“Es escandaloso que la comunidad internacional no esté hablando de Tigray”

El solo hecho de ser africano hace que el conflicto de Tigray reciba menos atención que otros conflictos más cercanos a Europa. Pero la investigadora de Amnistía Internacional Donatella Rovera apunta también al bloqueo total de la comunicación que ha impuesto el Gobierno etíope.

Esta región del norte de Etiopía está en guerra desde hace dos años con un balance de 600.000 muertos entre una población de unos cinco millones de personas, y dos millones de desplazados. Sin embargo, apenas ha recibido unas pocas visitas controladas de periodistas e investigadores de derechos humanos.

“Incluso a la ayuda humanitaria el gobierno le impuso restricciones muy fuertes”, añade Rovera. Y durante esos dos años no ha habido Internet ni teléfono para la población. Por este motivo, asegura, murieron cientos de miles de civiles, “no solo por los ataques militares, sino por la falta de comida y medicinas” consecuencia del apagón informativo.

Para la investigadora es “escandaloso” que la comunidad internacional no esté hablando de este conflicto, que en términos de porcentaje de víctimas respecto a la población de la región es el más grave del mundo. Ni tampoco haciendo los esfuerzos necesarios para que llegue la ayuda humanitaria y que los responsables rindan cuentas de sus crímenes contra la humanidad.

Si la situación humanitaria en la zona ya era difícil antes de la guerra, con una población “sin reservas”, ahora con las fuertes restricciones al ingreso de la ayuda humanitaria “el Gobierno etíope ha condenado a morir a cientos de miles de personas”. Además de la falta de alimentos, los hospitales no tenían antibióticos y otras medicinas básicas. “Mucha gente murió de enfermedades que hubieran sido curadas muy fácilmente”.

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El conflicto empezó al inicio de noviembre del 2020 entre el gobierno central de Etiopia y la autoridad regional de la región de Tigray. Se disputan todo el oeste de la región y, como consecuencia, “la mayoría de la población ha sido expulsada. Sus casas están ocupadas por miembros de otras etnias y las milicias siguen presentes”, explica la investigadora. Enemigos históricos de las autoridades de Tigray, las Fuerzas Armadas de del país vecino de Eritrea también están presentes.

Esta, dice Rovera, “es una de las situaciones más graves en las que ha trabajado”. Además, subraya que la violencia sexual hacia las mujeres ha sido utilizada como arma de guerra por parte de los combatientes. Ha visto mujeres y niñas secuestradas y violadas por grupos de hasta veinte hombres.

Gracias al alto el fuego desde noviembre, está empezando a restablecerse el flujo de entrada de ayuda humanitaria y se abren posibilidades de abordar la crisis. Pero Amnistía Internacional exige ahora al Gobierno que permita a los investigadores entrar a hacer su trabajo libremente. Insiste en que no debe ocurrir que el alto el fuego eclipse la necesidad de justicia y de acabar con la impunidad.