Igualdad se abre a negociar una reforma de la ley del 'solo sí es sí' y está dispuesta a subir las penas sin modificar el consentimiento

Madrid

El Ministerio de Igualdad ha asegurado que está dispuesto a negociar una reforma de la ley del 'solo sí es sí' después del choque con los socialistas del Gobierno, quienes han anunciado este lunes que van a presentar una proposición de ley para cambiar la norma. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha declarado que están dispuestos a hacer "retoques penales" en las penas mínimas, para lo que la Justicia propone volver a las penas anteriores, es decir, volver a subirlas.

No obstante, insisten en que no tocarán el modelo basado en el consentimiento recogido en la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', y que la víctima tenga que demostrar que se resistió ante el violador. "Hemos presentado propuestas, no puedo detallar, pero sí que tenían que ver tanto con la vigencia del derecho transitorio, con su posible ubicación en el título preliminar, como con algún retoque en las penas mínimas que es a las que están huyendo estas sentencias que insistimos en que son una minoría", ha explicado Rosell.

En concreto, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, ha asegurado que desde Igualdad han estado trabajando "sin descanso" desde el pasado mes de diciembre y han presentado al PSOE hasta tres propuestas de reforma en materia penal que, a su juicio, "van a dar menos margen interpretativo a los operadores jurídicos a futuro" y "pueden ayudar a aliviar la situación de preocupación social". Así, ha asegurado que desde Igualdad van a hacer "todo lo posible por llegar a un acuerdo" pero no van a aceptar "ninguna propuesta que ponga en juego el modelo de consentimiento".

Así, desde Unidas Podemos esperan llegar a un acuerdo con el PSOE para salvar el Gobierno de coalición, pero siempre y cuando no se toque el consentimiento de la ley del 'solo sí es sí'.

Roces en el Gobierno por la reforma de la ley

El Gobierno planteó este sábado la posibilidad de modificar la ley para "resolver a futuro los problemas detectados" en la aplicación de la norma, en alusión a las excarcelaciones de agresores sexuales y la rebaja de condena de muchos de ellos. Desde Podemos, aseguraron que no había ningún acuerdo para modificar la ley y la ministra de Igualdad, Irene Montero, evitó pronunciarse al respecto. Lo único en lo que insistió es en la aplicación de la norma, asegurando que "una minoría de jueces ha decidido bajar penas y no aplicar de forma correcta ni la ley ni el derecho transitorio".

En este sentido, el Ministerio de Igualdad ha planteado este lunes un plan de diez medidas para proteger a las víctimas de violencia sexual, entre ellas doblar los juzgados exclusivos y reforzar la fiscalía de violencia sobre la mujer, garantizar la asistencia jurídica gratuitas a las víctimas o crear un servicio de atención psicológica especializada.

Desde el Gobierno, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha rechazado este plan y ha confirmado "retoques" centrados exclusivamente en la interpretación jurídica de la norma. "Cualquier recurso adicional es bienvenido, pero en este caso de lo que estamos hablando es de que en la aplicación se ha producido una interpretación distinta de las penas que estaba permitiendo en algunos casos su revisión a la baja", ha dicho Rodríguez en RNE.

Justicia propone recuperar las anteriores penas en los casos más graves

Además, el Ministerio de Justicia ha propuesto recuperar las penas del anterior código penal para evitar las rebajas a violadores en los casos más graves. El documento del departamento que dirige Pilar Llop, al que ha tenido acceso la Cadena SER, reclama volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración. En los supuestos en que haya agravantes también pide volver a las penas anteriores de entre 5 y 10 años cuando no haya penetración y de entre 12 y 15 cuando sí la haya.

La propuesta es extensible a los casos en los que la víctima sea menor. El propio texto reconoce que persigue "sancionar en los mismos términos que venían siendo castigados antes" las agresiones sexuales en las que medie violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. De esta forma, añade, se copia para los mayores de edad el mismo modelo que la ley ya prevé en los casos de menores de 16 años.