El Constitucional rechaza el recurso del PP a la ley del aborto

La mayoría progresista del pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este jueves desestimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP a la ley de plazos del aborto de 2010, al retirar su apoyo a la ponencia elaborada por el magistrado Enrique Arnaldo que, como los recurrentes, cuestionaba la legitimidad de uno de los preceptos de la ley y dejaba “vías abiertas” a recursos futuros en su texto, tal y como ha avanzado la Cadena SER. El magistrado Enrique Arnaldo, al comprobar la falta de respaldo del pleno a su ponencia, ha declinado de forma voluntaria la redacción de la nueva sentencia que ahora ha recaído por orden del presidente, Cándido Conde-Pumpido, en la vicepresidenta del plenario, Inmaculada Montalbán. Esta magistrada tendrá que redactar su texto para ser elevado al pleno para su aprobación en el plazo de un mes, según fuentes del Tribunal de Garantías. El líder del PP, cuyo partido recurrió ante el TC la ley del aborto, este jueves decía tras conocer la decisión del alto tribunal que la ley es «correcta en términos generales». Alberto Núñez Feijóo explica hoy que que la ley es «constitucional» y que la decisión del Constitucional merece su «respeto» pese a que hay «aledaños» con los que no está de acuerdo. «En relación con la ley de plazos nos parece que es una ley correcta en la España actual». El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha recordado que fue el PP quien llegó la ley de Zapatero al Constitucional: «Es el PP de Feijóo el que se opone a todos y cada uno de los avances en igualdad». Será la cuarta ponente del recurso tras la exmagistrada progresista Elisa Pérez Vera, el exmagistrado conservador Andrés Ollero y el propio Arnaldo. Trece años y cuatro presidentes por el camino, el recurso se encamina ahora sí a su resolución definitiva. La ponencia de Arnaldo respaldaba la ley de plazos de 2010. Solo veía inconstitucional una cuestión, el artículo que regula la información que reciben previamente las mujeres al considerar que no está debidamente informada. Y proponía delimitar la interpretación de dos conceptos: que la objeción de conciencia no sea solo a los sanitarios implicados en la intervención sino también a quienes participan antes y la referencia a la salud social para justificar el aborto eugenésico. La Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo estableció el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto. El recurso del PP consideraba inconstitucional la llamada «ley de plazos» de 2010 frente a la «ley de supuestos» de 1985, es decir, pretende ilegalizar el aborto salvo en los tres casos que recogía la norma de hace 38 años: supuesto de violación; hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones del feto; y sin límite en el caso de peligro para la salud física y mental de la madre.

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El pleno desestima por mayoría la inconstitucionalidad de la ley de plazos de Zapatero y designa a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, para que redacte la nueva ponencia en un mes

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