Ante el estallido social en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que fue asesinada el 16 de septiembre tras ser detenida por la policía de la moral por «violar el código de vestimenta de la República Islámica», que obliga a las mujeres a llevar el velo en público, la violencia y la represión protagonizan el día a día en el país árabe. A punto de cumplirse tres meses del asesinato de la joven, las autoridades intentan sofocar el clima de inestabilidad y estudian la posibilidad de que el velo deje de ser obligatorio para las mujeres. Las autoridades iraníes han asegurado que van a revisar la ley que desde hace décadas exige que las mujeres se cubran la cabeza. El fiscal general iraní, Mohamad Yafar Montazerí, ha dicho este sábado que «tanto el Parlamento como el poder judicial están trabajando en el tema de si la ley necesita algún cambio». El equipo encargado de revisar esta obligatoriedad se reunió el miércoles con la comisión cultural del Parlamento «y se verán los resultados en una semana o dos», según ha asegurado el fiscal. Lo que no ha especificado es qué podría ser modificado en la ley por estos dos organismos porque están en gran parte en manos de los conservadores y precisamente fue el presidente ultraconservador Raisi el que llamó este verano a la movilización de «todas las instituciones del Estado para hacer cumplir la ley del velo» y fue el principal partido reformista de Irán quien pidió que se rescindiera la ley obligatoria del hiyab este septiembre. Además, en un intento democratizador, Irán ha anunciado que suprime la policía de la moral, fuerza que vigilaba la vestimenta de las personas y detenía sobre todo a las mujeres que no se cubrían de acuerdo con los códigos dictados por el sistema de la República Islámica. Esa policía «no tiene nada que ver con el Poder Judicial», ha señalado Montazerí al hacer el anuncio en declaraciones difundidas anoche por la agencia local iraní de noticias ISNA, en lo que los analistas consideran una cesión ante el movimiento de protesta popular que registra el país desde hace tres meses. Montazerí ha explicado que el poder judicial continuará con su supervisión respecto al comportamiento a nivel comunitario y ha subrayado que la vestimenta de las mujeres sigue siendo muy importante, sobre todo en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán. «El mal hiyab (velo islámico) en el país, especialmente en la ciudad santa de Qom, es una de las principales preocupaciones del poder judicial, así como de nuestra sociedad revolucionaria, pero cabe señalar que la acción judicial es el último recurso y las medidas culturales anteceden a cualquier otra», ha justificado Montazerí en un discurso en una reunión con clérigos en Qom. Segun el Consejo de Seguridad de Irán desde el comienzo de las protestas han muerto «más de 200 personas», pero ONG extranjeras, como Iran Human Rights, con sede en Oslo, sitúan el número de muertos en 448 por la fuerte represión policial. Además, al menos 2.000 personas han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, de las que seis han sido condenadas a muerte.