Putin autorizó el envío de los misiles que derribaron un avión comercial en 2014, donde murieron 298 personas

La Haya

El presidente de Rusia, Vladmir Putin, autorizó personalmente la entrega de sistemas de defensa aérea a los separatistas ucranianos, incluido el sistema de misiles Buk que derribó el vuelo MH17 en 2014 en el este de Ucrania, pero su inmunidad impide demandarle judicialmente por el asesinato de 298 personas en esa tragedia.

Estas son las conclusiones presentadas este miércoles por el JIT, el equipo conjunto de investigadores de Países Bajos, Australia, Bélgica, Malasia y Ucrania que llevan casi nueve años buscando pesquisas que permitan llevar ante la justicia a los responsables del derribo del avión de Malaysia Airlines el 17 de julio de 2014 desde un campo agrícola cerca de Pervomaiskyi, en Ucrania.

"Hay fuertes indicios de que la decisión sobre la provisión del sistema de misiles Buk a los separatistas de la autoproclamada R.P. de Donetsk (RPD) ha sido tomada por el presidente en Rusia", anunció el JIT en una rueda de prensa en La Haya.

Sin embargo, aunque se ha encontrado "mucha información nueva sobre varias personas involucradas, las pruebas no son lo suficientemente concretas como para iniciar nuevos procesamientos", Moscú se niega a cooperar, los testigos temen por su vida, y el propio Putin cuenta con inmunidad presidencial, recordó David McLean, de la policía federal australiana.

El pasado noviembre, un tribunal neerlandés sentenció a "cadena perpetua" a dos ciudadanos rusos, Igor Girkin y Sergey Dubinsky, y al ucraniano Leonid Kharchenko, por el asesinato de las 298 personas que iban a bordo del MH17, aunque ninguno de ellos está acusado de haber tomado la decisión última de derribar el avión comercial.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Los líderes de las zonas ocupadas, colaboradores del Kremlin

El JIT también estableció, a través de conversaciones interceptadas, que el misil procedía de la brigada 53 de Kursk, ciudad rusa cercana a la frontera ucraniana y desde la que se enviaron tres convoyes con vehículos y personal militar a Ucrania en junio y julio de 2014.

"El JIT llegó a tres oficiales de la brigada 53 como miembros o supervisores de la tripulación. Su participación en el derribo del MH17 no está confirmada por otras fuentes, por eso el JIT no revela sus nombres. Las autoridades rusas no responden preguntas sobre la tripulación, diciendo que no había ningún sistema Buk ruso presente en el este de Ucrania", añade.

El tribunal neerlandés concluyó en noviembre que Rusia "participó en los combates e incluso tenía el control general de la RPD en julio de 2014" y las investigaciones muestran que "los líderes de la RPD parecen estar en estrecho contacto con asesores del Kremlin y los servicios de inteligencia rusos".

"Después de que los separatistas solicitaran armas antiaéreas de mayor alcance, su solicitud se discutió en la Administración Presidencial en Moscú en la segunda quincena de junio de 2014. Ese es un organismo estatal que asesora al presidente. Después, se presentó la solicitud al secretario de Defensa y al presidente. Se tomó una decisión positiva", resume el JIT.

"Solo hay uno que puede tomar la decisión"

Funcionarios rusos afirman en las conversaciones que "solo hay uno que puede tomar esta decisión (…), la persona que está en una cumbre en Francia en ese momento", en referencia a Putin, que estaba el 5 y 6 de junio en la conmemoración del Día D en Francia, y "hay información concreta de que se ha presentado la petición" al presidente, y este "ha tomado una decisión positiva" al respecto.

Se desconoce si la solicitud menciona explícitamente un sistema Buk, pero unos días después se han entregado los sistemas pesados de defensa área que incluían el lanzamisiles que derribó el MH17, por eso se habla de "fuertes indicios", aunque "no se alcanza el alto nivel de prueba completa y concluyente" y Putin tiene "inmunidad como jefe de estado".

El JIT ha decidido así suspender la investigación temporalmente, pero no cierra el caso y deja abierta la línea de comunicación con testigos de lo ocurrido, con esperanzas de iniciar una demanda judicial en el futuro contra los responsables del derribo.

"Hemos empezado esto hace ocho años y medio sin pensar que llegaríamos tan lejos. Lo hicimos para encontrar la verdad: qué ha pasado, por qué, y quién es responsable, sobre todo por las familias (…) En nuestro trabajo, sabemos que hay inmunidades, pero la potencia de la investigación es que sigamos adelante, paso a paso, y si el mundo cambia, podríamos tener opciones de nuevo", subrayó Digna van Boetzelaer, fiscal general adjunta de Países Bajos.

Desde la Policía Nacional de Países Bajos, Andy Kraag añadió: "Ahora mismo hemos alcanzado nuestros límites" y "las siguientes respuestas están en Rusia, y mientras no haya cooperación rusa, esas preguntas seguirán ahí".