El PSOE se persona ante el Constitucional para evitar la suspensión del trámite de la reforma del Código Penal

Madrid

Isaura Leal, como secretaria general del grupo socialista, firma un escrito dirigido al Pleno del Constitucional que explica que “una medida cautelar que pueda suspender el procedimiento parlamentario impide al conjunto de los diputados que ejerzan legítimamente sus funciones, como representantes de los ciudadanos en los que reside la soberanía popular y  que tendrá una incidencia directa en el derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución de todos los diputados de imposible reparación”. Así se puede leer en el escrito al que ha tenido acceso la Cadena Ser, que registraron cinco minutos antes de la medianoche, para personarse en el recurso de amparo presentado por el Partido Popular contra la tramitación vía enmienda en la reforma del Código Penal del cambio de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

El grupo socialista alega que no se puede probar “de forma suficiente”, como es doctrina del Constitucional, que se necesite una medida cautelar dado que la ley no está aprobada. “Se puede afirmar, sin género de duda, que no pueden existir esos perjuicios de difícil reparación, dado que el procedimiento legislativo no ha concluido y la tramitación proseguirá de acuerdo con las previsiones de la Constitución y de los Reglamentos Parlamentarios”, argumenta el escrito, que añade que el tribunal podrá pronunciarse después cuando, como ha anunciado, el PP recurra la reforma por inconstitucionalidad.

“No existen precedentes en las Cortes Generales de la suspensión del procedimiento legislativo por la queja o recurso de una parte minoritaria de diputados o de grupos parlamentarios respeto al procedimiento desarrollado” explica el texto que añade que no ha existido en este caso “vulneración alguna respecto a estos derechos” que sí existiría en el caso de que se suspendiera el procedimiento legislativo, y no se permitiera el debate y votación de la Proposición de Ley, con todas aquellas enmiendas que han sido incorporadas en el curso del proceso por las mayorías pertinentes”.

Y concluye el grupo socialista que una “una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde” y supondría una vulneración de la autonomía del Legislativo, “pues conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno de la Cámara (elegidos por los Diputados) y la mayoría de los Diputados que han votado y aprobado los textos en las distintas fases del procedimiento legislativo”.