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Unidas Podemos pide la recusación del presidente del Tribunal Constitucional y de otro magistrado con mandato caducado

El Grupo Confederal cree que Gónzález-Trevijano tiene "interés directo" en que se paralice la reforma del Código Penal, como ha pedido el PP, porque "su sueldo y sus privilegios" dependen de ello: "No es imparcial"

El diputado de Unidas Podemos Jaume Asens, en declaraciones a su llegada al pleno del Congreso. / JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

Madrid

Unidas Podemos ha pedido al Tribunal Constitucional la recusación de su presidente, Pedro José González-Trevijano Sánchez, y del magistrado Antonio Narváez Rodríguez, ambos con mandado caducado, para que se aparten del procedimiento abierto por el recurso de amparo presentado por el PP contra las enmiendas de la reforma del Código Penal, al entender que tienen "interés directo o indirecto en el pleito o causa", ya que del éxito de esta reforma depende su continuidad en el cargo.

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Así lo expone el Grupo Confederal en el escrito que presentó a última hora de este miércoles ante el Pleno del Tribunal Constitucional y que este jueves ha anunciado el presidente de Unidas Podemos, Jaume Asens. "Tiene un interés directo en la resolución de ese recurso, no solo porque dejará de ser magistrado, sino porque, además, se juega el sueldo y todos sus privilegios. No es imparcial", ha asegurado Asens, en alusión a González-Trevijano.

"Tenemos unos jueces que quieren hacer política. Y si quieren hacer política lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones", ha apostillado. En ese escrito también piden al alto tribunal, al igual que el PSOE, que les permita personarse en este procedimiento, al considerar que son parte afectada, y en el que denuncian que la posible adopción de medidas cautelares para paralizar la tramitación de esa reforma supone una "evidente perturbación de un interés constitucionalmente protegido", y afectaría a uno lo de los "fundamentos de la democracia".

“Estamos ante una situación inédita, seguramente es la amenaza más grave de la democracia desde el 23-F. El TC con el mandato caducado está intentando lesionar la separación de poderes para mantener una mayoría artificial, una mayoría que la derecha perdió hace tres años. Lo que está en juego es la democracia. La democracia se basa en la soberanía popular y desde hace cuatro años vemos cómo el PP se ha atrincherado en el órgano de gobierno de los jueces y está perpetrando un golpe a la democracia", ha denunciado Asens.

"No existen precedentes"

En su escrito, con forma de recursos de amparo, los morados aseguran que “no existen precedentes en las Cortes Generales de la suspensión del procedimiento legislativo por la queja o recurso de una parte minoritaria de diputados o de grupos parlamentarios respeto al procedimiento desarrollado”. “Los parlamentarios tienen dentro del procedimiento legislativo los derechos que se les reconoce tanto en la Constitución como en el Reglamento y que se refieren tanto a la presentación de enmiendas, como al debate en cada una de las fases del procedimiento y como, finalmente, a las diferentes votaciones que se produjeran. No ha existido en este caso vulneración alguna respecto a estos derechos”, defienden.

En concreto, Unidas Podemos denuncia que si finalmente el TC decide paralizar el Pleno del Congreso, atendiendo a esas medidas “cautelarísimas” que ha pedido el PP en su recurso, existiría una “vulneración del derecho de participación política de los diputados establecido en el artículo 23 de la Constitución”. Y defienden que “la autonomía parlamentaria es también objeto de protección constitucional y lo es porque la historia ha demostrado que es una de las conquistas más importantes para la consolidación del Estado constitucional”.

“Se ha de tener en cuenta que la autonomía parlamentaria garantizada constitucionalmente (artículo 72 CE) implica otorgar a los órganos rectores de las cámaras ‘un margen de aplicación en la interpretación de la legalidad parlamentaria que este tribunal no puede desconocer’”, añaden en ese texto. “La adopción de una medida cautelarisima como la que está en discusión supondría una vulneración de dicha autonomía, pues conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno de la Cámara (elegidos por los Diputados) y la mayoría de los Diputados que han votado y aprobado los textos en las distintas fases del procedimiento legislativo”, ahondan.

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