¿Cómo les afecta a los ciudadanos la no renovación del Poder Judicial?

Madrid

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es solo el órgano de gobierno de los jueces. Es, sobre todo, el órgano que nombra a los jueces más importantes del país. Entre ellos, a miembros del Constitucional y a los jueces del Tribunal Supremo, el último escalón que decide, por encima del resto, cómo se interpreta la ley en España. Altos tribunales en los que faltan por discutir leyes como la de eutanasia, la del aborto ― para la que el Partido Popular presentó un recurso hace más de una década ― o la nueva ley educativa. Pero al estar paralizado el proceso de renovación, el Poder Judicial no puede nombrar nuevos jueces, lo que provoca que determinados asuntos judiciales vayan más despacio.

"Como no puede nombrar nuevos jueces, en el Tribunal Supremo van jubilándose personas, van saliendo personas, que no pueden ser sustituidas. En este momento hay menos jueces de los que tendría que haber y empiezan a tener problemas para asumir los asuntos", explica Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2010, y profesor en la Universidad de Sevilla. "Quien tenga un problema judicial y acuda a la justicia, si antes tenía que esperar tres años para la sentencia del Supremo, que ya es mucho, ahora tendrá que esperar 4, 5 o 6 años", comenta Urías. Casos cotidianos como el de un trabajador de una fábrica al que lo hayan despedido, que haya recurrido la sentencia y que esté pendiente de saber si está o no readmitido.

El Constitucional y el Supremo son las más altas instancias, pero el Poder Judicial también elige a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia ― los que tienen la última palabra en las comunidades autónomas ― y a los de las audiencias provinciales. Según han informado distintos juristas a los que hemos consultado, cuando falta una persona en estos tribunales las vacantes sí se cubren. Se establecen presidentes en funciones, magistrados sustitutos o comisiones que puedan solventar distintos asuntos para que no se retrasen todavía más.

Pero, en juzgados en los que tienen una gran carga de trabajo y no llegan a todo, es el Poder Judicial quien decide si crear o no nuevos juzgados para poder abarcar el trabajo. Esto repercute directamente en el ciudadano medio y lo que está ocurriendo es que este puede ir a poner una denuncia por un delito leve, un hurto, por ejemplo, pero como hay tanto trabajo que no se puede atender, ese delito leve prescribe y entonces el ciudadano se queda sin su juicio.