El PSOE pide que el PP sea condenado por lucrarse de la operación Kitchen

Madrid

El PSOE, acusación popular en el caso Kitchen, ha presentado a la Audiencia Nacional su escrito de acusación por el procedimiento. La formación política reclama que el PP se siente en el banquillo como partícipe a título lucrativo porque supuestamente fue el último beneficiario del entramado orquestado para encubrir los delitos que dañaban su imagen. Solicita que responda económicamente, en igual cantidad a los fondos reservados empleados para desarrollar el operativo.

Para esta acusación no puede desligarse la operación de espionaje al extesorero Bárcenas con fondos reservados para destruir las pruebas que pudiera tener del PP y de sus dirigentes, de causas como Gürtel o el procedimiento de la caja b de este mismo partido, sino que forma parte de un todo que surge con el estallido de la operación Gürtel en 2009, cuando se producen los primeros contactos de María Dolores de Cospedal con el comisario Villarejo en la sede nacional del Partido Popular.

El PP, principal beneficiado con la Kitchen

Son ejecutadas desde entonces y con esta formación política en la oposición maniobras de descrédito y de entorpecimiento de la acción de la justicia, que una vez en el Gobierno se refuerzan, según el escrito de acusación de 61 páginas, involucrando de forma aún más activa a la denominada policía política del PP, con amenazas a los investigadores de la UDEF que trabajaban en la causa, cambios de destino o alteraciones y retrasos en la presentación de sus informes, que concluyen con el operativo desplegado desde 2012 para destruir y sustraer a la acción de la justicia las pruebas que tuviera el extesorero Luis Bárcenas, que ya había advertido de su intención de “tirar de la manta”.

“Todo el dispositivo” de seguimiento a Bárcenas, que además de a los agentes de la policía política o al chófer del extesorero, incluyó a “al menos 15 agentes y sus jefes” fue “torticeramente utilizado para fines completamente alejados de su objetivo legal” y que solo perseguía “encubrir mediante la sustracción y/o destrucción de pruebas los delitos cometidos por dirigentes del Partido Popular, o proteger su reputación pública”.

Penas superiores a los 30 años de prisión

El PSOE pide penas de prisión para las 11 personas físicas procesadas. La más alta corresponde al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien solicita 47 años y 10 meses de cárcel por delitos de organización criminal, encubrimiento de los delitos de la Gürtel, obstrucción a la justicia, cohecho, malversación o allanamiento de morada entre otros.

Para quien fuera su mano derecha y secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, esta acusación reclama 33 años y 3 meses de cárcel por los mismos delitos.

Las penas solicitadas para los miembros de la policía política del PP superan también los 30 años de presidio. Destacan el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, para quien el PSOE solicita 34 años y 9 meses de cárcel; o el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien pide 33 años y 2 meses de presidio. Otros acusados son el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, o los también comisarios Marcelino Martín Blas, Bonifacio Díaz, Andrés Gómez Gordo o el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Rajoy y Cospedal entre los principales testigos

Esta acusación reclama además un amplio listado de testigos de cara al futuro juicio, entre los que destacan el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; los exsecretarios de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa y José Antonio Nieto; o el consejero madrileño Enrique López.