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El Pleno del Congreso debate este miércoles la ley trans

Finalmente solo será necesaria la intervención de un juez para el cambio registral cuando tengan menos de 14 años y más de 12, ya que entre los 14 y 16 años solo se exige la asistencia de los padres o tutores

Concentración para pedir una ley trans estatal.

Madrid

El Pleno del Congreso debatirá este miércoles el proyecto de la ley trans, que reconoce la autodeterminación de género y tiene como objetivo desarrollar y garantizar los derechos de las personas LGTBI, aunque se votará el jueves para que la futura norma continúe su tramitación en el Senado. El proyecto de ley, que llegó a la Cámara Baja el pasado mes de septiembre tras arduas negociaciones entre los dos partidos del Gobierno de coalición, acaba con la exigencia de informes médicos o psicológicos para poder cambiar de sexo en el registro de forma que la voluntad de la personas será el único requisito.

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En el caso de los menores de edad, un asunto que ha enfrentado a PSOE y Unidas Podemos, finalmente solo será necesaria la intervención de un juez para el cambio registral cuando tengan menos de 14 años y más de 12, ya que entre los 14 y 16 años solo se exige la asistencia de los padres o tutores.

Este punto centró toda la atención en la Comisión de Igualdad celebrada hace dos semanas para aprobar el dictamen de la ponencia, después de que el PSOE registrara una enmienda, que no obtuvo los apoyos suficientes, para que los menores de 16 sí tuvieran que necesitar la autorización de un juez para cambiar de sexo en el registro.

Se prohíben las terapias de conversión

La futura ley prohíbe las terapias de conversión, garantiza a lesbianas, bisexuales y a las personas trans con capacidad de gestar el acceso a técnicas de reproducción asistida.

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Además, permite que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.

El proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI contempla una Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans con medidas de acción positiva para este colectivo en diversos ámbitos como el laboral, el educativo o de vivienda. Y despliega un régimen de infracciones por discriminación con sanciones de hasta 150.000 euros para casos muy graves.

Plan de medidas de las empresas

Durante la tramitación parlamentaria en el Congreso se han incluido algunas medidas planteadas por los distintos grupos, como medidas para la igualdad de derechos y oportunidades del colectivo en el medio rural. Entre ellas, se encuentra el estudio del sexilio, entendiendo éste como "el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, dándose especialmente en las zonas rurales".

Y las empresas de más de 50 trabajadores deberán contar, en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley un plan de medidas y recursos para la igualdad real del colectivo con un protocolo de actuación en casos de acoso y violencia.

Además, no se concederán subvenciones, recursos ni fondos públicos de ningún tipo a quien cometa, incite o promocione LGTBIfobia, incluyendo la promoción o realización de terapias de conversión.

El texto que votará el Pleno el jueves también contempla que el Ministerio de Sanidad vele por el abastecimiento de los medicamentos empleados en los tratamientos hormonales para las personas trans y supervisará el suministro.

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