El Gobierno vasco y varias asociaciones piden garantías para el periodista Pablo González cuando se cumple un año de su detención

Vitoria

El Gobierno Vasco y el Parlamento autonómico -sin el apoyo de PP ni Vox- han pedido un procedimiento judicial justo y que se garanticen todos los derechos como ciudadano de la Unión Europea al periodista Pablo González, cuando se cumple un año desde su detención.

Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) han pedido al Gobierno polaco que retire los cargos contra él y lo libere de inmediato, mientras que Reporteros sin Fronteras (RSF) ha criticado que se le deniegue la libertad provisional y ha reclamado una mejora en sus condiciones de detención.

Este periodista residente en Gernika fue arrestado la noche del 27 al 28 de febrero de 2022 en la frontera polaco-ucraniana cuando cubría la invasión rusa de Ucrania por los servicios secretos de Polonia, que lo acusa de hacer trabajos de espionaje para Rusia, por lo que podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel. Su detención inicial de tres meses se ha ido prorrogando y el pasado 15 de febrero el Tribunal Regional de Przemysl mantuvo su prisión provisional hasta el 24 de mayo.

Todos menos PP y Vox piden garantías para el periodista

Con motivo del aniversario de su arresto, el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha exigido que se garanticen todos sus derechos como ciudadano de la UE. Así ha pedido que se respete su derecho a la presunción de inocencia "mientras no se demuestre lo contrario, y su derecho a un juicio justo y a un trato que esté de acuerdo con los estándares que la Justicia tiene establecidos en la UE".

Ha recordado que desde que el Ejecutivo autonómico tuvo conocimiento de la detención y envío a prisión de Pablo González ha mantenido un "contacto permanente" con el Gobierno de España y con el consulado "para tener información precisa de la situación" del informador.

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Por su parte, todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo el PP y Vox, han pedido al Gobierno español que haga las gestiones oportunas para que González pueda tener un procedimiento judicial con todas las garantías. Así, los grupos parlamentarios de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos han firmado una declaración en la que consideran "injusta" la última prórroga de su prisión provisiona, que se adoptó "sin dar explicaciones ni justificaciones".

"El Parlamento Vasco no comparte la decisión del tribunal polaco e insta a instituciones y estamentos vascos, así como al Gobierno del Estado a reivindicar ante las autoridades polacas que se respeten los derechos de Pablo González", señala el texto.

Además, los partidos firmantes expresan además su "preocupación" por la "prolongación y uso desproporcionado de la prisión provisional incumpliendo así lo establecido en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea". "La detención y encarcelamiento de Pablo González es una mala noticia para la libertad de prensa e información", que es "una de las garantías básicas para una sociedad libre y democrática", añade el documento respaldado por 68 de los 75 parlamentarios vascos.

Desde el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban (PNV), ha considerado "inaudito que habiendo discurrido un año no haya sido puesto a disposición judicial y no se haya resuelto su caso", mientras que Jon Iñarritu (EH Bildu) ha denunciado un "sinsentido" que supone que González lleve en aislamiento todo este tiempo.

"Es un ataque a la libertad de prensa"

Sobre la situación del informador se han pronunciado en un comunicado conjunto la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas: "Es inaceptable que un Estado miembro de la Unión Europea detenga a un periodista de una forma tan arbitraria. Es un ataque a la libertad de prensa y a la democracia".

Estas dos federaciones de periodistas han recordado que la defensa de González ha recurrido las cuatro decisiones del tribunal de prolongar la detención preventiva y que, hasta el día de hoy, no hay fecha de juicio a la vista, ni se han hecho públicas pruebas contra él.

Han criticado además que el informador está en el sistema penitenciario para los presos peligrosos, a pesar de que ya no está considerado como tal, con lo que permanece aislado 23 horas al día, así como que la familia ha denunciado falta de transparencia sobre el caso y que la comunicación con él es muy limitada.

También Reporteros sin Fronteras ha denunciado que se le considere un preso peligroso, con lo que está sometido a "condiciones particularmente difíciles", como tener que ir esposado cuando sale de su celda, estar vigilado por cámaras las 24 horas del día o tener que desnudarse varias veces al día para ser sometido a cacheos.

Además, su mujer, Oihana Goiriena, sólo lo pudo visitar a finales de noviembre, nueve meses después de su arresto, y también se le negó consultar durante meses con un dermatólogo por un problema en la piel, ha censurado esta asociación. Estos pronunciamientos se suman al expresado ayer por Amnistía Internacional, que reclamó el cese del régimen de aislamiento de Pablo González y su puesta en libertad.