"¿Quién cojones paga la alimentación de mis hijos?": las consecuencias de la huelga de letrados en España

Una madre separada, con dos niños, a quien su exmarido no le pasa desde hace tiempo la pensión alimenticia. La justicia intervino para embargar sus cuentas pero la huelga indefinida de letrados de la administración de justicia que comenzó el 24 de enero mantiene bloqueado el dinero. «¿Y mi derecho a ese dinero para alimentar a mis hijos? ¿Quién cojones paga la alimentación de mis hijos? Me dicen que hay huelga y que como hay huelga no le podemos dar ese dinero», asegura con visible enfado. No quiere revelar su nombre para evitar problemas en el juzgado pero su caso es el de cientos de miles de españoles afectados por esta protesta en toda España. Los letrados de la administración de justicia son funcionarios públicos que dependen directamente del Ministerio de Justicia. Son los anteriormente conocidos como secretarios judiciales. Son 4.440 en toda España, según datos del Gobierno, pero su huelga tiene una onda expansiva monumental porque los letrados tienen la llave de cualquier proceso judicial. De ahí que, en tres semanas, se hayan suspendido más de 100.000 juicios en toda España, se hayan paralizado cientos de miles de expedientes y procedimientos judiciales y se hayan bloqueado unos 500 millones de euros, según los letrados, que están en cuentas de los juzgados. También son los responsables de toda la documentación, así que su firma se necesita para pagar pensiones alimenticias, indemnizaciones laborales, llevar a cabo un registro policial o una boda, por poner algunos ejemplos. Su impacto es en toda la la escala judicial, desde el Tribunal Supremo hasta los juzgados de instrucción. La SER, a través de su red de emisoras, ha intentado recabar datos del impacto de esta protesta en todas las Comunidades Autónomas. La respuesta no es homogénea porque hay Tribunales Superiores de Justicia que están ofreciendo información y otros que no y los únicos datos disponibles son los que ofrecen los propios letrados, que son difíciles de contrastar. También hay comunidades en las que no se distinguen los juicios o vistas suspendidos del resto de procedimientos judiciales afectados y resulta imposible sacar la foto exacta. Pero, según los datos que hemos podido recabar, estamos hablando de unos 100.000 juicios o vistas suspendidos en tres semanas, aunque los letrados elevan esa cifra a 134.000. Andalucía, Madrid y Cataluña, las comunidades más pobladas, son las que más juicios están teniendo que suspender. Los letrados dicen que se han suspendido unos 20.000 juicios en Andalucía, 18.000 en Madrid y 10.000 en Cataluña. La jueza Natalia Velilla, que trabaja en un juzgado de Familia y Menores del municipio madrileño de Móstoles, ha tenido que suspender 20 juicios en solo tres semanas. «No tengo sentencias que dictar porque no he tenido juicios. Estoy prácticamente mano sobre mano», sostiene. De hecho, son muchos los ciudadanos que han visto cómo su juicio se suspendía pero no se han enterado hasta que han llegado al juzgado. La protesta de los letrados también mantiene paralizados cientos de miles de procedimientos judiciales y expedientes. Se están atendiendo con carácter prioritario las causas con preso por razones obvias... pero casi todo lo demás está sufriendo suspensiones o retrasos. Hay alguna comunidad -como la Valenciana- donde reconocen que la huelga ha obligado a retrasar asuntos en los juzgados de lo Social hasta 2025 y en las salas de lo penal hasta finales de 2024. Sólo en Madrid, por ejemplo, hay unas 18.000 demandas sin repartir y en Cataluña 720.000 expedientes paralizados, según los letrados. Estas cifras varían día a día porque cada jornada de huelga son miles de procedimientos que no se hacen. La huelga también está provocando que se bloqueen unos 500 millones de euros en toda España. Por poner algunos ejemplos, hay 35 millones parados en Canarias, 30 en Castilla y León, 28 en Galicia u once en Aragón y Extremadura. ¿Qué dinero es? Es el depositado en cuentas de los juzgados y que se utiliza desde para consignar avales o fianzas o ejecuciones hipotecarias, hasta para pagar indemnizaciones laborales por despido o pensiones alimenticias, por poner algunos ejemplos. Los letrados de la administración de justicia exigen al Gobierno que cumpla los compromisos que adquirió el año pasado y que pasan por incluirles en el sistema retributivo de jueces y fiscales. Exigen llegar al 85% del salario de sus compañeros de carrera judicial. El Ministerio responde que ha sido este Gobierno el que, por primera vez en 14 años, ha atendido casi todas sus demandas y que se les subió el sueldo casi un 15% el año pasado. En declaraciones a la SER, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha asegurado que «los letrados de la administración de justicia cobran entre 39.000 y 60.000 sin tener en cuenta productividad u otros complementos, se les subió el sueldo casi un 15% -que ya están cobrando por cierto- y aún así quieren más». El Ministerio ha citado a los letrados a negociar el próximo jueves. Ambas partes aseguran ir a esa cita con espíritu constructivo que ponga fin a una protesta que tiene patas arriba todos los juzgados de este país.