembro es en establecer un precio máximo al precio de la electricidad, como ya sucede en España y Portugal con la llamada 'excepción ibérica', con el objetivo de reducir las ascendentes facturas de familias y empresas europeas.

Además, el borrador indica que las compañías dedicadas a la venta y tratamiento de petróleo y gas deberán afrontar un nuevo impuesto, calificado como una "contribución solidaria". La Comisión Europea estima que estas grandes empresas multiplicarán por cinco sus ganancias para finales de 2022 y considera que estas no se deben a decisiones económicas sino a "desarrollos impredecibles en los mercados energéticos tras la guerra ilegal que sigue en Ucrania". Sin embargo, el documento no especifica el porcentaje de esta tasa que obligarán a pagar a estas grandes compañías energéticas.

El pasado viernes, el consejo extraordinario de ministros de la Energía de la Unión Europea ya instó a la Comisión Europea a que aplique límites a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, mencionando también la "aportación solidaria" para las gasísticas y petroleras. De esta forma, el alineamiento para involucrar a las empresas a frenar los efectos de la crisis parece garantizado, sin embargo, cuando se trata del gas ruso y la amenaza de quedarse sin un flujo alternativo, las posturas son muy diferentes. El único aspecto común es que la unanimidad se requiere para que entren en vigor ambas medidas.

Bruselas anuncia nuevas medidas de cara a un invierno sin gas

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