El fiscal general reclama a todos los fiscales el estado de las investigaciones sobre las muertes por COVID en residencias y garantizar que las víctimas sean oídas

La Fiscalía General del Estado ha remitido este viernes un oficio a todos los fiscales territoriales en España para que en el plazo de 30 días le informen de forma «exhaustiva» sobre el estado actual de las diligencias de investigación y causas judiciales sobre los casos de fallecimientos de personas en residencias de la tercera edad. En un mes, según el documento al que ha accedido la Cadena SER, los fiscales tendrán que informar por correo electrónico sobre el número de diligencias de investigación en tramitación en las distintas fiscalías de cada comunidad autónoma con fecha a 30 de septiembre de 2022, así como el número de denuncias o querellas interpuestas entre el 1 de enero de este año y el pasado 30 de septiembre, y sobre cuántos procedimientos judiciales se encuentran en tramitación en los distintos tribunales al respecto. El documento explica la petición por la «necesidad» de contar con información de «mayor calidad» acerca de los procedimientos penales incoados, que por su «trascendencia e importancia» deben ser «puestos en conocimiento del fiscal general» Álvaro García. Añade que es «preciso adquirir un conocimiento detallado» y analizar con «exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos» incoados en relación «con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad como consecuencia» de la COVID-19. El oficio pone especial interés en las víctimas. Ya sean directas o indirectas, familiares de las primeras, cuando éstas hayan fallecido en las residencias. El fiscal General incide en que los fiscales sean «proactivos» ante la «trascendencia» de los hechos y porque afectan a personas «especialmente vulnerables». En este sentido, el documento alienta a los fiscales a «velar» porque las víctimas directas o indirectas sean «oídas e informadas» en el curso de la investigación, para que puedan aportar pruebas o información que estimen relevante para el esclarecimiento de los hechos y «garantizar» así su «protección procesal». Según el texto, los fiscales «procurarán contactar» con las víctimas, «incluso si no estuvieran personadas», antes de solicitar el sobreseimiento de una causa por falta de pruebas, para asegurar la inexistencia de medios o diligencias de prueba que no hubieran aflorado en la instrucción y la víctima pueda proporcionar. Y en todo caso, añade el documento, los fiscales «cuidarán de que sean informados» de la posibilidad de personarse en la causa. Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, más de 34.000 personas que vivían en residencias de la tercera edad han fallecido como consecuencia del Coronavirus. Por comunidades, Madrid es la que ha registrado más muertes con 6.891 fallecimientos, según el IMSERSO, seguida de Cataluña con 6.126, y Castilla y León con 4.408. Según un informe de Amnistía Internacional del pasado mes de enero, de las 517 investigaciones penales abiertas en España desde el inicio de la pandemia, han sido archivadas 451. Desde la Fiscalía General explican que muchos de esos casos han sido recurridos y han sido solicitadas nuevas investigaciones desde entonces, por lo que ahora piden la actualización de los datos.