La repatriación de los españoles de la yihad a debate

El Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización calcula que entre mil y mil doscientas mujeres europeas se unieron a las filas de grupos yihadistas activos en Siria e Irak entre 2012 y 2019, principalmente al Estado Islámico. Dos de esas mujeres son españolas y acaban de regresar a España desde Siria, repartidas por el Gobierno tras ejecutar una orden de detención internacional dictada por la Audiencia Nacional.

Con ellas, Luna y Yolanda, pudo hablar la ex corresponsal de El País Natalia Sancha en abril del año 2019 en el campo de refugiados de Al Hol. Un mes antes las fuerzas sirias habían proclamado el fin del califato y empezó a salir “un aluvión de 80.000 personas de ese oasis”, recuerda, que se quedaron en el campo. Eso le complicó dar con las españolas en “un ambiente bastante hostil”.

Cuando las encontró, “estaban bastante alteradas”, cuenta Sancha. “Llevaban varios meses siendo arrinconados todo el último reducto de los combatientes de Estado Islámico y sus familias”. En la complicación de la entrevista, en la que buscaba entender por qué esas mujeres decidieron irse a allí, recuerda especialmente tenso el momento en el que les preguntó por los periodistas secuestrados y asesinados por Al Qaeda y el grupo Estado Islámico.

La entrevista a las españolas ha pasado también a ser una prueba judicial. La cita en su auto el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por el descuido de Yolanda al reconocer que ella vivía en una casa que le habían cedido.

Miles de personas en campos de detención

Como Luna y Yolanda, la mayoría de extranjeras que se marcharon en 2014 a construir el sueño territorial del Dáesh acabaron en un antiguo campo de refugiados en Al Hol. Allí siguen unas 55.000 personas, de las que más de la mitad son menores de edad. También hay familias extranjeras en el campo de Al Roj. En el caso de mujeres y niños iraquíes, están en varios campos en torno a la ciudad de Mosul.

Aunque no se les llame así, son campos de detención. Sobre muchas de esas mujeres constan acusaciones de crímenes muy graves. Pero junto a ellas hay otras estigmatizadas. Y, sobre todo, niños y niñas cuya única experiencia en la vida es la del sueño loco de sus mayores con Dáesh y luego estos campos. Las condiciones materiales son atroces, según explican las organizaciones que entran regularmente.

Nadie parece tener especial interés por hacerse cargo de este problema. Pero esas mismas organizaciones advierten: la solución actual es abono para problemas futuros, aunque sea por egoísmo, aunque sea obviando que esos miles de menores son las primeras víctimas de esto.

Okke Bouman, portavoz de Save The Children en Oriente Medio, conoce bien esos campos. Estuvo en Al Hol, en el este de Siria, el pasado diciembre. Allí, dice, se vive entre la violencia, hay asesinatos, y la cobertura de educación para los niños no llega al 40%. “Hay niños que nacieron el campo y sólo conocen el campo”. Además, las tiendas en las que viven, en pleno invierno, dejan condiciones difíciles, con riesgo de incendios. A eso se suma que hay perros callejeros sueltos por el campamento que pueden atacar y ya ha ocurrido que muerdan a algún niño.

Los niños arrastran experiencias traumáticas. Uno de los niños con los que habló el trabajador humanitario les contaba que envidiaba a su amigo huérfano por haber sido repatriado a su país de origen. Le habían comprado ropa nueva y estaba caminando en un parque. Viendo su fotografía dijo que quería ser huérfano también para poder ir a su país y comenzar una vida nueva.

Estos campamentos, ideados como centros temporales, llevan ya casi cuatro años funcionando. En Al Hol quedan todavía unos 16.000 niños iraquíes, más de 12.000 sirios y unos 7.000 de otras nacionalidades, según las estimaciones de la ONG que esperan “una oportunidad para comenzar a vivir una vida más o menos normal”.

El riesgo de las repatriaciones

La repatriación de las mujeres españolas esposas de combatientes y los menores, se conforma como un riesgo. “Yo lo describiría como una bomba de relojería que hay que desmontar de manera quirúrgica y muy especializada, en particular, todo lo que tiene que ver con los menores”, reconoce Chema Gil, codirector del Observatorio de Seguridad Internacional.

Aunque el derecho obliga a atender a los nacionales que están en esas situaciones, el experto insiste en que “no podemos obviar la realidad, y es que estas mujeres, cuando se fueron, eran conscientes perfectamente de que era el terrorismo yihadista. Saben perfectamente que sus maridos iban a hacer la yihad”. Con su conducta, insiste, ellas “legitimaron la marcha de sus maridos, a practicar el terrorismo de la forma más cruel y más vil que hemos conocido en los últimos tiempos”.

Eso sí, los menores “son sujetos de especial derecho de protección y no pueden ir automáticamente a manos de sus abuelos, entre otras cosas porque ni los conocen. Y lo primero que tiene que hacer la administración es intervenir sobre ellos con las exploraciones adecuadas, de tal manera que pueda determinarse qué afecciones pueden tener a nivel psicológico u otros niveles”, explica.

En un principio, los países europeos fueron muy reticentes a iniciar procesos activos de repatriación de sus nacionales desde Oriente Medio hacia Europa, pero en el último año esto ha cambiado. En opinión de Carola García Calvo, investigadora del programa sobre Radicalización y Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, se debe a que, pese a la comprometida situación de seguridad en la zona, “la salubridad y habitabilidad de los campos estaba cada vez más deteriorada y había una gran presión internacional”. Además de las cuestiones éticas y del derecho internacional.

El dilema por los riesgos que supone traer a estas mujeres de vuelta ha sido debatido en los últimos años y la investigadora asegura que es cada vez mayor el consenso de que es más arriesgado dejar a estas mujeres en la zona de conflicto que repatriarlas. Principalmente “porque aquí tenemos la posibilidad de trabajar con ellas en su rehabilitación y resocialización”.

Para España, el proceso de repatriación presentaba el escollo de “la necesidad de conocer qué han hecho estas mujeres durante los años que han permanecido en la zona de conflicto y conseguir la evidencia probatoria que pudiera ser judicializada en nuestro país”. El ministerio de Exteriores evaluó sobre el terreno a las dos mujeres españolas repatriadas para “hacer una respuesta a medida de cada una de ellas”, cuenta García Calvo. Por eso es importante conocer sus motivaciones y experiencias allí.

Las dos mujeres han entrado en prisión, pero tanto si permanecen ahí como si no, el reto es trabajar para su correcta resocialización. Y en esto, señala la investigadora, “tenemos experiencia” y la ventaja con respecto a países de nuestro entorno europeo, como Francia, Alemania o Bélgica, de que solo son dos mujeres.

El caso de los menores se aborda de otra forma y teniendo en cuenta que son víctimas que no eligieron nacer en el califato. Han pasado a disposición de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid y un equipo multidisciplinar tendrá que trabajar con ellos facilitando que entren dentro del sistema educativo y que tengan un proyecto.