Cronología del golpe de Estado fallido en Brasil: 69 días después, los bolsonaristas pasaron de las calles al epicentro de la democracia

El 8 enero pasará a la historia de Brasil como el día en el que su democracia se vio seriamente amenazada. Miles de manifestantes en favor de Bolsonaro decidieron asaltar el Congreso, el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y el Tribunal Supremo, incitando a los militares a que se levanten en armas y tomen el poder. Los participantes arrasaron con todo lo que encontraron a su paso, e incluso orinaron y defecaron en algunos despachos de diputados del partido de Lula. Tras varias horas en el interior, la policía logró desalojarles, deteniendo a cerca de 1.500 personas.

La imagen recordaba, inevitablemente, al asalto al Capitolio de Estados Unidos que tuvo lugar casi en la misma fecha hace dos años. Además, las similitudes entre ambos sucesos son notablemente llamativas, ya que en ambos casos esta reacción ultra es consecuencia de una deslegitimación de las elecciones -y de la democracia- en las que perdió el hasta entonces presidente, Trump en caso estadounidense y Bolsonaro en el brasileño. Dos políticos que nunca han negado su gran relación y cercanía ideológica.

Como ya sucedió entonces en Washington, los asaltantes a la sede de la soberanía popular de Brasil estaban instigados por un presidente que sembró dudas sobre la legitimidad de las urnas antes de las elecciones, prendiendo una chispa que iba alimentando con declaraciones ambiguas y halagos al "patriotismo".

30 de octubre: Lula gana las elecciones

Consciente de que las encuestas no auguraban un buen resultado para su candidatura, Bolsonaro sembró muchas dudas sobre un posible fraude electoral cinco días antes de celebrarse la primera ronda de los comicios en Brasil, autoproclamándose como víctima de una "persecución política" por parte de la Justicia electoral. Sin embargo, cosechó mejores resultados que los esperados y este mensaje fue desapareciendo de sus mítines de campaña. Cuatro semanas después, Lula y Bolsonaro se enfrentaban cara a cara en la segunda ronda, con dos modelos de país completamente opuestos.

El izquierdista logró una victoria que, a pesar de ser muy ajustada, le devolvía a Lula al poder de forma legítima doce años después. El 50,8% de los brasileños le eligió, frente al 49,1% que prefería al ultraderechista. Sin embargo, Bolsonaro no reconoció la derrota y comenzó a ponerse de perfil con declaraciones tibias que han terminado desembocando, dos meses después, en un intento de golpe de estado.

En primer lugar, no compareció tras finalizarse el recuento electoral, evitando así admitir la victoria de Lula. Al mismo tiempo, su hijo y senador de su formación, el Partido Liberal, tuiteó que "no van a desistir", sin más especificación. Al día siguiente, camioneros en diferentes puntos del país decidieron cortar carreteras bajo el argumento de que ha habido fraude electoral. 48 horas después de las elecciones, Bolsonaro rompe finalmente su atronador silencio para avivar las protestas y alimentar las sospechas. Tachó el proceso electoral de "injusticia" y apoyó a las manifestaciones "pacíficas". Ni rastro de un reconocimiento explícito al presidente entrante, aunque aseguró que cumpliría con la Constitución.

2 de noviembre: primeras concentraciones en cuarteles para pedir una "intervención militar"

La situación en el país cada vez era más complicada debido a las protestas y bloqueos en las carreteras, por lo que el líder ultraderechista decidió publicar un vídeo en el que reconocía estar "molesto y triste" pero pedía "despejar los caminos". Incitaba a manifestarse en las líneas del "juego democrático". Al mismo tiempo, centenares de seguidores suyos se concentraban en las puertas de los cuarteles para exigir una "intervención militar" contra la victoria electoral de Lula.

La consigna en todos los casos fue la misma: "Intervención federal", bajo el artículo 34 de la Constitución nacional, que en uno de sus puntos dice que el Gobierno central puede intervenir, si fuera necesario y por los medios posibles, para garantizar la "forma republicana, el sistema representativo y el régimen democrático". Alegaban que el nuevo presidente llevará a Brasil al "comunismo" e implantará un régimen similar al que viven países como Venezuela o Nicaragua.

Unos días después, el 11 de noviembre, las Fuerzas Armadas de Brasil se pronuncian públicamente por primera vez y muestran su apoyo a las protestas pacíficas. Sin embargo, proclamaron su "compromiso irrestricto con la democracia y la armonía político social". Por tanto, piden que las disputas deben ser resueltas mediante instrumentos del Estado democrático de derecho y rechazan tomar el control del país, como pedían los bolsonaristas.

19 de noviembre: las acampadas de manifestantes comienzan

Dos días después de que Bolsonaro diese a conocer que padece una enfermedad cutánea por la que no puede ponerse pantalones, las protestas de manifestantes comenzaron a asentarse de forma permanente, con acampadas en ciudades de todo el país. Muchos de estos asentamientos se producían a las puertas de los cuarteles militares, insistiéndoles en que asuman el poder.

Unos días después se produjo una de las protestas más llamativas. Un grupo de bolsonaristas de Porto Alegre decidió colocarse el teléfono móvil en la cabeza, para encender el flash y de esta forma pedir ayuda "extraterrestre" para que salve el país, mediante varios gestos con la mano.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Brasil aclaró que Bolsonaro daba paso a la transición gubernamental, que tendría lugar el 1 de enero. Los manifestantes del líder ultraderechista fijaron esta fecha como límite para evitar que Lula se convirtiese en presidente. En este contexto de inestabilidad y con la idea de fraude electoral ganando terreno entre sus votantes, el Partido Liberal presentó una demanda ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) en la cual reclamaba "invalidar" los resultados de las urnas electrónicas de modelos más antiguos, que son más de la mitad, porque las considera "imposibles de auditar".

Apenas dos días más tarde, este organismo rechazó el escrito presentado por el partido de Bolsonaro y decidió multarle con 4 millones de euros por "litigio de mala fe", alegando que el escrito no presenta ningún indicio o evidencia de fraude que justifique la reevaluación de parte de los votos registrados en las urnas y que únicamente sirve para agitar el fantasma de fraude.

25 de diciembre: intento de atentado en Brasilia

Unas horas después de que Lula fuera ratificado por la justicia electoral como presidente electo en una ceremonia protocolaria, el 13 de diciembre, varias decenas de bolsonaristas radicales intentaron entrar a la fuerza en la sede central de la Policía Federal en la capital, Brasilia. Los seguidores de extrema derecha quemaron al menos cinco autobuses y varios coches, pero tras su intento de entrar en sede policial, fueron reprimidos con bombas de gas lacrimógeno y balas de goma.

Posteriormente, el 25 de diciembre, un hombre fue detenido también Brasilia cuando preparaba un atentado con explosivos cerca del aeropuerto. Su objetivo era hacer explotar un camión cargado de combustible mediante una caja con dinamita que había colocado ya debajo del vehículo. Según la policía, "quería causar el caos y llamar la atención hacia ese movimiento en el que están empeñados [en referencia a las protestas bolsonaristas]".

Así, apenas quedaba una semana para la toma de posesión de Lula y la crispación en el país, lejos de decaer tras las elecciones, se había disparado y trasladado a las calles, donde acampaban centenares de ultraderechistas, agolpados en las puertas de los cuarteles militares.

Sin embargo, desde el equipo de Lula no supieron ver la magnitud de la situación. A pesar de que el número de manifestantes en favor de un golpe de Estado había decaído, confiaban en que se desalojase de forma voluntaria, dando a entender que, en algún momento, el movimiento se hundiría por su propio peso: "No serán pequeños grupos extremistas quienes coloquen a la democracia brasileña contra la pared. Cuanto más pactada sea la desmovilización de los campamentos, mejor. Si eso no ocurre, se tomarán medidas", declaró el que iba a ser proclamado ministro de Justicia, Flávio Dino.

Jair Bolsonaro, por su parte, continuaba con su postura ambigua, que daba alas a los golpistas acampados. En su último vídeo desde el Palacio de Alvorada, declaró que el 31 de octubre "se perdió una batalla, pero no la guerra", mientras consideraba "patriotas" a los manifestantes y les felicitaba por su protesta "ordenada y pacífica": "No vamos a creer que el mundo acaba este 1 de enero. Tenemos que respetar nuestra ley y la Constitución. A partir de ahora, toda manifestación [contra el Gobierno de Lula] es bienvenida".

8 de enero: asalto al epicentro de la democracia

Finalmente, la toma de posesión de Lula se saldó sin ningún incidente, pero cuando apenas cumplió una semana como presidente se produjo el intento de golpe de Estado. Las medidas que amenazaban con tomar los seguidores de extrema derecha finalmente fueron una realidad y la democracia brasileña se vio amenazada. El Congreso, el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y el Tribunal Supremo, fueron tomados por miles de radicales que seguían insistiendo a los militares en que la única salida era que tomasen el poder.

Bolsonaro, una vez más, tardó varias horas en reaccionar a lo que estaba sucediendo. Desde Florida, donde se marchó para no acudir a la ceremonia del traspaso de poderes con Lula, tuiteó que "las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla", regresando a la ambigüedad.

Los golpistas no consiguieron su objetivo y muchos de ellos han sido detenidos. Sin embargo, la polarización en Brasil provoca una inestabilidad interna con la que Lula da Silva tendrá que lidiar. Al mismo tiempo, la comunidad internacional le ha dado su respaldo, disipando cualquier tipo de duda sobre su legitimidad.