El PP pide suspender la tramitación de la reforma del Código Penal en el Senado
El partido de Alberto Núñez Feijóo alude a que no es necesaria la tramitación urgente de la proposición de ley
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular / Europa Press News
Madrid
El Partido Popular ha reclamado este viernes a la Mesa del Senado suspender la tramitación de la reforma del Código Penal a través de una proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos que deroga el delito de sedición, modifica las penas de malversación y cambia la fórmula de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
Más información
Según ha informado el PP esta tarde, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado se ha dirigido este viernes a la Mesa de la Cámara para solicitar la suspensión de la tramitación de la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo sostiene que supone un "evidente fraude de ley" la tramitación de estos asuntos como proposición de ley y no como proyecto de ley, argumentando que así se trata de "evitar la literalidad" del artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no se recaban los informes pertinentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal, y del Consejo de Estado.
El PP alude a que no es necesaria la tramitación urgente
El principal partido de la oposición argumenta en su escrito a la Mesa del Senado que la citada proposición de ley pretende modificar leyes que por razón de la materia que constituye su objeto deben ser tramitadas como proyecto de ley orgánica. Además, alude a que no es necesaria la tramitación urgente de la proposición de ley, hasta el punto de ver “incomprensible que una reforma tan importante para la salvaguarda de nuestro ordenamiento constitucional sea considerada de tal urgencia que impide su tramitación de conformidad con los plazos ordinarios”.
“Toda decisión que afecte a elementos sustanciales del sistema de protección criminal de nuestro Estado de derecho y ordenamiento constitucional exige un debate y estudio profundo y sustancial, por respeto a todos los grupos parlamentarios y a los sectores implicados”, defiende el PP.