El juez Pedraz urge a la IGAE para concluir la pieza de los sobornos de la caja b del PP
Remite una providencia a los técnicos de la Intervención del Estado para que en el plazo de una semana presenten su informe o al menos le comuniquen el estado del mismo, sobre las irregularidades detectadas en las adjudicaciones de obras durante la época de Aznar, para decidir si procesa a los responsables. El documento, clave para la causa, lleva ya más de un año de retraso
Madrid
El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha firmado este viernes una providencia mediante la que da una semana de plazo a los técnicos de la Intervención General del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, para que concluyan su informe sobre la pieza de los cohechos de la caja b del PP, que fue solicitado por el magistrado en primera instancia el 28 de junio del año pasado.
En el texto, el juez pide la entrega ya del documento o al menos, que le informen sobre el estado del mismo.
Ese informe de la IGAE, que debe analizar sobre todo los expedientes de contratación de obras y servicios entre los años 2000 y 2004 de distintos ministerios bajo la presidencia de José María Aznar, y dictaminar si existieron irregularidades en la tramitación y adjudicación, es clave para decidir si procesa o no a los 17 empresarios donantes a la caja b del PP que permanecen imputados en la causa.
Uno de los motivos del retraso es que Hacienda informó al juez que los dos peritos de la IGAE dedicados a la causa desde 2013 y 2014, habían pasado a desempeñar otras tareas en la administración, por lo que tuvieron que ser nombrados otros expertos nuevos, que han tenido que analizar desde el principio este caso, que fue reabierto en 2017 por el predecesor de Pedraz en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, a raíz de las declaraciones del líder de la Gürtel, Francisco Correa, quien reconoció que tanto él como otros empresarios accedían a obras públicas durante la época de José María Aznar en ministerios como Fomento o Medio Ambiente, a cambio de una comisión del 3%.