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Eutanasia que salva vidas: 44 ciudadanos donan sus órganos después de acogerse a su derecho a morir

Con estas donaciones, se han podido trasplantar a 120 pacientes que estaban en lista de espera

Imagen recurso de donanción de un órgano. / SER Menorca

Madrid

La ley de la Eutanasia se aprobó en España en junio de 2021. Desde ese momento y hasta el verano pasado, se han contabilizado más de 180 procedimientos. Ahora se conoce que de esas personas que decidieron acogerse a la eutanasia, 44 optaron por donar sus órganos después de ejercer su derecho a morir, es decir, un 13% del total. Una decisión llena de generosidad que incluso ha sorprendido a la propia Organización Nacional de Trasplantes y que ha salvado la vida a 120 pacientes que estaban en listas de espera para poder ser trasplantados.

La directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, reconoce que la alta cifra le ha sorprendido. Las personas que donan tras ejercer su derecho a morir toman una decisión valiente y difícil, porque en lugar de morir en casa, rodeados de sus seres queridos y en su hogar, tienen que hacerlo en un hospital para que así se puedan conservar rápido los órganos. "Gracias a técnicas de preservación sofisticadas que hemos puesto en marcha han permitido la realización de todo tipo de trasplantes, incluso cardíacos", explica Domínguez-Gil.

En total, han sido 120 los pacientes que se han trasplantado "gracias a la generosidad de estas personas que después de pasar por una decisión muy complicada para ellos y su entorno familiar", optan por este "gesto de generosidad sublime" que implica además pasar su momento final en un hospital. De la misma forma, los donantes fallecidos con ELA han ascendido este año a 38 frente a los 35 del anterior. Desde 2013 han sido 168, gracias a los cuales se han podido realizar 433 trasplantes (250 renales, 116 hepáticos, 54 pulmonares, 6 páncreas-riñón, 5 cardíacos y 2 hepato-renales).

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España en un país que se caracteriza por su generosidad y altos niveles de donación de órganos. La pandemia resintió mucho estas buenas cifras, que poco a poco van recuperando los niveles previos a la COVID, pero aún no alcanzan los cosechados en 2019. En lo que va de año se ha incrementado un 8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En verano de 2021, España era el país del mundo con mayor porcentaje de donantes de órganos por cada millón de habitantes.

La ONT confía en alcanzar una tasa de donante por millón de población de entre 44 y 45, el doble que la media de la UE. Y es que nuestro país aporta el 5% de todas las donaciones mundiales y el 22% de las europeas pese a representar tan solo el 0,6% de la población mundial y el 10 % de la europea. Durante los diez primeros meses del año, España ha incrementado un 8% su actividad de trasplante, lo que la sitúa ya "solo un 6%" debajo de la cifra histórica de 2019, cuando acumuló 27 años de liderazgo mundial.

180 eutanasias en un año

Este verano, al cumplirse un año de la entrada en vigor de la ley de Eutanasia, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hizo balance de los datos recogidos en esos 12 meses. En concreto, hasta el pasado junio, en España se habían practicado 180 eutanasias. A estos datos de Sanidad se unen las reclamaciones de la asociación Derecho a Morir Dignamente, que lamentaba las diferencias territoriales entre las distintas comunidades autónomas a la hora de solicitar ayuda para morir. Los datos recabados por la asociación muestran que la ley se está desarrollando a "diferentes velocidades" y "con demasiados obstáculos" en algunas comunidades.

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En Cataluña, Navarra y País Vasco es donde mejor funciona. Las tres comparten elementos comunes: empezaron a trabajar pronto la implementación de la ley, han formado a muchos profesionales, revisan a menudo sus procedimientos, han designado personas de referencia para asesorar a los profesionales sanitarios que tienen dudas y, además, sus Comisiones de Garantía y Evaluación (CGE) no solo autorizan o rechazan peticiones de ayuda para morir, sino que ejercen de organismo de consulta.

En el "otro extremo" destacan Madrid y Andalucía. Fueron las últimas en crear su CGE (se retrasaron hasta octubre y noviembre, respectivamente), un organismo imprescindible para tramitar eutanasias, privando durante meses a su ciudadanía de este derecho.

 
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