La nueva ley de 'riders' deja su primera multa millonaria: 79 millones de euros a Glovo

Un total de 78,9 millones, para ser exactos, por dos inspecciones abiertas en Barcelona y en Valencia. Según el expediente de la Inspección de Trabajo al que ha tenido la SER, ha habido un fraude laboral de «falsos autónomos» que afecta a 8.331 trabajadores en la ciudad Condal y 2.283 trabajadores más en Valencia (10.614 trabajadores en total). La Inspección de trabajo dice que se acredita que “la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que presta servicios de reparto y mensajería, fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio”. Es decir, la inspección razona que hay “falsos autónomos” “que dependen y son ajenos” a Glovo que debería haberlos incluido en nómina como exige la Ley de Riders. La sanción es una de las más altas impuestas por la Inspección hasta el punto de que acumula dos sanciones en cada jurisdicción. En Barcelona, condena a 39 millones de multa el uso de falsos autónomos y exige 24 millones en cuotas a la Seguridad Social que debían haberse cotizado. Y en Valencia, otros 10,7 millones en multas y otros 5 millones en cotizaciones pendientes. E incluye un detalle más: en el expediente que adelanta la SER figuran 2.500 euros de multa por obstrucción a la Justicia. La sanción total (79 millones) es especialmente dura para una compañía que desafió la Ley de Riders, negándose a poner en nómina al grueso de sus repartidores (apenas incorporó a 2.000 en julio) y puede amenazar su viabilidad porque sanción representa más del 15% de la facturación de la empresa que todavía tiene inspecciones pendientes en Madrid y en otros puntos de España. De hecho, según figura en la documentación de venta de la compañía, sólo en España Glovo afronta 172 causas judiciales, ha recibido 54 actas de la Inspección de Trabajo y ha sido sometida a 28 inspecciones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado la noticia en los pasillos del Congreso. «Es gravísimo en un estado social y democrático de derecho en el que las empresas tienen también que cumplir la ley». «Lo que ha hecho Glovo», ha aclarado Díaz, son dos vías de actuación gravísimas: vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores y obstrucción a la labor de inspección de Trabajo. “El peso de la ley va a caer sobre esta empresa como ya ha caído con la Inspección de Trabajo”, ha asegurado la vicepresidenta. “Desde el Ministerio de Trabajo no vamos a parar, van a cumplir la ley”. La SER ha hablado con los riders tras la multa ejemplar a Glovo. Felipe Corredor, de Riders por Derechos, pide que se vaya más allá y exige penas de cárcel para quien se salte la ley. Las plataformas de Riders miran a Francia, donde la justicia condenó a un año de cárcel a dos directivos de Deliveroo por el abuso de falsos autónomos. Quieren que, en España, los dueños de Glovo también se sienten en el banquillo. Desde Cgt Riders reciben la multa con escepticismo, dicen que no saben si las sanciones de la Inspección de Trabajo son la mejor herramienta para presionar a la empresa, que facturó en 2021 más de 500 millones de euros (la multa supone un 15% de la facturación).

La nueva ley de 'riders' deja su primera multa millonaria: 79 millones de euros a Glovo

Según ha adelantado la SER, la inspección de Trabajo ha impuesto una multa de 79 millones de euros a Glovo, la empresa de reparto de comida que se ha negado a poner en nómina a 10.614 repartidores tras la entrada en vigor de la nueva ley 'riders'

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