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La mayoría del Congreso da otro paso para la aprobación de la ley que despenaliza las injurias al Rey y el ultraje a la bandera

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad del Partido Popular, Vox y Ciudadanos y la proposición de ley emitida por el grupo parlamentario de ERC-EH Bildu sigue adelante

Imagen de archivo del Congreso de los Diputados / Europa Press News

Madrid

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad del Partido Popular, Vox y Ciudadanos a una proposición de ley que pretende modificar el Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, incluido la bandera.

La iniciativa, que promovió en el Senado el grupo parlamentario de ERC-EH Bildu y se aprobó en la Cámara Alta, se enfrentó a las enmiendas a la totalidad que presentaron esos tres grupos parlamentarios y defendieron en el debate parlamentario en el Congreso.

Los populares simplemente rechazaban la propuesta, Ciudadanos sugería cambiar la pena por una simple multa, y Vox pretendía elevar el castigo por ese delito a tres años de prisión. La del PP se rechazó con 191 votos a favor y 151 en contra. La de Vox, con 52 votos a favor, 202 en contra y 91 abstenciones. Por último, la de Ciudadanos, con 11 votos a favor, 242 en contra y 91 abstenciones.

"Defender las instituciones es proteger a los más débiles"

En el turno de fijación de posiciones, Andrea Fernández, del PSOE, comenzó diciendo que "parece que vuelve el trío de Colón" para perseguir derechos, y lo comparó con su penalización de los piquetes informativos. En cambio, reprochó al PP y Vox defender a los grupos que se concentran ante las clínicas abortivas. Citó sentencias europeas contra esos delitos y negó que se genere "indefensión" y "desprotección". "Defender las instituciones es proteger a los más débiles", enjuició, proclamando además su apoyo al orden y al pacto constitucionales. "Menos juramentos vacuos y más hechos", terminó dirigiéndose al PP y pidiéndole que corte con Vox y que renueve el CGPJ.

En representación de Unidas Podemos, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, acotó que el debate era sobre la libertad de expresión y la calidad democrática, no sobre símbolos ni instituciones; dijo que estos delitos causan "estupor" en Europa y dijo que la propuesta de ERC y EH Bildu aprobada en el Senado coincidía con otras del grupo confederal, pero prefirió la proposición de ley que registró y que incluye despenalizar las ofensas religiosa. "La democracia no necesita legislación liberticida", sentenció, situándose frente al "trío de Colón", el de PP, Vox y Ciudadanos.

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Carolina Telechea, de ERC, dijo que la libertad de expresión es señal de democracia plena, y que las andanzas del rey Juan Carlos y las operaciones de Estado para blanquearlas aumentan el rechazo social a la institución. También recordó sentencias europeas que ampararon las críticas a personajes públicos, deploró la inviolabilidad del monarca por no tener parangón en el mundo y terminó tachando de “profundamente absurda” una prerrogativa así.

Por el PNV, Mikel Legarda pidió no rehuir el debate sobre la libertad de expresión, aun siendo una cuestión "con aristas"; rechazó tanto agravar la pena como "dejar las cosas como están", y en esa línea avanzó su rechazo a las enmiendas a la totalidad. En nombre del oro partido vasco, EH Bildu, Jon Iñarritu subrayó que tanto la Comisión Europea como Naciones Unidas han pedido a España que derogue estos artículos “anacrónicos”, y que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a ello en Nueva York.

Iñarritu lamentó que la monarquía ya está "hiperprotegida" cuando debería estar abierta a más crítica que nadie tras no haber sido refrendada por la población española. “Han tenido que cambiar de rey para salvar la monarquía”, interpretó, antes de recordar que la frase de "Los Borbones son unos ladrones" por la que se condenó al rapero Valtonyc ya la dijo Ramón del Valle-Inclán.

Dentro del Grupo Plural, el diputado del PDeCat Genís Boadella apeló a la libertad de expresión para poner en ridículo a los partidos que se dicen liberales y sin embargo apuestan por castigar las críticas al Rey. Aunque admitió que otros países tienen protección reforzada de instituciones, afirmó que no lo hacen para perseguir a los disidentes políticos.

El del BNG, Néstor Rego, dijo que esos artículos son incompatibles con la democracia, porque se han usado para perseguir a disidentes políticos como los nacionalismos y los "raperos de la insurgencia" como Valtonyc o Pablo Hásel, herederos de otros gallegos. Por tanto, vio "un paso en la buena dirección" suprimirlos.

PP, Vox y Ciudadanos: enmiendas diferentes pero todas rechazadas

En la defensa de las enmiendas, el diputado del Partido Popular Eloy Suárez Lamata defendió mantener el estado actual de la ley porque "hay una doctrina muy consolidada del Tribunal Constitucional" y censuró la iniciativa legislativa de ERC y EH Bildu, partidos a los que acusó de buscar que "el insulto" al Rey les salga "gratis". Suárez Lamata cargó además contra el PSOE, a quien afeó su "giro de posición" en este debate. Vinculó el apoyo de los socialistas a la pretensión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mantenerse en La Moncloa a cualquier precio".

Por parte de Vox, su diputado José María Sánchez García rechazó también la proposición de ley y apostó por incrementar las penas a las calumnias e injurias contra la Corona. Opinó que el texto no es "conforme con un orden civilizado de convivencia" y achacó el cambio de postura del PSOE a "sus acuerdos antipatrióticos" para continuar en La Moncloa.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, recordó que "todas las sociedades democráticas avanzadas tienen límites a la libertad de expresión", afirmó que hasta 17 países europeos establecen una "especial protección" a sus jefes de Estado y acusó a ERC y EH Bildu de impulsar esta iniciativa para "quedar impunes" en "su campaña de demolición, acoso y derribo de los signos y símbolos de España", y se preguntó si el partido independentista defenderá también la libertad de expresión "en castellano en Cataluña".

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