Silencio estruendoso del presidente de Castilla y León mientras su 'número dos', de Vox, insiste que el plan antiabortos se aplicará de forma "inmediata"

Madrid

Silencio más de 24 horas después. Así es como está esperando de momento el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, que se aplaque la tormenta que ha desatado, dentro y fuera de su comunidad, la decisión de crear un paquete de medidas antiabortistas. Lo anunció el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, este jueves. Se trata de un protocolo de actuación que tiene por objetivo convencer a las mujeres que se plantearan abortar de no hacerlo: entre ellas estaba el apoyo psicológico clínico, las ecografías en 4D, el latido del bebé y mayores garantías de protección de datos en la objeción de conciencia. Según el partido de extrema derecha era un plan consensuado entre ambas partes del Gobierno de coalición, PP y Vox, pero la posición de los populares sobre este tema ha sido confusa en las últimas horas.

Fuentes sanitarias consultadas por la SER señalan que no sería legal obligar a realizar a los sanitarios pruebas extras que no están contempladas en la legislación, y lo anunciado por Vox no figura ni en la actual ley ni en la reforma de Igualdad que está a punto de aprobarse en el Senado. Finalmente, en el nuevo protocolo se instará o recomendará a los sanitarios a que ofrezcan a las embarazadas la escucha del latido fetal y la ecografía 4D.

Tras el anuncio, en el que el vicepresidente (de Vox) hizo un agradecimiento específico hacia el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (del PP), con quien han negociado estas iniciativas y a quien ha visto "muy dispuesto", la Consejería de Sanidad de Castilla y León salió a aclarar que pese al anuncio no cambiará el protocolo que existe actualmente sobre aborto y se mantendrán todos los criterios que ya se aplican en la actualidad.

Y aquí viene una de las primeras contradicciones entre ambos partidos. La Consejería lo descarta, pero desde Vox insisten en que sí se va a aplicar y, además, con "carácter inmediato". "Las medidas pro-vida anunciadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno fueron previamente consensuadas con el consejero de Sanidad, y se aplicarán con carácter inmediato, tal y como figura en la nota de prensa difundida ayer por la Consejería de Sanidad", ha dicho García-Gallardo en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, el presidente de la comunidad guarda silencio.

Sémper no está dispuesto "a tragar" y Feijóo evita responder

También desde el PP nacional se ha desautorizado el anuncio de Vox en Castilla y León. El portavoz del Comité de Campaña del PP, Borja Sémper, ha afirmado este viernes que su partido no está de acuerdo con el anuncio de Vox sobre el aborto y ha advertido de que no están dispuestos "a tragar con cualquier cosa". Lo ha dicho en una entrevista en Antena 3: "No estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa y el PP cuando no esté de acuerdo lo va a decir y va a rectificar las políticas que (...) consideramos que son equivocadas", ha remarcado. Ha añadido que "es perfectamente compatible la política de fomento de la natalidad (que desarrollan) con una política clara de respeto a la libertad de la mujer". "Es absolutamente compatible", ha apostillado.

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El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha eludido responder a la crisis con Vox en Castilla y León al ser preguntado por los periodistas.

Vox: "Todo está negociado"

Sin embargo, la confusión sigue protagonizando el asunto, porque pese a las desautorizaciones del PP nacional desde Vox insisten en que todo está negociado en el seno del gobierno regional y que las medidas se pondrán en marcha "inmediatamente". Así de claro lo ha dicho el vicepresidente de la Junta, García-Gallardo, que tras la polémica generada por su anuncio se ha pasado en moto por la concentración motera Pingüinos 2023 en Valladolid.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, preguntado este viernes por la polémica, ha insistido en las palabras de García-Gallardo. Preguntado por las obligaciones que tendrán los médicos, ha insistido en que "lo resolverá" el vicepresidente de la Junta, porque no quiere "añadir ningún debate más que pueda complicar la buena relación entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León". No obstante, ha recalcado que "lo anunciado por Vox y lo que ha anunciado el Gobierno de Castilla y León no es una obligación: es que se va a dar el derecho a las madres de poder escuchar el latido de la vida que llevan dentro". "Lo que nos sorprende es que haya gente que en un drama como el aborto no quiera dar asistencia y alternativa. Nosotros nos vamos a mantener firmes", ha recalcado.

Consejeros a favor de la medida (para todas las embarazadas)

Para añadir más confusión, el consejero de Sanidad y la consejera de Familia de la Junta, que son del PP, sí se muestran partidarios de apoyar la idea de Vox. Por un lado, Alejandro Vázquez ha asegurado que las relaciones con el vicepresidente, Juan García-Gallardo, son "excelentes" y ha considerado que únicamente existen unas "pequeñas matizaciones" de su departamento sobre las medidas sanitarias antiaborto anunciadas ayer.

Por otro, María Isabel Blanco aseguraba que "se van a ofertar una serie de servicios, como la ecografía en 4D a todas las mujeres embarazadas, y ellas, desde su libertad, elegirán si las quieren utilizar o no". En la misma línea se ha pronunciado el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, que ha asegurado que las medidas anunciadas por el vicepresidente García-Gallardo para luchar contra el aborto irán destinadas a todas las gestantes y no sólo a las que quieran interrumpir el embarazo. Carnero ha insistido en que son servicios de "absoluta voluntariedad" para "embarazadas y profesionales". "Estos servicios son para proteger a las mujeres embarazas y están respetando la ley y los correspondientes protocolos", ha dicho sobre el apoyo psicológico clínico, las ecografías en 4D, el latido del bebé y mayores garantías de protección de datos en la objeción de conciencia.

Dos hospitales para abortar en toda Castilla y León

Ante el anuncio del vicepresidente de la Junta, los socialistas han hecho público un comunicado en el que muestran su "frontal oposición al recorte y a la limitación de los derechos sexuales y reproductivos que puede producirse en Castilla y León". En su opinión, de ponerse en marcha estas medidas, hay riesgo de que "se institucionalice en la sanidad pública de medidas que coaccionarían y limitarían la libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos". Hacen referencia en el comunicado al "acoso que sufren las mujeres en las puertas de las clínicas", y contra el que el PSOE impulsó una reforma del Código Penal. "Las medidas antiabortistas anunciadas por la Junta de Castilla y León tienen como objetivo introducir dentro del sistema de sanitario público el control y el hostigamiento que antes se producía en los alrededores de los centros sanitarios".

Recuerdan los socialistas que "en la actualidad, en Castilla y León solo existen dos hospitales públicos en los que se pueda ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El 97,5% de las mujeres de Castilla y León tiene que interrumpir su embarazo fuera de su ciudad, fuera de su hospital de referencia o en una clínica privada".