La Fiscalía General de Perú ha comenzado a investigar a la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, y a tres ministros, para determinar su responsabilidad en la muerte de 28 ciudadanos durante las protestas que desde hace semanas recorren el país tras el encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo. La fiscal general del Estado, Patricia Benavides, ha ordenado el inicio de diligencias preliminares contra Boluarte, el actual primer ministro, Alberto Otárola, por ostentar también la cartera de Defensa; el exministro del Interior César Cervantes, y el ex primer ministro Pedro Angulo. De igual forma, las investigaciones se extenderán a los más altos mandos de las fuerzas policiales peruanas. La investigación tiene su origen en las distintas denuncias de la violencia ejercida de las fuerzas de seguridad contra los peruanos que fueron presentadas por varios abogados ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho. Después de que en el aeropuerto de esta localidad perdieran la vida gran parte de los manifestantes que murieron a nivel nacional. Mientras tanto, al menos cuatro policías y diez civiles han resultado heridos después de que decenas de protestantes trataran de tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac, en la ciudad peruana de Juliaca, en el sur del país. El intento de asalto al aeropuerto ha provocado su cierre temporal por motivos de seguridad. Los enfrentamientos entre la turba y la policía que se han registrado en el lugar ha dejado al menos catorce heridos, algunos de ellos por bala y con pronóstico grave. Los manifestantes llegaron a la terminal lanzando piedras otros objetos con la idea de penetrar en la pista de aterrizaje. Un vehículo policial presente en la zona quedó calcinado. Los agentes de seguridad, que se encontraban en el interior del aeropuerto como medida de seguridad, dispersaron a los manifestantes utilizando bombas de gas lacrimógeno. Las movilizaciones continúan reclamando la dimisión de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, el cierre del Congreso así como el adelanto de las elecciones generales a 2023. La propia presidenta peruana, Dina Boluarte, ha mostrado su acuerdo con la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias previas para esclarecer su implicación y la de varios miembros de su Ejecutivo en las muertes acaecidas durante las manifestaciones. La mandataria, antigua vicepresidenta del destituido Castillo, ha anunciado que ofrecerá a los órganos judiciales todas las facilidades que correspondan «para el pronto esclarecimiento de los hechos» ocurridos durante sus primeras semanas como jefa de Estado.