Los tentáculos de la policía china en Europa

La lucha contra la corrupción en China fue uno de los objetivos que se marcó Xi Jinping durante el Congreso del Partido Comunista que le encumbró al nivel de Mao Zedong. El problema es que esa lucha contra la corrupción está traspasando muchos límites legales, incluso fuera del territorio chino.

La ONG Safeguard Defenders ha denunciado las prácticas de la policía china en todo el mundo incluso en países como España a través de una especie de comisarías policiales. Oficialmente son oficinas de asistencia consular de China en el exterior, pero la organización ha acreditado que entre sus tareas también está la persecución y la coacción a ciudadanos chinos considerados sospechosos por Pekín.

Laura Harth, directora de campaña de Safeguard Defenders, explica que estas estaciones policiales o "centros de servicios policiales" en el extranjero “son completamente ilegales porque los gobiernos locales y las autoridades nacionales no han sido informados de su puesta en marcha, por lo que cualquiera de los servicios que están ejecutando y las personas que los operan lo están haciendo ilegalmente”.

A lo largo de su seguimiento de la opresión transnacional de la República Popular de China en todo el mundo, la ONG ha dado cuenta de estos “mecanismos policiales transnacionales ilegales y, también, extrajudiciales”. Harth asegura que entre las operaciones “sospechosas” que han rastreado están las “amenazas y acoso contra los miembros de la familia en China, incluso la detención o el enjuiciamiento de todos esos miembros de la familia. También mandan agentes encubiertos al extranjero para intimidar al sospechoso directamente e incluso, en el peor de los casos, se dan secuestros”.

Más de 230.000 personas han vuelto

Según unas declaraciones del Ministerio de Seguridad Pública de China, sólo entre abril de 2021 y julio de este año se ha logrado "persuadir", a través de estos métodos ilegales, a más de 230.000 personas para que regresen a China.

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La Oficina de Seguridad Pública de dos regiones concretas de China tiene al menos 54 centros en el extranjero, en 30 países de todo el mundo, varios europeos, incluida España, asegura la ONG. Éstos se encargan oficialmente de la prestación de servicios consulares de renovación de pasaportes y licencias de conducir, por ejemplo. “Pero queremos destacar una vez más que esto es ilegal, y, además es una táctica utilizada para presionar a la gente a hacer ciertas cosas o tal vez incluso coaccionarlos para que regresen a China negándose a renovar su pasaporte a menos que vuelvan”, insiste la directora de campaña de Safeguard Defenders.

“Entre sus otras tareas está también vigilar el estado de la opinión pública en las comunidades chinas en el extranjero y la represión de la delincuencia, ayudar a los oficiales de seguridad pública y a las instituciones de China en la persecución de fugitivos”. Todo, para “asegurarse de que las personas tienen miedo, para que no hablen de lo que está pasando dentro de China, de lo que el partido comunista está haciendo fuera”.

En España han encontrado al menos nueve estaciones, pero también las hay en Irlanda, en el Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Hungría, Grecia, Nigeria, Pakistán, República Checa, Mongolia, Chile, Portugal, Brunei, Ecuador, Japón, Países Bajos, Camboya, Eslovaquia y muchos más. Generalmente son oficinas ocultas, con direcciones que no corresponden al centro.

Al conocer de su existencia, las autoridades de algunos países han empezado a actuar. “Países como Irlanda, Alemania, Países Bajos o Alemania ya han declarado que estas comisarías son completamente ilegales. Irlanda ha ordenado su cierre”, dice Harth. Y “España, Portugal, Suiza, Reino Unido y EEUU han iniciado investigaciones sobre las actividades de represión internacional que el Partido Comunista de China está llevando a cabo desde hace tiempo”.

China se enorgullece de su poder

El periodista Zigor Aldama, especializado en asuntos internacionales y económicos y excorresponsal en China, ve una clara relación entre estas comisarías y los miles de ciudadanos chinos que han regresado al país. La propia China ha publicado información sobre esos centros, “incluso saca pecho” por lograr que tanta gente regrese a enfrentarse a la Justicia allí.

El Gobierno lo presenta como muestra de su poder y una herramienta de lucha contra la delincuencia fuera de sus fronteras. El problema es que Pekín carece de procesos judiciales con garantías, con lo que esto le permite realizar “cosas que nosotros consideraríamos métodos mafiosos”, dice Aldama, como utilizar a familiares para extorsionar.

Con estos métodos China se ahorra los largos y complejos procesos legales para la repatriación de sospechosos.

Son operaciones diseñadas ya desde el propio órgano de Gobierno “para conseguir atrapar a los corruptos y parte del dinero que se habían llevado”, explica el periodista. Pero una vez construida esa infraestructura, ese sistema “puede servir para dar caza a muchas otras personas, que pueden ser estafadores o delincuentes comunes, pero también pueden ser disidentes, activistas políticos y demás”.