Minería en aguas profundas, un tesoro a un alto precio

Por primera vez en la historia, 193 países se han puesto de acuerdo para poder proteger el 30% de las aguas marinas internacionales antes del 2030. La ONU aprobó el pasado sábado 4 de marzo el primer Tratado Internacional para la Protección de los Océanos. Además, este es el primer tratado de la ONU sobre los océanos que exige medidas para reducir el vertido de los miles de toneladas de residuos de plástico que cada año se tiran al mar.

Un acuerdo largamente negociado y necesario por la enorme riqueza que está en peligro por la acción del ser humano. Sin embargo, a partir de ahora viene lo más difícil, como explica Pilar Marcos, portavoz de océanos de Greenpeace, que ha estado en las negociaciones de este tratado en Nueva York: “Es un texto de mínimos. Es un texto que hay que trabajar mucho las futuras conferencias de las partes para que de verdad se proteja la biodiversidad marina y todas esas personas que dependen de los océanos sanos”.

Antes, todos los Estados tienen que ratificar este nuevo Tratado en sus propios parlamentos. Y, además, los Gobiernos tienen que decidir qué grandes áreas marinas se van a proteger. Y aquí habrá importantes enfrentamientos con el sector pesquero a escala mundial.

Además, entran en juego importantes intereses económicos. Los fondos marinos son ricos en minerales imprescindibles para la tecnología y para la llamada revolución verde: hierro, cobre, níquel, cobalto, plomo, en incluso litio, el metal clave para el desarrollo de las baterías.

Pero el precio es muy elevado. Según el científico oceanógrafo Carlos Duarte, “hemos perdido el 90% del stock de grandes animales marinos, incluidos atunes, ballenas y tiburones. Y a esa enorme pérdida, ahora se añaden los riesgos que conlleva la actividad posible de minería del fondo marino”.

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Oficialmente se han concedido 30 proyectos de minería en aguas profundas, principalmente en el Pacífico y en el Índico. Representan ya una de las principales amenazas para el futuro de los océanos. La bióloga de Greenpeace Celia Ojeda explica que en zonas en las que hay minerales que persigue la industria, como la plata, el oro, el cobre, el manganeso, el cobalto y el zinc, “ya varias empresas han expresado su interés, de hecho, algunas han empezado a hacer unas perforaciones de prueba, para las que tienen permiso de dos años, para ver si les es económicamente rentable seguir extrayendo esos minerales de estas zonas del océano”.

La degradación del medio marino de los últimos años ya se aprecia “en el ruido de motores de barcos que sentimos quienes buceamos”, describe Duarte. “Es una presión constante sobre todos los animales marinos, que es testigo de nuestra actividad a escala global en el océano, con lo que tenemos que no solamente disminuir la contaminación química, sino también la contaminación acústica de los de los océanos”, subraya.

Los riesgos de la extracción

Sobre el Tratado, no se muestra muy optimista. Cree que se ha avanzado poco en dos puntos clave como son la moratoria sobre minería marina y la distribución de los beneficios derivados del uso de los recursos marinos genéticos. Mientras que la minería en tierra tiene un mandato de restaurar las zonas afectadas cuando concluye el trabajo, todavía no tenemos un sistema sostenible de minería en los océanos ni la capacidad de restauración de ecosistemas del océano profundo, advierte el científico.

En cuanto a los recursos genéticos del de la biodiversidad del océano, se trata de aquellas moléculas complejas con aplicaciones en farmacia o alimentación, o de los genes de organismos marinos que codifican por proteínas y enzimas que tienen aplicación en distintos sectores, como el farmacéutico.

Estos recursos marinos tienen un valor millonario, y Carlos Duarte denuncia que todavía no se ha establecido un mecanismo equitativo de distribución de los beneficios de estos genes. Solo “diez países poseen el 97% de todas las patentes de genes de origen marino”, uno de los cuales, Suiza, no tiene aguas territoriales. “Los países más avanzados tecnológicamente son los que tienen la capacidad de obtenerlos, modificarlos y patentarlos, y 160 países no tienen absolutamente ninguna patente válida ni la capacidad de hacerlo”.

Por eso el oceanógrafo pide una moratoria de la actividad de esta minería hasta que se puedan evaluar y mitigar los impactos. La organización ecologista Greenpeace, por su parte, vigila a las industrias que quieren explotar los fondos marinos por su riqueza en minerales y ha evaluado los daños de la minería intensiva.

Su portavoz Celia Ojeda explica que la principal contaminación que provocan estas industrias extractoras son daños ambientales a los ecosistemas y especies marinas como los cetáceos, por los ruidos que hace. Los daños los causan las perforaciones y el impacto que tienen sobre el suelo marino, la cantidad de sedimento que levantan y que enturbia el agua. A esto se suma una liberación de grandes cantidades de CO2 al perforar y levantar minerales fijados en lugares profundos donde ya está absorbido y fijado el CO2.