El Congreso aprueba la reforma del Código Penal y el cambio de mayorías del Constitucional con 184 votos a favor en un pleno de alta tensión

El Congreso de los Diputados ha aprobado, en un pleno tenso y muy bronco, con 184 síes, 64 noes y una abstención, sin los votos del PP ni Ciudadanos, la reforma exprés del Código Penal que recoge, entre otros asuntos, la modificación del delito de sedición, del de malversación y una enmienda que busca cambiar las mayorías necesarias para escoger a los magistrados del propio Constitucional, un punto que ha generado especial controversia durante toda la jornada. Justo antes de la votación, desde la bancada de Vox un diputado ha intentado paralizar otra vez y a última hora el Pleno, pero Batet ha vuelto a negarse: «El Congreso de los Diputados no ha recibido una comunicación del órgano que tendría que hacerlo, el Tribunal Constitucional». Tras aprobarse la reforma, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha querido tomar la palabra para «dejar constancia que este grupo parlamentario no ha votado porque esta votación no debería haber tenido lugar en los términos que se han producido porque no debieran de haberse incorporado dos enmiendas o en su caso debiera haberse esperado a la resolución que está pendiente del Constitucional. Como no somos partidarios de abandonar las instituciones es por lo que nos hemos quedado a la votación, pero en un momento tan crítico evidentemente no vamos a votar». Antes de la votación definitiva, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha rechazado este jueves la pretensión del PP, Vox y Ciudadanos de suspender la sesión plenaria sobre la reforma penal de la sedición hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre las enmiendas impugnadas. Al continuar la sesión, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo. Poco después de las 15.15 horas de este jueves, Batet ha abierto la sesión plenaria convocada exprofeso para aprobar la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y cambia las mayorías del Consejo General del Poder Judicial para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, y lo ha hecho sin que el tribunal de garantías se haya pronunciado sobre el recurso interpuesto por el PP para evitar que se voten las enmiendas destinadas a desbloquear la renovación de este órgano constitucional. Los magistrados del Constitucional se reunieron a la una de la tarde para decidir si admitían el recurso del PP que pide paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las citadas enmiendas, por las que se modifica el sistema de elección y la llegada al TC de los dos candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y de los dos que corresponde nombrar al Gobierno. Respecto a los escritos de amparo y reconsideración de cuya no resolución se han quejado Gamarra y Arrimadas, Batet ha recordado que «la presentación de reconsideraciones no tiene carácter suspensivo del procedimiento legislativo». Por eso, ha decidido no atender las peticiones de PP, Vox y Ciudadanos y continuar con el Pleno «reglamentariamente convocado» y ha dejado claro que tomaba esa decisión, «en defensa de la autonomía parlamentaria», de «la potestad legislativa» de la Cámara y del procedimiento y el debate parlamentarios. En este contexto, la presidenta del Congreso ha hecho hincapié en que es el poder legislativo el que tiene constitucionalmente atribuida la función legislativa como corresponde en una «democracia deliberativa». Así las cosas, ha dado comienzo al debate dando la palabra en la tribuna a la líder de Ciudadanos. Y mientras tanto, los 52 diputados de Vox fueron desfilando hacia la salida abandonando el hemiciclo en protesta por lo sucedido. El Gobierno calificaba como un «atropello a la democracia» que el Tribunal Constitucional pudiera paralizar la votación prevista en el Congreso para varias reformas, entre ellas la del cambio de las mayorías para escoger a los magistrados del propio Constitucional. «Es tan grave que que el poder legislativo tiene que actuar si se confirmara. Es un atropello a la democracia», ha dicho la ministra María Jesús Montero mientras sigue la actividad en la Cámara Baja. La jornada era intensa este jueves en el Congreso con la vista puesta en el Tribunal Constitucional. La Cámara baja celebra un pleno para abordar la votación de las reformas exprés del Código Penal y el órgano de garantías debatirá la petición de paralizar la reforma del Gobierno para renovar precisamente ese tribunal tras la presentación de un recurso del PP. El Ejecutivo ha defendido su norma “ante el secuestro del PP”, que lo mantiene bloqueado. “Hoy este pleno comienza enrarecido y amenazado”, ha dicho en el hemiciclo Íñigo Errejón, de Más País. Nunca me hubiera imaginado que este Congreso, elegido por el voto popular, estuviese pendiente de si puede celebrar un pleno porque un organismo con las mayorías caducadas pretenda prohibirlo para evitar su propia renovación. En una situación tan grave para la democracia nadie debería olvidar que la soberanía popular reside exclusivamente aquí, no en ninguna sala”, ha expresado en medio de los aplausos. Desde el PDeCAT, Ferran Bel, ha dicho que ninguno de los 350 diputados de esta Cámara puede hacer como si no pasara nada: «El Tribunal Constitucional se va a reunir no para examinar si una ley aprobada se ajusta a la Constitución, sino si esta Cámara puede debatir unas enmiendas. Se está cuestionando la soberanía de este Parlamento». «Hay fuerzas demófobas que, desde dentro de los poderes del Estado, quieren torcer la soberanía popular», ha asegurado Rafael Mayoral, de Unidas Podemos. Por su parte, el socialista José Luis Ramos ha dicho que ninguna toga puede limitar la capacidad del pueblo para autogobernarse. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho a su llegada al Pleno del Congreso que se puede producir una «intromisión del poder judicial en el legislativo» si el TC acepta el recurso de amparo presentado por el PP para frenar la reforma del Código Penal y del sistema de elección del propio Constitucional: «No tiene precedentes». «Desde hace tiempo la deriva de la derecha de este país y algunos jueces conservadores es preocupante. Me parece un salto cualitativo que lo que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando, por eso esperamos que a lo largo de la mañana la decisión del Constitucional con algunos miembros caducados no vaya en esta dirección», ha dicho. Más contundente ha sido el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, que ha calificado estos hechos como «la mayor amenaza a la democracia desde el 23-F». En los pasillo del Congreso, la vicepresidenta Nadia Calviño, ha dicho que espera que no se produzca una decisión que suponga un «cuestionamiento de las instituciones democráticas». «No puede ser que un tribunal con mandato caducado mande sobre la soberanía popular. Esperemos que no se lleve a cabo y también pedirle al PP que deje de entorpecer», ha afirmado. Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha admitido que sería «inusitado» que el Tribunal Constitucional paralizara una ley aún en tramitación el Congreso, pero ha admitido que a su partido le parecería «bien» que lo hiciera en el caso concreto de la que elimina el delito de sedición y reforma el de malversación porque, desde su punto de vista, el trámite para impulsarla ha sido una «tropelía». Además, se someterá a votación el nuevo diseño legal del delito de malversación, distinguiendo entre los casos con y sin ánimo de lucro en el uso ilícito de dinero público, una propuesta que ha generado críticas entre la oposición de derechas. El Congreso también votará la creación de un nuevo tipo legal para el enriquecimiento ilícito y la modificación del artículo 311 del Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta seis años a quienes reincidan en imponer condiciones laborales ilegales a sus trabajadores. El acuerdo para reformar los delitos por los que fueron condenados los dirigentes del 1-O ha quedado plasmado en una iniciativa que PSOE y Unidas Podemos han aprovechado también para intentar desbloquear el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial. Cambios en las leyes orgánica del Poder Judicial y del Constitucional que son los que el PP intenta frenar con su recurso ante el propio Tribunal Constitucional. PP, Vox y Ciudadanos rechazan de plano una reforman penal que consideran hecha al dictado de los independentistas, pero la iniciativa ha abierto también grietas dentro del PSOE, con barones como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el de Aragón, Javier Lambán, claramente en contra.