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La nueva ley de trata castigará con cárcel a los puteros y dará derechos y residencia a las víctimas

Los Ministerios de Justicia e Igualdad, que llegaron a tener dos borradores distintos de esta misma ley, están cerrando un texto único, al que ha tenido acceso la Cadena SER

Exterior de un club donde se ejerce la prostitución / Raymond Roig (Getty Images)

Después de los fuertes desencuentros por la ley trans, PSOE y Unidas Podemos quieren evitar un nuevo episodio de tensión con otra de las leyes sociales pendientes: la ley contra la trata y explotación.

Los Ministerios de Justicia e Igualdad, que llegaron a tener dos borradores distintos de esta misma ley, están cerrando un texto único, al que ha tenido acceso la Cadena SER, que da a las víctimas derechos como el permiso de residencia o el ingreso mínimo vital y propone cárcel para los puteros y para los que hagan negocio con la prostitución.

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El proyecto, que será aprobado por el consejo de ministros en las próximas semanas, contempla que las personas que paguen sexo con una víctima de trata obligada a prostituirse serán castigados con hasta cuatro años de prisión. Pena de la que quedarán, sin embargo, exentos si ha sido algo ocasional y si denuncian la situación ante las autoridades.

Castigo también de hasta cuatro años de cárcel para los que promuevan el delito de explotación mediante el alquiler de locales o lugares de alojamiento de las víctimas. Son medidas que van en la línea socialista para abolir la prostitución y que se suman a los derechos sociales que ha incluido Igualdad: permiso de residencia para las migrantes en situación irregular, acceso al ingreso mínimo vital, a programas de empleo y preferencia en el acceso a la vivienda sin la necesidad de denunciar a sus tratantes. Se creará además el Mecanismo Nacional de Derivación para la identificación, asistencia y protección de las víctimas.

La ley establece penas mas graves, de hasta doce años por delitos de esclavitud y de hasta 8 años por delito de trata y explotación o por obligar a realizar prestaciones o actividades de naturaleza sexual, mendicidad o actividades delictivas.

 
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